El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) se enfrenta a atrasos históricos en los pagos de las empresas municipales.

Hasta junio del 2025, 14 empresas eléctricas municipales adeudan al Inde Q3 mil 399 millones. Siete de estas comunas se sumaron a la lista de deudores en los últimos meses.

En junio, la empresa de Joyabaj, Quiché, dejó de pagar Q1 millón; mientras que la de Guastatoya, El Progreso, sumó una deuda de Q135 millones.

La empresa eléctrica de la cabecera de Retalhuleu tiene pendiente el pago de tres meses por Q53 millones. La de Santa Eulalia, Huehuetenango, debe Q1 millón por cuatro meses. Ambas ya firmaron convenios con el Inde para regularizar su situación.

Puerto Barrios, Izabal, adeuda Q53 millones por 22 meses y se encuentra en proceso de regularización. En tanto, la cabecera de Zacapa debe Q509 millones por 50 meses, sin convenio de pago ni proceso de regularización.

Gualán suma Q204 millones por dos periodos que, en conjunto, abarcan 127 meses; este caso está en proceso judicial.

La empresa municipal de Quetzaltenango tiene una deuda de Q1 mil 689 millones, acumulada del 2009 al 2018. Este caso también se tramita por la vía judicial.

Recientemente, un juzgado ordenó a la comuna pagar Q700 millones en el 2026 y advirtió posibles acciones penales contra el alcalde y su Concejo Municipal si no se cumple la resolución.

La jefatura edil de Quetzaltenango sostiene que la resolución no está en firme. El adeudo surgió porque durante varios años la alcaldía no aplicó las tarifas autorizadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Por su parte, autoridades municipales aseguraron en conferencia de prensa que no tienen deuda vigente, y alegaron que el contrato vigente hasta 1978 establecía tarifas vitalicias.

Según el Inde, las empresas de San Pedro Pinula, Jalapa; Playa Grande, Ixcán; y San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, firmaron convenios y ya finalizaron los pagos respectivos.

Reconocen limitaciones

El alcalde de la cabecera de Retalhuleu, Pablo Villatoro, indicó que ya firmaron el convenio de pago con el Inde y que se acordaron cuotas cercanas a Q200 mil mensuales.

Explicó que la empresa eléctrica del municipio cuenta con entre 10 y 12 personas para la lectura de contadores, y aún menos para cortar el servicio a quienes no han pagado, lo que eleva el consumo de kilovatios y afecta la recaudación.

“No nos damos abasto y, además, el lector, por ser empleado público, no puede ser removido fácilmente por aspectos legales o administrativos. Incluso, a veces no reporta o deja a la persona conectada a cambio de dinero”, indicó.

Agregó que el municipio tiene unos 20 mil habitantes y que el déficit de personal impide un control adecuado del uso de energía. También mencionó que el personal de supervisión y lectura recibe el salario mínimo.

Otro aspecto que señaló es la antigüedad de la infraestructura, de más de 50 años, lo cual provoca fallas técnicas.

“Tendríamos que hacer un cambio generalizado a nivel municipal para tener por lo menos la certeza de que la energía va limpia y que se consuma realmente, sin que se eleven las cifras por cortes”, afirmó.

Se intentó contactar a las otras seis alcaldías con las deudas más recientes, pero no fue posible obtener respuesta.

Condonación de deudas

En el 2024, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso emitió dictamen favorable al proyecto de ley 6349, que plantea condonar la deuda de 11 municipalidades. La iniciativa aún no ha sido leída en el pleno.

La decisión de la comisión fue celebrada con el argumento de que permitiría estabilizar la situación financiera de las comunas.