El viernes último se produjo un anuncio internacional de mejora en la calificación crediticia de Guatemala por parte de la agencia global Standard & Poor’s. Puede parecer un tema o un factor “especializado”, que interesa solo a expertos economistas y financieros, pero, de hecho, impacta en la vida diaria de todos. Dicha calificación representa una opinión independiente, de alcance global, sobre la capacidad y certeza de un emisor —en este caso, el Estado de Guatemala— para cumplir de manera puntual con sus obligaciones financieras; es decir, para la adquisición de préstamos y colocación de bonos, pero también es un indicador de certeza para las inversiones.

A manera de breve explicación didáctica, las evaluaciones se expresan mediante una escala alfabética A, B, C y D. Pero para mayor especificidad sobre las condiciones favorables o desfavorables del país, hay calificaciones ascendentes en este orden, siendo una sola letra el umbral más bajo y triple letra, el más alto. Los signos – o + reflejan la posibilidad de mejora para pasar a la siguiente categoría de confianza. Y, en efecto, el viernes último Guatemala subió de la nota BB (sin signo) a la BB+, con lo cual se encuentra a un paso de poder entrar al nivel de la triple B (BBB), siempre y cuando prosigan las mejoras en estabilidad macroeconómica, control y pago de deuda, así como avances en certeza institucional y democrática.

En tiempos de inestabilidad, como en el 2015, la calificación bajó a BB- y llevó mucho esfuerzo llevarla a BB sin signo. Guatemala, según registros, no ha logrado llegar a la triple B, pero sería muy significativo obtener tal categoría. El siguiente escalón en la confianza internacional de inversión sería entrar en el nivel BBB, que indica mayor atractivo a la inversión.

Una calificación de BB+ como la actual certifica que Guatemala sí cumple con sus obligaciones financieras internacionales pero aún enfrenta incertidumbres significativas o condiciones adversas que podrían debilitar su capacidad de pago. En este punto, las gavillas de la politiquería, los tráficos de influencias y las hipocresías despóticas se hacen las desentendidas, pero toda táctica en contra del Estado de derecho atenta contra la calificación económica del país. Dice el Diccionario de la Lengua: Economía es: “1. La administración eficaz y razonable de los bienes; 2. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo”. Todo amaño de leyes y procesos tiene impacto económico.

No haremos una enumeración de todas las incertidumbres que aún impactan en el desempeño del país, pero haremos referencia a tres. Primero, las deficiencias en el sistema de justicia, que se ve contaminado por discrecionalidades, sesgos y tardanzas. En segundo lugar, la corrupción que ha plagado procesos y organismos estatales; sus epígonos son todos esos exfuncionarios devenidos en súbitos millonarios o politiqueros que abren la puerta a financiamientos pestilentes. El pueblo de Guatemala es trabajador, creativo, resiliente y voluntarioso, pero los corruptos le han robado un alto costo de oportunidad.

El tercer factor es el rezago en infraestructura vial, portuaria, logística y digital, cuya actualización debe ser un compromiso de Estado para los próximos gobiernos, a fin de generar una economía más competitiva, para crear más oportunidades laborales que a la vez reduzcan la migración forzada. Ello se completa con mejor seguridad ciudadana, planes integrales de desarrollo, mejora educativa y, por supuesto, respeto a las garantías democráticas. Cualquier tipo de clientelismo regresivo vulnera la certeza de inversión.