Cuando la voz de una niña no es escuchada por una sociedad, la justicia puede hablar por ella. Es el caso de Fátima, quien “tenía 14 años cuando quedó embarazada tras ser violada por un exdirector de una guardería pública a la que asistía de niña. Las violaciones ocurrieron después de que ella dejara la institución. Su agresor había mantenido contacto con la familia (…) y se había ganado su confianza, brindándole apoyo económico. Cuando su madre se enteró de los abusos, los denunció y luego fue sobornada y amenazada por el agresor, por la esposa del agresor y por otros integrantes de la familia del agresor.

A pesar de nueve años de procedimientos penales durante los cuales el agresor ejerció presión constante sobre Fátima y su familia para que retiraran la denuncia, este logró evadir la justicia. Guatemala no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado. Desde entonces, Fátima ha sido estigmatizada como una niña que inició su vida sexual a temprana edad”. La hermana mayor también había sido violada por el mismo hombre, pero no se había atrevido a hablar. Si hubiera hablado, Fátima no habría sido víctima. Al no obtener justicia y reparación en Guatemala, Fátima llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada e impunidad sistemática frente a la violencia sexual. Según el Osar, solo de enero a mayo 880 niñas entre 10 y 14 años quedaron embarazadas, lo cual significa 6 diarias; si sumamos a las adolescentes entre 15 y 18 años, el número crece a más de 18.000, un promedio diario de 117. Solo el 1% de los casos llega a sentencia condenatoria. Y si bien el Código Penal permite el aborto terapéutico cuando la vida de la madre está en alto riesgo, lo cual es una realidad para todas las niñas entre 10 y 14 años, Fátima fue obligada a llevar su embarazo a término y el parto no solo fue traumático, sino casi fatal. También se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo. La violencia sexual y el embarazo forzado le causaron profundos traumas que la llevaron a dos intentos de suicidio. Nueve años después, el niño vive con la madre de Fátima.

El Comité concluyó que Guatemala violó el derecho de Fátima a la vida, ya que este derecho implica el derecho de vivir con dignidad y requiere que los Estados adopten medidas positivas para garantizar el derecho pleno a la salud sexual y reproductiva. “El silencio y la inacción del Estado no son neutrales; no solo constituyen violaciones por omisión, sino que también son factores de revictimización. Forzar la maternidad sobre una niña de esta forma es una grave violación de los derechos humanos”, afirmó H. Tigroudja, integrante del Comité. Se concluyó que Fátima vivió tortura y trato cruel, inhumano o degradante, dado que este se refiere no solo al dolor físico, sino también al sufrimiento moral.

El Comité instó al Estado guatemalteco a establecer un sistema de registro y monitoreo de casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas, y le solicitó adoptar medidas para reparar el daño que el embarazo y la maternidad forzada causaron en los proyectos de vida de Fátima. También se solicitó a Guatemala hacer un reconocimiento público de responsabilidad y garantizar el acceso a la educación y a la atención psicológica del hijo nacido por violación.

Esta decisión histórica impulsada por el Movimiento Son Niñas No Madres, sienta un precedente para proteger a muchas niñas de Guatemala que quedan embarazadas antes de los 14 años, producto de una violación, la mayoría de veces por hombres de su entorno cercano. Esta sentencia nos recuerda que las niñas han de ser niñas, no madres; que los embarazos han de ser deseados, no forzados, y las maternidades han de ser decididas, no impuestas; que la Educación Integral en Sexualidad es una obligación del Estado para el ejercicio responsable y pleno de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres; y que el Estado, somos todas y todos. La sociedad política y civil de Guatemala.