Al estilo de sus antecesores que ha criticado, en medio de una conferencia de prensa reciente, el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló de supuestos abusos que cometieron las anteriores autoridades de esa Fiscalía y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante el periodo que estos realizaron en diferentes investigaciones.

Según el fiscal, los abusos iniciaron con la «mediatización» de casos, que realizaba el Ministerio Público y la desaparecida Comisión, en esos años como una forma de «presionar» a los jueces y «condenar» anticipadamente a los sindicados en esos procesos, muchos de lo cuales a la fecha han quedado libres de cargo.

Para justificar sus actos, Curruchiche sacó a relucir diferentes casos, entre los que resaltan: Juan Carlos Monzón, Blanca Stalling, Salvador Gándara y TCQ.

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«ACUERDO IRRISIBLE»

El jefe de la FECI calificó de «irrisible» el acuerdo de colaboración eficaz, firmado entre el MP y el exsecretario privado de la ex vicepresidencia Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, que fueron utilizados para los casos La Línea, Cooptación del Estado y TCQ.

«Es irrisible cuando en una declaración del señor Juan Carlos Monzón, en la sede de la FECI se inició a las 8:05 de la mañana y terminó a las 9:50 de la mañana y cuando usted ve, es una declaración de 178 hojas de lado y lado», resaltó.

Curruchiche aseguró que «con una simple declaración, al día siguiente estaban criminalizando a las personas».

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SALA ORDENA CAPTURAS CON SIMPLE DECLARACIÓN

Aunque el fiscal señala que con una «simple declaración» sus antecesores criminalizaban personas, en la reciente solicitud de órdenes de captura realizada por FECI, las declaraciones de Alejandro Sinibaldi fueron utilizadas para que la Sala emitiera al menos 16 órdenes de captura.

Según la resolución de los magistrados, para sustentar su petición, presentó dos declaraciones del exministro en donde señala a personas que supuestamente se vieron beneficiadas por una presunta inacción de la antigua FECI, según consta en las páginas 1 y 2 de la resolución.

En el memorial dos, presentado por la fiscalía, refiere los nombres de los posibles beneficiados, sin embargo, no se explica que acto ilícito pudieron cometer estos, y tampoco la fiscalía ofreció más detalles, sin embargo, solo la mención de Sinibaldi, valió para que se giraran las órdenes de captura.

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APERTURA DE CAJAS ELECTORALES

Las incongruencias de Curruchiche continúan, pues aunque dice que se hacen las investigaciones previas, en el caso contra el proceso electoral, la fiscalía actúo únicamente bajo una supuesta denuncia anónima, que señaló presuntas acciones anómalas, lo que permitió que a los pocos días, se hiciera el secuestro y apertura de las cajas electorales.

Posteriormente, se conoció que dicha denuncia pertenecía al abogado Giovanni Fratti. En la petición, para iniciar el proceso, la FECI señaló que el denunciante interpuso su alegato «al tener conocimiento por lo que ha visto en medios de comunicación», es decir, no tenía conocimiento presencial de los supuestos hechos ilícitos.

Aún así, esto valió para la apertura del material electoral.

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¿Y DÓNDE ESTÁ LA PELUCA?

Otro caso que Curruchiche utilizó para justificar el actuar en los casos actuales, fue el caso de la captura de la exmagistrada Blanca Stalling, en el que el fiscal aseguró que a la fecha se desconoce el paradero de la peluca, los lentes y un arma de fuego que supuestamente esta llevaba al momento de su detención.

El jefe de la FECI, contó que al preguntar al exfiscal Rudy Herrera, este supuestamente señaló que «periodistas» posiblemente la habían robado, a pesar de que cuando Stalling fue trasladada a la Torre de Tribunales, ya no llevaba la peluca y había sido asistida por su abogado.

Los supuestos abusos de los cuales hace mención Curruchiche, contrastan con lo ocurrido la semana pasada, en donde la fiscalía señaló que se encontró un teléfono celular en posesión del exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill; sin embargo, la existencia del aparato telefónico se mantiene con más dudas que respuestas.

ACCIONES POR COMPRAS FALSAS DE BOLETOS

El 31 de marzo pasado, los cuatro magistrados titulares del TSE, suspendidos temporalmente por una cuestionada resolución, precisamente de la Sala vinculada a Felipe Alejos, denunciaron un intento de terceros por encaminar la revocatoria del arresto domiciliario del que gozan.

«La maniobra, según afirmó un togado a La Hora, se basa en una publicación en X que los acusa de haber comprado boletos de avión con destino a Panamá para supuestamente darse a la fuga y evitar el proceso penal en su contra», mencionaba esa publicación.

Esa nota hacía referencia a una publicación realizada por la cuenta 5to Poder La Verdad sin Miedo, —que se presenta como un medio de comunicación, pero que difunde desinformación— «aseguró en X que los magistrados Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Mynor Franco supuestamente adquirieron cuatro boletos de avión con escala en El Salvador y destino final en Panamá».

La publicación incluía imágenes de presuntos pasajes, que Aguilera afirmó eran falsos.

Como consecuencia, el abogado defensor de los magistrados, Jorge Pinto, se presentó al Juzgado Segundo Penal, que tiene a cargo el caso, con un memorial en donde puso de conocimiento del juez Mario Hichos que «se está fraguando una inescrupulosa estrategia de huida para tratar de justificar una orden de rebeldía y buscar una orden de captura por una supuesta captura».

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INTENTO DE COLABORACIÓN

«Yo no he autorizado ni un solo acuerdo de colaboración eficaz y no lo voy a hacer», recalcó Curruchiche, al ser cuestionado sobre la seguridad que la fiscalía le podría brindar a testigos y posibles colaboradores eficaces, rechazando así, prácticas que realizó el MP y el entonces CICIG.

No obstante, la semana pasada, la fiscal Leonor Morales, informó al juez Fredy Orellana, que la Fiscalía intentó negociar un acuerdo de colaboración eficaz con Santos, que no se concluyó derivado de la supuesta localización de un teléfono en su poder.

A Santos lo trasladaron varias veces de cárcel, lo que algunos analistas consideraron como una medida de presión para que aceptara cargos.

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Finalmente, Curruchiche aseveró: «Nosotros no vamos a apañar ilegalidades que se cometieron, no vamos a encubrir personas que cometieron delitos en su momento».

La Fiscalía en el caso Cooptación del Estado, en donde no presentaron apelación luego que los exministros Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Noé Ulises Anzueto, Manuel López Ambrosio y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, quedaron fuera de la carpeta.