Debido al mal ejemplo demagógico de sucesivas camadas de politiqueros y burócratas, el erario guatemalteco es visto como un saco sin fondo, como un cofre de infinitos recursos, como un arca inagotable; pero sí tiene fondo, los recursos no son infinitos y “en el arca abierta hasta el justo peca”, dice el dicho. Y vaya si en el Estado de Guatemala se han colado muchísimos personajes aprovechados, que lucran con la necesidad ajena. Lamentablemente y gracias a una Ley de Servicio Civil totalmente caduca, desfasada y anacrónica, han proliferado las plazas fantasma, los nepotismos, las conversiones de puestos temporales en permanentes sin ninguna base técnica y menos aún cualquier tipo de concurso de oposición.

Por si fuera poco, el derecho de organización sindical, de raíces democráticas, se encuentra contaminado por toda una parafernalia, iconografía y discursividad relacionada con totalitarismos antidemocráticos. La cara gastada de un oscuro y fracasado caudillo intolerante figura en pancartas, playeras y gorras que a menudo buscan imponer la voluntad de un grupo por encima de los derechos, las necesidades y sobre todo las posibilidades de toda la ciudadanía. Algunos dirigentes sindicales piden diálogo, pero solo quieren aceptación ciega de sus términos, bajo amenaza de protestas, huelgas y bloqueos. Basta ver la involución del Sindicato de Trabajadores de la Educación, devenido en ariete de un bravucón venal rodeado de pretorianos prepotentes.

Ahora, ante el anuncio de un aumento de Q1,200 para todos los trabajadores de Salud —que implicará un coste de Q718 millones de recursos ciudadanos que serán recortados a otros rubros—, los dirigentes sindicales se rasgan las vestiduras, exigen más dinero y amenazan con las represalias usuales que solo dañan a la ciudadanía productiva.

Previos gobiernos los acostumbraron a recibir concesiones acríticas y sin entregar nada a cambio. Invocan pactos colectivos negociados a espaldas de los tributantes, en los cuales hay cláusulas de inamovilidad, días libres y otros beneficios, sobre todo para las dirigencias. Se oponen a cualquier reclasificación de puestos por mérito y capacidades; nada de mencionar la evaluación independiente de desempeño, de calidad de trato al paciente o de actualización técnica. Hay casos de dirigentes actuales que tuvieron dos plazas simultáneas en el Estado, pero reclaman como si hubiesen desempeñado devotamente solo una. Retuercen los derechos laborales, para convertirlos en chantaje y hermetismo en las negociaciones.

En este punto de la historia, el aumento salarial puede ser justo y necesario para buena parte del personal salubrista. Sin embargo, su dirigencia busca esculcar aún más los bolsillos del ciudadano. Porque ese dinero no es del ministro de turno ni del presidente, ni siquiera del Estado, tan cundido de precariedades y estafas; son recursos aportados por los impuestos que paga el pueblo de Guatemala. De cuando en cuando, hay denuncias de falta de insumos y medicinas, de instalaciones en mal estado, de aparatos de diagnóstico que no funcionan…, pero del mismo cuero salen las correas, del mismo presupuesto para tales urgencias se pretende expoliar incrementos salariales constantes y sonantes.

Sí, existe necesidad de justa remuneración para los salubristas de calidad, con actitud de servicio. Pero, ¿cómo distinguirlos de los aprovechados, de los nepotistas, de los que atienden mal a la gente? El aumento ofrecido es retroactivo hasta enero de este año, y eso ya es estirar bastante la alforja como para que resulten ciertos dirigentes con poses farisaicas.