La Presidencia de la República emitió el Oficio Circular 001-2026, de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas, en el que se establece una política de contención y racionalización del gasto estatal durante el ejercicio fiscal del 2026.

El objetivo, según el documento, es garantizar que los recursos públicos se destinen de manera “ágil, transparente y orientada a resultados” hacia las actividades sustantivas y la provisión de bienes y servicios esenciales para la población.

La disposición, publicada este lunes 2 de febrero en el Diario de Centro América y basada en la Ley del Presupuesto, busca consolidar una gestión financiera más eficiente.

La publicación señala que “resulta indispensable consolidar procesos presupuestarios que garanticen la adecuada utilización de las asignaciones”, priorizando el desarrollo económico, social y el fortalecimiento de la democracia.

Restricciones en compras de vehículos y seguros

El oficio detalla una serie de prohibiciones y limitaciones específicas. Entre las más destacadas figura la restricción casi total de la compra de vehículos para las entidades del Estado. Solo estarán permitidas las adquisiciones de ambulancias, patrullas y unidades para servicios de emergencia. Cualquier otra compra deberá ser justificada exhaustivamente por la máxima autoridad de la institución como indispensable para una actividad sustantiva.

Asimismo, se ordena limitar los gastos en viáticos, transportes, festejos y gastos de representación. Estos solo se autorizarán si son “ineludibles y justificables” para el cumplimiento de funciones primordiales de las entidades.

Otra medida significativa es la prohibición de contratar seguros médicos privados o servicios de medicina prepagada para empleados y funcionarios. La única excepción aplica en aquellos casos en que este beneficio esté previamente establecido en un pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente.

Prioridad al gasto social y a las obligaciones laborales

El decreto brinda prioridad a ciertas áreas. De esa cuenta, se instruye a todas las instituciones a garantizar el financiamiento para el pago oportuno de salarios, honorarios profesionales y el cumplimiento de sentencias judiciales firmes. En este sentido, el Ministerio de Finanzas Públicas evaluará cualquier modificación presupuestaria con este principio en mente.

Además, se enfatiza la optimización de recursos propios. Las entidades deberán ejecutar primero los fondos y saldos acumulados de años anteriores antes de solicitar nuevas asignaciones.

Los recursos provenientes de préstamos y donaciones internacionales deben utilizarse estrictamente para los fines acordados, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos con los cooperantes.

Ámbito de aplicación y vigilancia

Las instrucciones son de cumplimiento obligatorio para toda la administración central, así como para empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas que reciban aportes del Estado. La Contraloría General de Cuentas ha sido designada como el órgano encargado de fiscalizar el estricto acatamiento de estas disposiciones.

Según el organismo Ejecutivo, con esta directriz se busca enviar un mensaje de disciplina fiscal y reorientar el gasto público hacia inversiones sociales y el fortalecimiento de los servicios básicos, en un contexto de restricción presupuestaria y búsqueda de mayor eficiencia en la gestión estatal.