Toda una conmoción política y ciudadana causó en México la sanción de retiro de visa impuesta por Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, por presuntos nexos con grupos delictivos. Oficialmente se desconoce la razón de esta medida unilateral en contra de la máxima autoridad de tan estratégico Estado, que tiene 250 kilómetros de frontera con EE. UU. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostiene una postura de defensa de su correligionaria y solicitó una explicación a la administración de Donald Trump, quien declaró en su primer día de gobierno como organizaciones terroristas a los carteles del narco.

En círculos políticos mexicanos se aborda el tema según la perspectiva y conveniencia partidaria. Unos, para enarbolar la lógica presunción de inocencia y otros, sobre suposiciones de nexos con mafias de las drogas, la trata de personas y el trasiego de combustibles. En todo caso, los carteles siguen allí. Según el más reciente informe de la Estrategia Nacional de Control Antidrogas de EE. UU., divulgado esta semana, el número de personas ligadas a esa actividad ilícita en todos niveles es de 250 mil.

La sanción contra la gobernadora Ávila no tiene precedentes y es una brasa para el Gobierno Federal mexicano, que parece padecer las consecuencias de la laxitud impulsada por el antecesor Andrés López. Querer soplar la brasa no la apagará, sobre todo si se anuncian retiros de visa a otros funcionarios en ejercicio de cargos. Como dice el viejo dicho: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Guatemala ha tenido hasta presidenciables presos en EE. UU., confesos por cargos de narco o lavado. Uno ya está libre, en el país, e intenta pasar por impoluto líder. Otro, fundador de la UCN, sigue preso.

Han sido llamativas las detenciones y extradiciones de presuntos capos guatemaltecos, algunos vinculados con la extinta Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que fue un fuerte aliado del anterior oficialismo de Vamos, que adoptó a varios de sus integrantes. En efecto, en el reporte del 2025 sobre narcotráfico y lavado de dinero de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) se detalla el giro de la lucha antidrogas en el país.

El documento reporta que en el 2024 se reactivó la cooperación con el plan Estados Unidos-Colombia, “suspendido por el entonces presidente Alejandro Giammattei”. Dicha estrategia busca el entrenamiento de perros rastreadores, la integración de fuerzas de tarea y la detección de cargamentos de ilícitos en puertos y aeropuertos. En los primeros nueve meses del año pasado —señala el informe de INL— se decomisó tres veces más cocaína que en todo el 2023.

De hecho, se señala a la corrupción como un factor que potencia también las actividades de lavado de dinero ilícito. Se subraya la importancia de la Instancia de Verificación Especial, pero ello contrasta con que no se conocen grandes casos judiciales por este tipo de delito. Sobre el actual Congreso pesa la ausencia de avances en legislación rigurosa para el combate del blanqueo de capitales, una actividad que involucra a empresas de fachada y uso de criptomonedas, aún sin regular en el país. Solo una institucionalidad fuerte, integrada y coordinada puede generar seguridad ciudadana y certeza jurídica. El hallazgo de un laboratorio clandestino para el procesamiento de drogas sintéticas en una casa cualquiera de San José Pinula, esta semana, evidencia la necesidad de más esfuerzos contra un sector que incluso puede comprar partidos.