Comparte domicilio con “El Mayo” Zambada y Nicolás Maduro.
El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra diez funcionarios mexicanos de alto nivel, imputados de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos millonarios. El anuncio hecho por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y el administrador de la DEA marcó una escalada judicial sin precedentes contra la clase política mexicana. Los fiscales sostienen que funcionarios estatales filtraban operativos, protegían rutas, utilizaban estructuras policiales contra grupos rivales y recibían pagos periódicos.
Puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México.
Los diez acusados son todos funcionarios actuales o anteriores del estado de Sinaloa. El más prominente es Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, a quien se acusa de haber recibido el respaldo de Los Chapitos —facción del Cártel de Sinaloa— para ganar las elecciones estatales de 2021, a cambio de protección y complicidad. Le acompañan un senador activo, varios ex secretarios de Estado, exjefes policiales y un fiscal adjunto.
Un detonante fue la cooperación de Ismael el Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, con la justicia estadounidense. Sus declaraciones corroboraron lo que Edgardo Buscaglia lleva años describiendo como “mafiocracia”, un sistema político capturado por redes criminales, donde distintas organizaciones se reparten diferentes partes del Estado. En el caso presente se invoca otro término: un “maxiproceso”, que evoca los grandes juicios con los que la justicia italiana desmanteló la Cosa Nostra en los años noventa. La lógica no parece ser la de un único juicio mediático, sino la de una secuencia encadenada de expedientes donde cada testigo alimenta el siguiente caso. Según analistas, el proceso avanzaría de Sinaloa hacia Sonora, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Durango y más allá.
El primero en caer fue Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, que viajó a la frontera para entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Según el expediente judicial, recibió más de cien mil dólares mensuales de Los Chapitos y advirtió al cártel con anticipación sobre al menos diez redadas durante 2023, permitiendo evacuar personal y cargamentos antes de que llegara la policía. Mérida fue presentado ante una jueza en Nueva York y se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde comparte domicilio con el Mayo Zambada y Nicolás Maduro. Poco después trascendió que Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también se entregó.
El director de la DEA compareció el 12 de mayo ante el Senado estadounidense y afirmó que los narcotraficantes y altos operadores políticos mexicanos han estado coludidos por años, que los acusados son “igual de responsables” por las muertes causadas por el fentanilo y remató con una advertencia: “Puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió desde una postura de soberanía nacional, advirtiendo de que no permitirá “intromisión de un gobierno extranjero” y señalando que, si no existen pruebas contundentes, las imputaciones tienen un objetivo político.
El drama de Sinaloa va más allá de diez funcionarios de un estado norteño. Según reportes periodísticos, agencias estadounidenses trabajan con una lista de decenas de personas que incluye gobernadores, legisladores y figuras cercanas al expresidente López Obrador. El maxiproceso apenas acaba de comenzar.