El Congreso de la República aprobó con 145 votos a favor el Decreto 11-2025, que da vida a la Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.

Con esta decisión, el Legislativo declara a las maras y pandillas como organizaciones terroristas y refuerza las sanciones penales para delitos relacionados con la extorsión, el reclutamiento de menores y otros crímenes graves.

Maras y pandillas, consideradas grupos terroristas

El artículo 2 del decreto establece que se consideran maras o pandillas a “los grupos de tres o más personas que existen con el objeto de cometer uno o más delitos. Se organizan en una estructura jerárquica con liderazgo definido, en grupos y subgrupos comúnmente llamados clicas”.

Estas agrupaciones tienen como objetivo la realización de hechos ilícitos y la generación de terror en la población, con fines primordialmente lucrativos.

La normativa también precisa que estas estructuras están conformadas por clicas o células de al menos tres integrantes, con presencia en áreas específicas del país.

Asimismo, se declara como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas a las organizaciones Barrio 18 y Mara Salvatrucha, junto con sus clicas, subgrupos y cualquier otra agrupación que surja bajo características similares.

Endurecimiento de penas y reformas a otras leyes

El Decreto 11-2025 modifica la Ley contra la Delincuencia Organizada, ampliando los tipos penales para incluir delitos como:

• Violación y agresión sexual.
• Actividades sexuales remuneradas con menores.
• Femicidio.
• Reclutamiento ilícito de menores.
• Extorsión y usura.
• Asociación ilegal de gente armada y uso indebido de uniformes o insignias.

Penas más severas para pandilleros

La nueva normativa impone penas de prisión de 14 a 18 años por obstrucción extorsiva del tránsito, que pueden aumentar en una tercera parte si el responsable pertenece a una mara o pandilla.

En cuanto al delito de extorsión, el Código Penal se reforma para imponer castigos de 6 a 12 años de cárcel, con aumento de una tercera parte si el crimen es cometido por un integrante de pandilla.

El enriquecimiento ilícito extorsivo se sancionará con 14 a 18 años de prisión, y el delito de usura tendrá penas de 4 a 10 años de cárcel y multas entre Q200 mil y Q500 mil.

Además, si el delito es cometido por un extranjero, será expulsado del país.

Presidente aplaude aprobación de la Ley Antipandillas

Horas antes de la votación, el presidente Bernardo Arévalo había hecho un llamado a los legisladores para aprobar de forma definitiva la iniciativa.

Más tarde, el mandatario aplaudió la decisión del Congreso de dar luz verde a la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, conocida como Ley Antipandillas.

En su mensaje posterior, Arévalo destacó que la normativa brindará a las fuerzas de seguridad “las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada”.