Ya en anteriores comisiones de postulación se había hablado del tema del registro ante la Corte Suprema de Justicia que es requisito para todos los abogados que litigan y actúan como notarios, pero se entendió que la exigencia constitucional para calificar como Fiscal General no aplicaba a quienes no ejercieron el derecho en forma privada. […]
Ya en anteriores comisiones de postulación se había hablado del tema del registro ante la Corte Suprema de Justicia que es requisito para todos los abogados que litigan y actúan como notarios, pero se entendió que la exigencia constitucional para calificar como Fiscal General no aplicaba a quienes no ejercieron el derecho en forma privada. El actual Ministro de Gobernación, que desde que se postuló fue visto como una seria amenaza para las estructuras que imperan actualmente en el sistema de justicia, ha dedicado su vida profesional a actuar como juzgador, siendo Abogado y habiendo cumplido con lo que manda la ley para ser juez, avalado por el Organismo Judicial.
La comisión, presidida por la Presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, dispuso establecer ese “requisito” para este proceso puesto que “alguien” de ese Organismo se fijó en el detalle y a pesar de que la ley no plantea tal exigencia, fue impuesta precisamente para impedir que Marco Antonio Villeda Sandoval fuera incluido en la lista. La preocupación no era únicamente que se facilitara al Presidente Arévalo su nombramiento, sino especialmente por lo que alguien como él podría hacer desde el Ministerio Público para iniciar la recuperación del sistema de justicia y el Estado de Derecho en el país, persiguiendo a quienes lo han corrompido.
Si tuviéramos de verdad un sistema de justicia podríamos confiar en una correcta revisión de la burda violación de un derecho, pero ya sabemos que por algo hasta la Corte de Constitucionalidad quedó integrada como está; la idea era, cabalmente, que fuera el último parapeto para garantizar que no llegara al MP alguien que pudiera comprometer seriamente la continuidad del modelo de impunidad que ha sido tan eficiente.
Obviamente las tachas que se formulan contra los postulados tienen que ser analizadas y sopesadas, pero llama la atención que tachas tan graves y que descalifican, como puede ser el plagio de la tesis de doctorado, la denuncia de participar en la venta de niños guatemaltecos, negocio que generó tanto dinero hace algunos años y, por supuesto, la forma en que alguien entierra en profundas gavetas las denuncias de corrupción para que no sean investigadas, resultan tan burdas y claras como la ausencia de registro de Villeda en la CSJ.
La diferencia, sin embargo, es que la verdadera honorabilidad es un requisito constitucional inevitable, mientras que el famoso registro es algo que se sacaron para este proceso los postuladores simplemente para hacer el trabajo que se les había encomendado y que cuenta con sólidos apoyos, tanto internamente como desde el exterior en donde se produjeron cabildeos cuyos frutos estamos viendo ahora de manera que podríamos calificar como preocupante.
