El próximo lunes 14 de abril del 2025 continuará la audiencia de aceptación de cargos de María Fernanda Bonilla, quien es la principal sospechosa de participar en la muerte de Melisa Palacios, en Zacapa.

En enero de 2022, una vez detenida por el caso, desde el interior de un centro de detención, Bonilla realizó una transmisión en redes sociales utilizando un teléfono celular.

Este hecho originó una nueva investigación en su contra, y posteriormente fue ligada a proceso penal por el delito de uso ilegal de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad.

En la audiencia del lunes 7 de abril del 2025, Bonilla, por medio de su defensa, solicitó apegarse al procedimiento especial de aceptación de cargos, lo que le permitirá obtener una reducción de la pena y evitar un juicio prolongado.

El juez a cargo en Zacapa dio inicio a la audiencia, pero esta tuvo que ser reprogramada debido a que la defensa de Bonilla solicitó la presencia de un abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN). La institución debe participar para determinar el pago por reparación digna que corresponde tras una sentencia.

Cuando Bonilla hizo la transmisión desde un teléfono móvil, habló acerca del proceso legal y de los hechos relacionados con el crimen contra Melisa Palacios.

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La Fiscalía de Distrito de Zacapa solicitará una sanción conforme a lo establecido en el Código Penal, pero será el juez quien determine finalmente la pena que se le impondrá.

Según el artículo 26 de la Ley contra el Crimen Organizado, el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro de centros de privación de libertad es un delito sancionado con penas de prisión de seis a diez años.

No obstante, al acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, Bonilla podría beneficiarse con la pena mínima.

Además del caso por uso de celular en prisión, María Fernanda Bonilla enfrenta otro proceso penal en curso por su presunta participación en la muerte de Melisa Palacios, ocurrida en agosto de 2021 en Zacapa.

Aunque fue capturada en agoste de ese mismo año como principal sospechosa, este caso permanece estancado, ya que no ha avanzado a la etapa de juicio debido a dilaciones procesales, salida de jueces y recusaciones, a la espera de determinarse si será trasladado a un Tribunal de Mayor Riesgo en la capital de Guatemala.

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