A pesar que las pandillas juveniles dieron sus inicios a principios de los años setenta, en Guatemala ya en los años ochenta en las periferias de la ciudad sobre todo en escuelas secundarias y en algunos colegios pudientes del país, se empezaron a ver pandillas o grupos de jóvenes que se organizaban para tener sentido de pertenencia que derivaron en pandillas juveniles, estas pandillas exportaron sus características y organización de migrantes que regresaron al país que vivían en el este de Los Ángeles, California y en el estado de Nueva York.

En Guatemala se fueron dando manifestaciones de las pandillas juveniles con el estilo de Break Dance siendo el estilo popular en los barrios de las periferias y los anti breaks que eran jóvenes de clase media y alta que no aceptaban a las clases bajas, y que constantemente tenían enfrentamientos en la calle o bien en fiestas, provocado por las diferencias sociales y la no aceptación de clases sociales.

En las clases pudientes estos antisociales fueron evolucionando a cometer actos de vandalismo como era el robo a casas de amigos, vehículos y tráfico al menudeo de drogas, mientras que en clases sociales bajas se empezaron a instituir las famosas maras tales como la FIVE en las periferias de la zona cinco, los FANTASMAS en la colonia Florida y Primero de Julio, y la TRES TRES en la zona dieciocho de la ciudad capital.

Posteriormente, con el tiempo se instituyeron las maras como corporaciones al crimen organizado dando paso a la Mara Salvatrucha nacida originalmente por migrantes salvadoreños en el este de Los Ángeles, organización que migró hasta nuestro país, y la del Barrio 18 nacida en las colonias de la zona dieciocho, pandillas juveniles que por su actividad delictiva y la amenaza que generan en la población, se han transformado en un fenómeno de creciente preocupación.

Por mara se entiende a aquellas colectividades sociales, mayoritariamente de adolescentes o jóvenes adultos, quienes comparten una identidad social que se expresa a través del nombre de la pandilla.

La pandilla es un conjunto formado por clicas, grupos a nivel de colonias o barrios, que comparten ciertas reglas y relaciones más o menos jerárquicas y se encuentran dispersos en un espacio nacional o internacional.

Las clicas están integradas por jóvenes locales que comparten la identidad de la pandilla, interactúan a menudo entre ellos, se ven implicados con cierta frecuencia en actividades ilegales, expresan su identidad grupal mediante símbolos que se graban en cuerpos por medio de tatuajes, y en los territorios ocupados por éstas; y para pertenecer a éstas los miembros van cumpliendo etapas para ganarse la aceptación y marcar por medio de tatuajes los logros delictivos en su cuerpo; las etapas son robos, cobros de extorsiones, sicariato, secuestro y conseguir féminas para los jefes de las clicas.

La inquietud evidente del problema de las maras ha hecho que el gobierno en materia de seguridad sea la preocupación más importante del Ejecutivo, y de los actores sociales y políticos.

Estos grupos se han conjuntado en todo el país, manteniendo en vilo y en zozobra a todos los guatemaltecos, que los atrapan en sus redes de criminalidad, al negarse a cumplir sus acciones delictivas, es de hacer notar la inacción de los gobiernos que antecedieron al presente, al no ser drásticos en sus acciones de los antisociales que les permitieron organizarse, actuar con cierta libertad y descontrol en el sistema penitenciario que dicho sea de paso necesita una reestructuración profunda, donde están confinados líderes de las maras de alto perfil, desde los centros ordenan extorsiones, ejecuciones, y quienes se niegan a cumplir sus exigencias son amenazados con consignas de muerte, a sus absurdos requerimientos de extorsión, y que al día de hoy son claros actores mediáticos de claros intereses políticos del país. Pero veamos la Ley del Régimen Penitenciario en Guatemala, Decreto 33-2006, regula el funcionamiento del sistema penitenciario que incluye centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena, y que dentro de su finalidad y objeto es la de garantizar la custodia, seguridad y condiciones favorables para la educación y readaptación social de las personas privadas de libertad. Además, establece principios como la progresividad y la individualización del tratamiento, así como los derechos, obligaciones y prohibiciones de los reclusos, pero lo cierto es que el sistema penitenciario primero no readapta al reo, ni garantiza la custodia puesto que de las cárceles y centros de detención se manejan las extorsiones, sicariato y la desestabilización del Estado, sobre todo del gobierno central. En recientes declaraciones el director de la Policía Nacional Civil indicó que más del ochenta por ciento de crímenes provienen de las maras encontrándose dentro de ellos la extorsión, sicariato, tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, en especial motocicletas entre otros.

