Treinta y nueve organizaciones indígenas de Guatemala cuestionan el actuar del Ministerio Público (MP) ante la captura de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes fueron procesados por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Pacheco, además, es viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Bernardo Arévalo, quien llegó al poder en medio de procesos judiciales que llevaron a las calles a organizaciones indígenas que reclamaban respeto a la democracia. Ahora, las organizaciones indígenas hablan de un nuevo intento de golpe de Estado.

La detención de ambos es considerada por las organizaciones indígenas como “criminalización y terrorismo judicial”, por lo que en asamblea decidieron defender la “institucionalidad indígena del pueblo maya y xinka”.

Este viernes 25 de abril, una jueza penal envió a prisión preventiva a Pacheco y Chaclán, cuyo arresto desató críticas de la ONU, la OEA y organizaciones internacionales, informó la Fiscalía.

El ente investigador indicó que la jueza Patricia Flores dio valor a los indicios contra los detenidos y resolvió dictar prisión preventiva en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la capital.

El arresto provocó una ola de críticas, entre ellas la del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk; así como la del presidente Arévalo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de 16 organizaciones internacionales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones indígenas fijaron su postura en siete puntos:

1. Las autoridades indígenas y ancestrales, en Asamblea de Pueblos, hemos decidido defender la institucionalidad indígena del pueblo maya y xinka, ante la criminalización espuria y arbitraria que lidera el Ministerio Público en contra de nuestros hermanos y hermanas indígenas, quienes han servido a nuestros pueblos como autoridades legítimas y han cumplido con el mandato encomendado desde sus asambleas comunitarias, entre los cuales está defender los derechos de nuestros pueblos, nuestro territorio ancestral, velar por el bien común, y mantener la paz y la armonía.
2. De lo anterior, como autoridades indígenas y ancestrales de nuestros pueblos, condenamos y rechazamos rotundamente la criminalización y el terrorismo judicial, así como el uso arbitrario del derecho penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas y sus autoridades, quienes libraron la lucha por la defensa de la democracia y exigieron la preservación del precario Estado de derecho en nuestro país.
3. Condenamos las acciones del Ministerio Público y del pacto de corruptos, que, utilizando y aplicando el derecho penal del enemigo y la justicia penal aplicada por jueces corruptos, se están vengando en contra de autoridades que sirvieron y actuaron para evitar el golpe de Estado del año 2023, organizado por el pacto de corruptos encabezado por Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, Consuelo Porras y una gavilla de delincuentes incrustados en el Congreso, las cortes y las propias instituciones del Estado, así como parte del sector privado.
4. Rechazamos de manera categórica la imputación de los delitos que hace el Ministerio Público, fundamentada en indicios irracionales que, tristemente, la señora jueza acepta, cuando evidentemente son insuficientes para ligarlos a proceso por delitos graves. Esperamos que el juez pesquisidor en el caso del señor Edgar Tuy sea más objetivo y no incurra en flagrantes violaciones de derechos, como en el caso de los integrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones del año 2023, a quienes ni el Ministerio Público ni la jueza que escuchó la primera declaración garantizaron el principio de objetividad, legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva. Nos avergüenza el sistema de justicia porque, cuando la ley se aplica a los indígenas, es como la serpiente que solo muerde al pobre y al descalzo.
5. En la audiencia de primera declaración de Luis Pacheco y Héctor Chaclán no hubo indicios racionales suficientes para ligarlos a proceso, pero nos indigna que la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, que no es nuestro, sea considerado un crimen para los corruptos.
6. Ante este embate del Ministerio Público, como autoridades indígenas alertamos a nuestros pueblos y al pueblo de Guatemala que nos encontramos ante un nuevo intento de golpe de Estado. Esta Asamblea de Pueblos Indígenas nos hemos reunido para defender la Institucionalidad Indígena, la cual está en riesgo en estos momentos, por el atentado que está desarrollando el Ministerio Público contra nuestro derecho a la libre determinación.
7. Exigimos al Ministerio Público, al sector justicia y a la institucionalidad indígena creada en esas instituciones, cesar la criminalización de autoridades indígenas legítimas. En caso de que no les parezca convivir con los pueblos indígenas y sus autoridades, que el Ministerio Público y el pacto de corruptos organicen su Estado en los territorios de sus antepasados para que hagan lo que les parezca, y que nos dejen en los territorios que nos heredaron nuestros antepasados para que continuemos nuestra vida.

“No permitiremos el socavamiento de la institucionalidad ancestral de nuestros pueblos y no descansaremos hasta ver a la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, detrás de las rejas”, concluye el comunicado conjunto de las organizaciones indígenas.

Se consultó al MP si tenían alguna postura al respecto, pero aún no responden.

Con información de EFE