En el análisis de ALas845 conversamos sobre el tema, “Procesos judiciales y democracia: el caso de Luis Pacheco en perspectiva”.

Los invitados Arturo Miranda, abogado penalista; y Justo Pérez, abogado y notario con especializaciones en Política y Derecho Internacional, examinaron la reciente detención del expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y que asumió en meses pasados un Viceministerio en Energía y Minas.

Según Pérez, “a la luz del derecho” los bloqueos no son justificables. “No puede ser que los funcionarios sean tan irresponsables, pues han dado declaraciones en pro del divisionismo. No podemos achacarle al MP un mal procedimiento pues toda investigación está vinculada por un juez contralor”, dijo y añadió que los bloqueos “rayaron” en ser violentos y citó ejemplos de clientes en su profesión que estuvieron obligados a detener sus actividades.

Para Miranda, el caso, “lastimosamente”, ya se está cubriendo desde la óptica política, dejando de último la perspectiva jurídica.

“Lo que hace el Presidente es inmiscuirse entre los poderes del Estado y crea una cortina de humo. Además por su cargo está llamado a la unidad nacional. Desde lo social, es un problema que se permitió esto de los bloqueos desde que tengo memoria. Se viola derecho al trabajo, a la libre locomoción y derecho a la salud”, indicó.

Agregó que existen “sendas resoluciones” de la Corte de Constitucionalidad que aseguran que los bloqueos no pueden darse, y ha llamado al Ejecutivo a retirarlos.

“El Presidente estuvo en contra de los bloqueos que se dieron por el seguro obligatorio. Ahora en el caso lo que hay al momento son indicios. Esto surgió de denuncias que no conocemos quién o quiénes las impusieron, pues el caso está en reserva”, indicó.

Pérez señaló que “no existe una espontaneidad en las manifestaciones” sino que son motivadas. “Yo vi a personas con su plato de comida en fila. Hubo entonces acarreos y una logística para las movilizaciones. Esta tarde el Presidente estuvo visceral, mientras que la fiscal no salió en la conferencia, lo que determina que la diferencia es saber hacer las cosas”, dijo.

Miranda añadió que cuando se permite a las personas cometer delitos pese a evidencias, y son liberados, pues el Estado deja de ser de derecho. En esta línea, citó el caso del vandalismo contra un monumento por el cual los sindicados salieron libres.

“La sedición con fines políticos y sociales coacciona a otras personas. Infundían terror y coacción para que se unieran a las protestas, y así el MP tipificó el delito de sedición. La denuncia pudo ser de cualquiera que le cerraron su negocio y quienes estuvieron obligados a cerrar con coacciones y amenazas”, dijo.

Sobre el llamado de Arévalo al Congreso para reformar la ley interna del MP, Pérez indicó sentir “tristeza” pues a su criterio no demuestra ser un estadista y tener un buen criterio ante recomendaciones que pudieran darle sus asesores.

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