La alianza oficialista tiene los días contados en la dirección del Congreso, según analistas, que prevén el quiebre de su fugaz unión durante el segundo período de sesiones ordinarias, que comienza el 1 de agosto.

El pleno del Congreso tendrá discusiones clave, como el presupuesto nacional del 2026 y la elección de la próxima Junta Directiva, pero lo visto este año hace poco probable que el grupo oficial logre incidir en ambos asuntos.

La directiva, encabezada por el diputado Nery Ramos en representación de la alianza oficial formada en enero del 2024 —durante la asunción del nuevo gobierno—, está debilitada, y esa coalición se encuentra en proceso de disolución, según apuntan las fuentes.

Este año, el Congreso apenas logró aprobar cuatro decretos,y dos de ellos fueron para corregir detalles en la legislación del 2024: un error en la ley de Tarjetas de Crédito y otro en la ampliación presupuestaria tras la suspensión de algunos artículos del presupuesto del 2025.

“El primer período ha sido uno de los más bajos en toda la agenda legislativa, tanto en iniciativas como en decretos y sesiones. Se asemeja a los momentos en que los diputados suspenden la agenda por campaña. Hay un daño evidente por esa inactividad”, señaló Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Tareas pendientes

La escasa producción legislativa podría tener una explicación: “El primer período concluyó de manera abrupta, con un claro rompimiento de los acuerdos pactados”, explicó Alejandro Solórzano, del Observatorio Legislativo.

Esa falta de acuerdos fue evidente cuando el presidente del Legislativo, Ramos, convocó sin éxito a sesiones extraordinarias —incluso dos por día— que les permitían a los diputados cobrar dietas, pero no emitir decretos ni debatir sobre problemas nacionales.

“El primer período cerró con muchas tareas pendientes y un desencuentro marcado al interior del Congreso”, afirmó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

Entre los temas pendientes figuran la elección de la primera secretaría de la Junta Directiva, la designación del director de la Superintendencia de Competencia y diversas reformas legales, incluida una a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

Peligra el presupuesto

La falta de liderazgo en el Congreso, sumada a las aspiraciones políticas tanto de la oposición como del oficialismo, dificulta la aprobación de un nuevo presupuesto para el 2026.

“Siempre hay montos ocultos, como premios para ejecutar obra gris, pero en estos momentos, dada la baja ejecución, que parece ser una constante del gobierno, no hay incentivos para que el Congreso apruebe el presupuesto tal como se plantea”, advirtió Hidalgo.

Aunque el oficialismo logró aprobar el presupuesto nacional de este año, repetir la fórmula será complejo, si no imposible, según Quezada.

“Habrá conflicto, no solo por el reparto de fondos, sino también para evitar que el oficialismo los use con fines clientelares. Es el año que más recordará la población, y el Ejecutivo está en la mira para ponerlos en marcha”, afirmó.

El presupuesto del 2026 requeriría amplios acuerdos y compromisos. Sin embargo, la baja ejecución del actual gobierno juega en contra de cualquier intento por convencer a un pleno de 160 diputados.

“Lo que podemos anticipar es que el presupuesto se mantendrá. Los diputados distritales están inconformes, ya que no es sencillo ejecutar el presupuesto de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, remarcó el analista.

Junta Directiva y magistrados

El presupuesto nacional se convierte en botín político y suele ser moneda de cambio para asegurar respaldo a una Junta Directiva. Este año, la negociación será más compleja.

La Junta Directiva del 2026-2027, además de controlar el presupuesto del Congreso y mantener el cuestionado aumento salarial de los diputados, puede direccionar la agenda de elección de futuras autoridades.

En marzo del 2026, el Congreso deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad encargada de organizar y legitimar los comicios generales.

Asimismo, antes de abril deberá consensuar la elección de un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, deberá convocar a la comisión de postulación para elegir al nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP).

“Será una elección sumamente reñida, más que en otros años, porque al Congreso le corresponde definir los tiempos de esos procesos”, anticipó Quezada.

Según Hidalgo, el poder político de la siguiente Junta Directiva puede motivar a algunos a no respetar las reglas del juego. “Más que una disputa intensa, será una batalla campal. El comportamiento colectivo del Congreso se parecerá más a un enfrentamiento tosco que a un debate estratégico”, comentó.

Candidatos

Los analistas visualizan a varios diputados opositores como posibles aspirantes a la Presidencia del Congreso.

Entre ellos figuran Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista; Sandra Jovel, del bloque Valor; y no se descarta el regreso de Allan Rodríguez por el bloque Vamos, ni la postulación de Héctor Aldana, como una figura renovada del antiguo partido de Alejandro Giammattei.

Por ahora, la futura presidencia del Congreso parece recaer en la oposición. Los analistas no ven un perfil fuerte en el oficialismo, que se ha debilitado en menos de dos años y, además, se ha fragmentado entre quienes buscan salvar al Movimiento Semilla y quienes apuestan por un nuevo vehículo electoral con Raíces.