“Si hay llamados al voto, explícitos o implícitos, si se presentan planes de gobierno fuera de tiempo, si se usan símbolos partidarios de forma reiterada para posicionar a una persona o se contrata pauta en medios y redes con fines electorales, se configura la infracción”, fue una declaración del magistrado titular Gabriel Aguilera cuando fungía como presidente del Tribunal Supremo Electoral, en febrero último. Eso ocurrió poco antes de salir del cargo.

En el reciente trimestre comenzaron a pulular mensajes de presidenciables, declarados o no, con el clásico pretexto de que están haciendo proselitismo, de que andan afiliando nuevos adeptos o “fortaleciendo las bases” o formando “cuadros” políticos —aunque ya las candidaturas estén en puja financiera o plena adquisición de tránsfugas—. No faltan los desavisados o quizá desfachatados que ya se declararon candidatos a cargos, lo cual ameritaría, como mínimo, un apercibimiento directo, por una declaración general oficial del actual pleno del TSE.

La descripción de posibles casos de campaña adelantada, citada al inicio de este texto, llevó un análisis de dos años, según declararon los anteriores titulares. Lo más lógico es que la nueva magistratura refrende tales parámetros y criterios básicos de sanciones. Hasta ahora no se ha producido tal pronunciamiento, posiblemente a causa del relevo institucional. Sin embargo, las conductas rayanas en transgresión no están esperando permiso: se multiplican, se maquillan y esto, a la larga, puede convertirse en un asunto inmanejable si no se le pone coto desde ahora. Hubo transgresores en la campaña pasada que terminaron victimizándose e incluso reclamando en instancias ajenas, por supuestas exclusiones, politización, favoritismo o parcialidad en las sanciones.

La misma telenovela propagandística podría repetirse si no se declara pronto, con enunciados claros, taxativos y constitucionalmente bien sustentados, cuáles son las acciones constitutivas de faltas y delitos electorales, así como sus respectivos castigos: desde multas hasta vetos establecidos en ley por competencia desigual. Las denuncias de supuesta campaña anticipada por parte de partidos, líderes locales o potenciales aspirantes a cargos de elección ya superan las 120 y no se conoce hasta ahora ninguna resolución al respecto, pero ya es tiempo de ordenar la casa, incluyendo el uso de disfraces que se delatan por una obvia cauda electorera. Hay que aclarar y resaltar: la libertad de expresión es una garantía constitucional y la participación en el debate de asuntos públicos tendría que ser permanente, y no solo un oportunismo sintomático.

Existen otras áreas fundamentales de la legitimidad partidaria cuya auditoría debe ser rigurosa, dadas las vulnerabilidades actuales: en específico, nos referimos a la justificación del origen de los recursos recibidos y utilizados por las organizaciones políticas. Toda donación dineraria o en especie es lícita, siempre y cuando se declare con especificidad de fuente y monto.

Los costos y patrocinios de recursos para actividades de proselitismo, transporte terrestre, aéreo o acuático, para la elaboración y exhibición de publicidad o uso pagado de redes sociales, se debe declarar, y no en anodinas hojas impresas escaneadas, que son todo un reproceso: se debe digitalizar esa exigencia a través de plataformas modernas. Asimismo, el cruce de cuentas y facturas debería formar parte de la criba democrática. Y los partidos deberían aceptarlo de buena fe, para evitar la infiltración de dineros sucios, al menos si actúan acorde a los valores que pregonan en sus actividades proselitistas.