20 de octubre y el Estado benefactor
¿El modelo redistributivo llega a su fin?
Con frecuencia se idealiza la Revolución del 20 de octubre de 1944 como una revuelta que instauró una era de oro, o “10 años de primavera en el país de la eterna tiranía”, como lo expresó Luis Cardoza y Aragón. Una alianza entre militares jóvenes, maestros, obreros y campesinos propició el derrocamiento de Federico Ponce Vaides, sucesor por breves meses del general Jorge Ubico. Se derogó la Constitución vigente, se convocó a una asamblea constituyente, y entró en vigor la nueva Constitución el 11 de marzo de 1945. Cuatro días después, tomó posesión el presidente doctor Juan José Arévalo, elegido en diciembre con 255 mil 260 votos. Según la narrativa dominante, solamente durante la década entre 1945 y 1954 se ha hecho valer tan decididamente la dignidad de los guatemaltecos.
La supuesta dignidad vino dada por el Estado de bienestar promovido por Arévalo y su sucesor, Jacobo Árbenz. Implicó un nuevo código de trabajo, la creación de programas de seguridad social, la autonomía universitaria, la extensión del voto y una reforma educativa. Inspirado en el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt y el “socialismo justicialista” de Juan Domingo Perón, el doctor Arévalo bautizó su doctrina con el nombre de “socialismo espiritual”. Abarcaba una “simpatía por los trabajadores”, un apego a valores democráticos y una preocupación por la justicia social. Los guatemaltecos estábamos (finalmente) en manos de un líder altruista comprometido con una agenda social y con una tercera vía, distinta del marxismo-leninismo y del capitalismo.
El primer programa de seguro social fue creado por Otto von Bismarck en los años 1880 en Alemania. El Estado de bienestar se extendió a otros países, como Dinamarca y Nueva Zelanda, y llegó a suelo americano con el gobierno de Roosevelt, luego de la Gran Depresión. Tras la II Guerra Mundial, se consolidó y expandió, pues el gobierno adquirió el compromiso de cuidar a los gobernados desde la cuna hasta la tumba: servicios de salud, vivienda, educación y planes de desempleo y pensiones serían cubiertos por una carga tributaria pesada y progresiva. Dominó un afán redistributivo y la promesa de igualar las condiciones económicas.
¿Son los programas benefactores realmente fuente de dignidad?
Pese a la nobleza de sus fines, el Estado de bienestar dejó mucho que desear en la práctica. Tales programas distorsionan las señales del mercado, aumentan la desocupación, impacta negativamente en los salarios y la unidad familiar, y conducen al fraude, la ineficiencia burocrática y la corrupción estatal. El modelo sigue vigente, aunque se incrementan las advertencias sobre su insostenibilidad a futuro.
En Europa, masivas protestas evidencian el agotamiento del Estado benefactor. Los franceses incendiaron escuelas porque la educación pública y otros servicios son deficientes. En aquel continente, la deuda pública anual supera el producto interno bruto, la productividad y economía languidecen, el costo de vida sube, y la fuerza laboral se encoge. La pirámide poblacional se invierte; disminuye el número de jóvenes capaces de efectuar los desembolsos necesarios para sostener a una abultada población mayor, aun y con cargas tributarias que superan el 50%. A pesar de la evidencia abrumadora, gran parte de la ciudadanía se aferra a sus expectativas de recibir transferencias gubernamentales, como si fuera un derecho escrito en piedra, y, perversamente, la clase política no corrige el rumbo definitivamente por temor a las protestas masivas.
La escala del descalabro es menor en Guatemala que en Europa, pero también tendremos que enfrentar la muerte del Estado benefactor, y pulir el lente romántico con el que solemos enfocar el legado de la Revolución del 20 de octubre.