La nueva ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra los migrantes sin autorización de trabajo en EE. UU. encendió las alertas en Guatemala. Una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo del 2026 podría traducirse en mayores obstáculos para el envío de remesas, restricciones bancarias para miles de guatemaltecos y efectos directos sobre la economía nacional, altamente dependiente de esos recursos.

La disposición, denominada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, instruye a las autoridades estadounidenses a reforzar controles de identificación, monitoreo financiero y evaluación crediticia de inmigrantes sin autorización laboral. Aunque la normativa tiene alcance interno en EE. UU., Fundesa advierte que Guatemala podría enfrentar consecuencias económicas “significativas” debido al peso que tienen las remesas en el país.

Actualmente, las remesas representan cerca del 19% del Producto Interno Bruto (PIB) guatemalteco y superaron los US$22 mil millones en el 2024, una cifra récord que sostiene el consumo de millones de hogares.

Riesgo para migrantes y familias receptoras

Uno de los principales temores es que las nuevas exigencias de verificación financiera compliquen el acceso de los migrantes guatemaltecos al sistema bancario estadounidense.

La orden contempla mayores controles sobre transferencias, uso de números ITIN —documentos fiscales utilizados por migrantes sin seguro social—, plataformas digitales de envío de dinero y cuentas bancarias vinculadas a personas sin autorización laboral.

Fundesa también advierte que la administración estadounidense evaluará el riesgo de aceptar matrículas consulares extranjeras como mecanismo válido de identificación financiera. Esto coloca bajo presión a la matrícula consular guatemalteca, documento utilizado por miles de connacionales para abrir cuentas y enviar dinero de manera formal.

De concretarse restricciones adicionales, bancos y operadoras de remesas podrían cerrar cuentas, bloquear transacciones o endurecer procesos de verificación, lo cual afectaría directamente la capacidad de los migrantes para enviar dinero a sus familias.

Otro efecto previsto es el desplazamiento hacia mecanismos informales de envío. Según el análisis, si los canales regulados se vuelven más difíciles o costosos, parte de los migrantes podría recurrir a redes no supervisadas, lo cual aumentaría los riesgos de fraude y reduciría el dinero que finalmente reciben las familias en Guatemala.

Impacto macroeconómico

La preocupación trasciende el ámbito migratorio. Fundesa sostiene que una reducción de entre 5% y 10% en el flujo de remesas tendría repercusiones macroeconómicas sensibles para Guatemala.

Entre los efectos señalados figuran presiones sobre el tipo de cambio, disminución del consumo en áreas rurales dependientes de remesas y menor dinamismo del crédito y la recaudación tributaria. Los departamentos más vulnerables serían Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Quiché, donde gran parte de la actividad económica depende del dinero enviado desde EE. UU.

Además, la orden ejecutiva podría limitar el acceso al crédito para migrantes indocumentados en EE. UU., especialmente préstamos hipotecarios, automotrices y de consumo. Esto reduciría su capacidad de ahorro e inversión, con repercusiones indirectas para Guatemala.

El documento advierte que el período crítico comenzará en los próximos 60 a 180 días, cuando el Departamento del Tesoro y otras entidades estadounidenses emitan regulaciones específicas y reformas relacionadas con supervisión bancaria y programas de identificación financiera.

Guatemala ante una ventana de reacción

Fundesa considera que Guatemala todavía tiene margen para actuar antes de que entren plenamente en vigor las nuevas disposiciones.

La organización plantea que el Gobierno debe activar canales diplomáticos con Washington para defender el reconocimiento de la matrícula consular guatemalteca y coordinar posiciones regionales junto con otros países centroamericanos y México.

También recomienda establecer sistemas de monitoreo del comportamiento de las remesas, fortalecer los programas de inclusión financiera y facilitar que las familias receptoras utilicen cuentas bancarias formales en lugar de efectivo.

Otra de las sugerencias apunta a reforzar los mecanismos de cumplimiento y verificación de identidad en operadoras de remesas guatemaltecas para evitar cierres de cuentas y mantener abiertos los canales formales de transferencia.

Recomendaciones para migrantes y familias

• Mantener actualizada la documentación financiera y de identificación utilizada en EE. UU., especialmente la relacionada con cuentas bancarias y servicios de remesas
• Evitar depender exclusivamente de canales informales para el envío de dinero, debido a los riesgos de fraude, pérdidas económicas y falta de respaldo legal
• Fortalecer el uso de cuentas bancarias y herramientas digitales en Guatemala para recibir remesas de manera formal y segura
• Monitorear posibles cambios regulatorios en EE. UU. que puedan afectar el acceso a servicios financieros de migrantes guatemaltecos
• Impulsar programas de educación financiera para familias receptoras de remesas, con el fin de promover ahorro, inversión y mejor administración del dinero recibido
• Diversificar las fuentes de ingreso en los hogares y reducir la dependencia exclusiva de las remesas, especialmente en comunidades rurales altamente vulnerables
• Promover políticas públicas enfocadas en generación de empleo, atracción de inversión y fortalecimiento de la economía local para disminuir la exposición del país a decisiones migratorias y financieras externas