El racismo, la discriminación y su consecuente segregación de clases sociales evitaron, desde la independencia de España, que Guatemala naciera como Nación. La nueva organización se afianzó en el concepto de finca que prevalece en manos de unos pocos que no supieron evolucionar al ritmo del desarrollo civilizatorio inherente a la humanidad, contentándose con el ínfimo beneficio del esquema feudal. Esquema no necesariamente instituido con la conquista, sino que pareciera emanar de un gen aprendido, no heredado y que hoy podemos ver cómo se contagió a otros estratos que pululan como servidores desde la administración.

El citado gen, sin nombre científico, se reconoce por sus efectos antihumanistas. Entre estos, la prepotencia: calidad de prepotente (que tiene poder o influencia superior), con sinónimos como despotismo, abuso, superioridad; a veces confundido con soberbia: confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías (vanidad) y en la opinión de uno mismo, exaltada a un nivel crítico y desmesurado (prepotencia). Deficiencia cívica que está por todas partes y en todas las clases de nuestra compleja estructura social. Cito dos casos: sindicatos y terratenientes. Importantes extremos del espectro social y económico que no se mezclan, pero que comparten el mismo gen, obstruyendo el desarrollo, aunque no su crecimiento individual; términos estos (desarrollo y crecimiento) que ambos consideran sinónimos, pero que no lo son.

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores surgidas con la Revolución Industrial para la defensa y promoción de sus intereses ante el empleador, las cámaras patronales o el Estado. En nuestro medio, la incapacidad y debilidad de los funcionarios públicos permitió a algunos líderes, mediante amenazas con paros laborales, establecer prebendas y licencias inadmisibles en pactos colectivos que impiden el correcto desempeño del Estado. Los ejemplos abundan, aunque destacan: el Congreso de la República, en donde recuerdo que los puestos llegaron a ser hereditarios y los salarios estratosféricos, y el ministerio de Educación, como los más ilegítimos.

En las últimas semanas vimos cómo este último está llegando a su fin ante la obtusa dirigencia de su líder que mantiene atrasada, a niveles vergonzosos, la educación pública del país, y la firme postura de la ministra, quien no negociará ningún pacto bajo la mesa.

Los terratenientes, además de los inmensos territorios dedicados a la agricultura, en particular de monocultivos que en poco o nada benefician al país, inciden en áreas urbanas. En estas, su interés se centra en la especulación sobre el valor y uso del suelo, por lo que otros valores les son despreciables, como los ambientales (cuidado de bosques y su biodiversidad), patrimonio cultural u otra naturaleza. Satisfacen su codicia impulsando el crecimiento, no el desarrollo. Para eso imponen alcaldes o los compran para asegurar la aprobación de proyectos de su interés, que no necesariamente obedecen al Plan de Ordenamiento Territorial que las municipalidades están obligadas a formular con el objeto de satisfacer las necesidades del conglomerado.

Esa planificación empieza por diseñar las vías de comunicación en sus distintas categorías, para luego definir el uso del suelo junto a la densidad constructiva y poblacional que tendrá cada sector: industria, comercio, mercado; salud, educación, recreación, deporte y habitación, por mencionar algunos rubros. Este último, el habitacional, habrá de prever las diferentes categorías para que todos los sectores socioeconómicos tengan acceso al inalienable derecho humano: la vivienda.