Las preguntas que se hace Boaventura de Sousa Santos ante la problemática que plantea el libro Justicias indígenas y Estado, son fundamentales: ¿Las políticas de reconocimiento de los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas han llegado a su límite? ¿Estamos por entrar en un período de retroceso? ¿Están por surgir nuevas resistencias?

El libro en cuestión analiza cómo se han aplicado en el campo jurídico las políticas culturales neoliberales, con relación a pueblos originarios de México y Guatemala. Las autoras Sierra, Hernández y Sieder diseccionan, desde diferentes perspectivas, estas formas de violencias contemporáneas y articulan las políticas culturales en el campo de la justicia con las políticas de seguridad nacional y de reforma penal, considerando los desafíos que esto implica para los pueblos originarios.

Dicen las autoras: “Durante los años ochenta y principio de los noventa, analizamos y criticamos el impacto de las políticas indigenistas integracionistas en la vida de hombres y mujeres indígenas (…), señalando que los discursos liberales sobre la igualdad y la ciudadanía universal eran otra forma de encubrir la violencia y la exclusión implicada en la concepciones monoculturales y universalizantes de la identidad nacional. Junto con otros colegas documentamos también el sentido en que el desconocimiento de los operadores de justicia oficial sobre el derecho consuetudinario indígena estaba detrás de las violaciones a los derechos humanos indígenas, lo cual desnudaba el monismo jurídico del derecho estatal y la vigencia de sistemas jurídicos plurales que habían sido silenciados y colonizados por los poderes hegemónicos”.

Llegaría luego el auge del movimiento indígena en el continente, el rechazo al V Centenario del llamado “Encuentro de Dos Mundos” y el surgimiento de nuevos actores políticos que sustituyeron las “identidades campesinas” por identidades indígenas. Fue el momento que permitió comenzar a repensar los Estados Nacionales en América Latina. Las reformas constitucionales colombianas de 1991 abrieron la puerta a otras reformas constitucionales en distintos países del continente, que reconocieron los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Al inicio, esto se percibió como un logro alcanzado gracias a las luchas indígenas, lo cual se abrió a la esperanza. Sin embargo, algunos advirtieron que el entusiasmo no debía empañar las limitaciones de las reformas logradas, muchas de las cuales empataban bien con las reformas estructurales del neoliberalismo.

W. Assies (1999) dijo al respecto que “el proyecto cultural” del modelo económico neoliberal requería de un nuevo tipo de ciudadanía “menos dependiente del Estado” en el que cada ciudadano se responsabilizara de su bienestar y señaló que “la desagregación del Estado se podía acomodar a las demandas autonómicas de los indígenas”. D. Irturralde (2000) señaló que “el reconocimiento de los derechos colectivos, incluidos los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, no eran incompatibles con las lógicas reformistas de los Estados latinomericanos”.

Posteriormente, las autoras investigan las tensiones y contradicciones en el papel regulatorio de los derechos. Escuchan a hombres y mujeres indígenas sobre temas fundamentales como la cultura, la tradición, la justicia y la autonomía. Analizan los procesos de politización de las identidades culturales como espacios de movilización fundados en demandas de reconocimiento y redistribución. Reconocen el potencial emancipatorio o regulatorio que pueden tener las reformas legislativas sobre pueblos originarios y las políticas de reconocimiento cultural, y documentan cómo han impactado los procesos de reforma legal en el campo de la justicia y las luchas políticas de organizaciones indígenas. Hoy, los nuevos contextos de criminalización de pueblos originarios, seguridad nacional y guerra contra el narcotráfico han hecho que el análisis se desplace en otras direcciones que terminan afectando a las poblaciones indígenas.