Imagine estar en un tribunal enfrentando una acusación por asesinato, sin comprender una sola palabra del proceso. Imagine que lo condenan a 25 años de prisión sin haber entendido qué pruebas lo incriminan, qué argumentos lo defienden ni qué posibilidades tiene de salvarse. Esa fue la realidad de María Celestina Tumax Chaclán. Originaria de Totonicapán, Tumax Chaclán se mudó a Sololá, donde administraba una pequeña tienda junto a su hermana. El 29 de abril del 2015 parecía un día cualquiera. Dos hombres entraron alrededor de las 3 de la tarde, pidieron dos cervezas y, al terminar, le ofrecieron un celular como forma de pago, diciendo que no tenían dinero.

María se negó a aceptarlo, pero ellos insistieron y lo dejaron sobre el mostrador antes de marcharse. No imaginó que ese teléfono cambiaría su vida para siempre. Un par de horas más tarde, su vivienda fue rodeada por cuatro patrullas. “¡Manos arriba!”, le gritaron varios agentes. María, una mujer que solo hablaba k’iche’ y unas pocas palabras de español, no entendía qué estaba ocurriendo.

Trataba de interpretar las señas y los gestos de los policías. “Me hablaban, me decían cosas, pero no entendía por qué me llevaban. Solo vi que agarraron el celular”, recuerda Tumax Chaclán con la voz baja. Fue llevada al juzgado sin saber de qué la acusaban. Allí, una abogada se acercó para decirle que asumiría su defensa y, por suerte, hablaba su idioma. Fue entonces cuando María supo que enfrentaba cargos por asesinato, secuestro y plagio. La única prueba en su contra era el teléfono celular que los hombres habían dejado en su tienda y el testimonio de una persona que afirmaba haberla visto en compañía de un hombre al momento del crimen.

“Cuando la abogada me dijo de qué me acusaban, no lo podía creer. Me preguntaban que dónde había dejado el cuerpo, si lo había enterrado o tirado al agua. Y yo, como podía, le decía que no, que no conocía a esa señora, que solo estaba trabajando en la tienda”, relata con angustia. Tumax Chaclán fue condenada a 25 años de prisión. Desde entonces cumple su sentencia en el Centro de Orientación Femenino (COF), Fraijanes. Aprendió a hablar más español durante su encierro, pero todavía no puede leer ni escribir. “Es duro. Se imagina pasar toda la vida aquí sin entender lo que dijeron, sin saber qué firmé, sin saber leer ni escribir”, lamenta.

La justicia no escucha

Marta Juana Tojín, coordinadora del enfoque intercultural del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), ha seguido de cerca casos como el de Tumax Chaclán. “Muchas mujeres indígenas son aprehendidas sin que nadie les informe qué está ocurriendo. No hay servicio de interpretación en el momento de la captura. A veces, ni siquiera en la primera declaración. Y aunque haya intérprete en el juzgado, no es para ellas, sino para el juez”, afirma.

La barrera lingüística en el sistema judicial es una de las mayores vulneraciones de derechos para la población indígena. En Guatemala se hablan 25 idiomas distintos, pero el Estado solo garantiza intérpretes en siete. El IDPP cuenta con 17 sedes con intérpretes y ofrece servicios en idiomas como k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’, mam, achi’, chuj y poqomchi’. “El problema es que no basta con hablar el idioma. Un intérprete debe tener tres habilidades clave: escuchar, hablar y escribir correctamente en ambos idiomas. Además, necesita formación legal básica para poder interpretar correctamente un proceso judicial”, explica Tojín.

El Organismo Judicial (OJ) sostiene que ha avanzado en esa materia. “Actualmente se cuenta con 118 intérpretes, que cubren 18 idiomas indígenas. En el 2024 se realizaron 17 mil 351 interpretaciones en distintos procesos judiciales. Para el primer semestre del 2025 ya se han brindado seis mil 246 interpretaciones”, respondió la institución a una solicitud de información. Sin embargo, reconocen que aún no hay cobertura para idiomas como xinca, garífuna, sipakapense, tektiteko, mopan e itza’. Justifican la omisión por “falta de demanda”, aunque expertos advierten de que la ausencia de intérpretes muchas veces impide incluso que la demanda sea visible.

A eso se suman las restricciones presupuestarias. “El problema estructural más grave es financiero. El presupuesto para este servicio no está acorde con la magnitud de la necesidad”, señala Juan Manuel Castillo, asesor técnico del sistema penitenciario. Pero quizás el mayor síntoma del colapso es la saturación del sistema. Las cárceles tienen una ocupación del 329% para hombres y del 422% para mujeres. La Defensa Pública Penal cuenta con 654 abogados, que deben atender en promedio 44 mil 874 casos al año, es decir, unos 69 casos por abogado.

“Eso afecta gravemente. Un abogado puede tener una mesa de trabajo con 40 privados de libertad, pero en ocasiones le asignan hasta 150. Así no se puede brindar una defensa digna”, reconoce Castillo

Una vida condenada al olvido

Tumax Chaclán ya cumplió 10 años de su condena y de esperar un milagro. “Le pido a Dios que me saque de aquí. Yo no hice nada”, dice mientras se frota las manos con nerviosismo. Su familia la abandonó. Su esposo desapareció y sus hijos dejaron de visitarla. “El primer año vino una de mis hijas y un tío vino dos veces. Después, mis papás se enojaron conmigo, y nadie volvió”, relata con un nudo en la garganta. Hoy sobrevive limpiando el cuarto de sus compañeras, lavando ropa y platos. Teje manteles que una amiga —exconvicta— vende afuera. Con suerte, gana entre Q10 y Q20 a la semana, que le sirven para comprar café, papel higiénico, azúcar y artículos de uso personal.

Hace cinco años logró conseguir el número de su madre, una mujer ciega. La llamó con miedo. “Le pedí perdón por estar aquí. Le dije que confiaba en Dios, que algún día todo se sabría”. Su madre le respondió que la perdonaba y que ojalá se volvieran a encontrar. Pero debido a su edad y falta de recursos, no ha podido visitarla. María sueña con abrazarla otra vez. Sueña con recuperar algo de la vida que el sistema le quitó. Despúes de esa llamada, Tumax Chaclán sintió que volvió a la vida, porque ahora tenía un propósito, que es “volver a ver a su madre”.

Asegura que haber pasado tantos años sintiendo el peso del olvido y que al salir estaría completamente sola le causó mucha tristeza y que solo la fuerza de su fe en Dios la ha mantenido con vida. Hace algún tiempo, se enteró, por medio de una conocida, que sus hijos ya se hicieron padres y que posiblemente sea abuela. No lo sabe con certeza, pero ahora creer que tiene nietos, aunque no los conozca ni los haya visto en fotografías, también la ilusiona. “A veces me imagino cómo son mis nietos mientras tejo. Me encantaría poder hacerles algún detalle con mis manos y dárselos”, relató con lágrimas.

No sabe cuántos nietos son y si al salir de la cárcel le darán la oportunidad de conocerlos, pero el amor que ella ya les tiene alimenta su esperanza de algún día escucharlos llamarla abuela. Con lo poco que gana, intenta reunir algo cada semana. Su mayor anhelo es tener dinero para el pasaje que la lleve de vuelta a su hogar, el día que logre salir. Si su madre sigue viva, quiere llegar hasta ella y abrazarla. No sabe si podrá hacerlo, pero sigue guardando cada moneda con esa finalidad. Este reportaje no pretende determinar si Tumax Chaclán es inocente o culpable, sino exponer lo que ocurre cuando una persona es juzgada sin entender el idioma del proceso.