Respecto a lo anterior, la Constitución Política de la República es clara en su artículo 1º. de la carta magna al señalar: ”El Estado de Guatemala se organiza para ‘proteger’ a la persona y a la familia”. Hay que interpretar que proteger es defender al ciudadano sin excepción alguna. El Estado como tal ha sido incapaz desde años pasados y en el presente a no cumplir tales preceptos constitucionales… a menudo olvidamos que el sistema de justicia no solo es el Ministro de Gobernación y la Policía Nacional Civil, sino también el Ministerio Público, Cortes y Juzgados. Es deber del Estado y de la sociedad civil, y sobre todo de las élites buscar una reforma integral al sistema de justicia que va desde la seguridad preventiva, correctiva y la manera en que se dicta la justicia, y como derivado de ello los centros donde se cumplirá la sentencia impartida.

Las clicas de las maras Salvatrucha y el Barrio 18 se han conjuntado para cometer crímenes, se asocian como corporaciones del crimen, y toman venganzas para irrumpir el territorio que dominan sus rivales, contratan a menores de edad, amenazando a sus padres, si se resisten a sus requerimientos con la consigna que para ser admitidos tienen la “obligación” de matar, de esa cuenta, los asesinados han alcanzado cifras increíbles, obligando a las autoridades de seguridad a ser capaces en su accionar, demandando el apoyo del ejército para lograr más efectividad en sus operaciones de control y aprehensión de los antisociales que en su conformación es, una especie similar a las clicas salvadoreñas que reciben duro golpe del gobierno vecino.

Estos grupos criminales mantienen en vilo y en zozobra a las autoridades, al extremo que, en fecha reciente, uno de sus líderes fue asesinado en la zona 9. Fue velado en una funeraria de menor categoría de la zona 1, sus rivales tomaron venganza irrumpiendo el velatorio ultimando a sangre fría a 8 personas y un número similar resultó herido. Las autoridades de seguridad conocían el perfil del occiso y ordenaron vigilancia en las inmediaciones y de la funeraria. Sucedió algo inexplicable, agentes asignados a ese control, abandonaron el lugar 3 minutos antes que se suscitara la masacre, fueron dados de baja y son investigados por una supuesta “complicidad con los que cometieron la barbarie”.

El gobierno de Bernardo Arévalo lucha por cambiar el perfil de las fuerzas de seguridad y construyó en Escuintla, la cárcel Renovación, donde fueron confinados reos de alto perfil criminal. Por razones que se desconocen, desistió de construir un centro similar en Masagua, Escuintla. Ha dicho que su misión en los meses que le quedan de gobernar, no baja la guardia en construir prisiones y romper los hilos de comunicación que tienen los internos en los 22 presidios del país, que, con la combinación y colaboración de las autoridades, les permiten el ingreso de armas de fuego, drogas para el consumo e ilícitos prohibidos, y que la mayoría de ellos están llenos de pandilleros.

El titular de la carta del interior, Francisco Jiménez Irungaray, no es un desconocido en el campo de la investigación, es la segunda vez que ocupa esa conflictiva cartera, debe dejar por un lado sus discursos y declaraciones sobre seguridad, y encontrar una mejor estrategia en su gestión, sobre todo inteligencia civil, y en temas de prevención del delito, cambiar al ministro no va solucionar nada, es más se va generar un atraso al poco avance que se ha tenido en materia de seguridad.

Funcionarios policiales han dicho con claridad, hay más de 14 mil pandilleros que cometen crímenes de alto impacto. Fuerzas de seguridad tienen instrucciones de actuar con celeridad, pero los efectos muchas veces son negativos por las acciones delictivas de los criminales que están en algunas ocasiones asociados con narcos y criminales de alto perfil, es una especie de ruleta rusa que los delincuentes le ganan “la partida a la PNC”: que cometen crímenes de alto impacto, muchas veces los hechos quedan impunes por la sagacidad y precisión en que matan, extorsionan y roban los delincuentes, que han amasado fortunas millonarias donde ahora hasta mujeres se han asociado para obtener beneficios económicos y en algunas ocasiones han sido aprehendidas.