El guatemalteco, Tomas Quino Canil se declara culpable por tráfico de migrantes por accidente que dejó más de 50 muertos
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tomas Quino Canil, de nacionalidad guatemalteca se declaró culpable de cargos de tráfico de personas relacionados con el accidente de un camión con remolque ocurrido en 2021 en México, en el que viajaban al menos 160 inmigrantes indocumentados. Con su declaración de culpabilidad, Quino Canil se convierte […]
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tomas Quino Canil, de nacionalidad guatemalteca se declaró culpable de cargos de tráfico de personas relacionados con el accidente de un camión con remolque ocurrido en 2021 en México, en el que viajaban al menos 160 inmigrantes indocumentados.
Con su declaración de culpabilidad, Quino Canil se convierte en el sexto y último de los acusados en este caso en admitir su participación en la conspiración.
El siniestro causó la muerte de más de 50 personas, entre ellas menores no acompañados, y dejó más de 100 heridos, según la información divulgada por el Gobierno de Estados Unidos.
Tomas Quino Canil, de 38 años, fue extraditado a Estados Unidos en 2025 y reconoció haber conspirado con otros traficantes para introducir ilegalmente y transportar a inmigrantes indocumentados, entre estos adultos y menores no acompañados, desde Guatemala, a través de México, hasta Estados Unidos.
«Lamentablemente, esta tragedia evitable ocurrió debido al desprecio insensible de estos criminales por la seguridad de hombres, mujeres y niños, y por nuestras leyes de inmigración, lo que resultó en lesiones graves y muerte en Chiapas, México. Estos acusados explotaron a personas vulnerables y crearon un ambiente con consecuencias fatales, todo por dinero. Estos hechos serán investigados y procesados con todos los recursos de la División Penal», refirió el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
«Los Quinos» podrían enfrentar cadena perpetua en EE. UU. por tragedia de migrantes en 2021
DETALLES DEL CASO
El 9 de diciembre de 2021, Agapito Jorge Ventura, Oswaldo Manuel Zavala Quino, Quino Canil y otros organizaron el traslado de los inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos en un camión con remolque que los transportaría a través de México.
Más de 150 inmigrantes indocumentados, entre adultos y menores no acompañados, fueron hacinados en el remolque. El vehículo terminó por estrellarse al norte de la frontera entre Guatemala y México, cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, provocando muertes y lesiones graves.
Según el comunicado, extranjeros pagaron a Quino Canil y a sus cómplices para ingresar de manera ilegal en el país.
Durante la política de libertad condicional de la administración anterior para inmigrantes indocumentados, uno de los cómplices también facilitó la liberación de guatemaltecos que habían sido introducidos ilegalmente en Estados Unidos, incluyendo menores no acompañados, por parte de las autoridades migratorias.
El documento hace referencia, ese cómplice proporcionó a los demás acusados, entre ellos Quino Canil, guiones e instrucciones falsificadas para que los adultos y los menores no acompañados supieran qué decir a los funcionarios de inmigración en caso de ser detenidos, con el fin de lograr su liberación.
QUINO CANIL ENFRENTA LA PENA MÁXIMA
Quino Canil se declaró culpable de conspiración para introducir e intentar introducir a un inmigrante ilegal en Estados Unidos, poniendo en peligro su vida, causando lesiones corporales graves y provocando su muerte.
Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. La fecha de la sentencia se fijará posteriormente.
El fiscal federal Aaron Reitz, del Distrito Sur de Texas, señaló que con la declaración de culpabilidad de Quino Canil todos los integrantes de la red de contrabando fueron responsabilizados por una de las tragedias de tráfico de personas más mortíferas recientes.
Reiteró que los criminales transportaron a más de 150 migrantes en un remolque, causando la muerte de 50 personas, y afirmó que su oficina continuará persiguiendo a quienes se beneficien de este delito.
¿QUIENES SON LOS OTROS IMPLICADOS?
- Daniel Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable el 7 de abril.
- Josefa Canil De Zavala, de 44 años, se declaró culpable el 11 de junio.
- Alberto Macario Chitic, de 33 años, se declaró culpable el 11 de junio.
- Agapito Jorge Ventura, de 34 años, se declaró culpable el 8 de julio.
- Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26 años, se declaró culpable el 8 de julio.
Zavala Ramos, Canil De Zavala, Macario Chitic y Zavala Quino fueron extraditados de Guatemala en 2025 para enfrentar los cargos.
Agapito Jorge Ventura, de 33 años en ese momento, fue arrestado por las autoridades en su residencia de Cleveland, Texas, en diciembre de 2024.
John A. Condon, director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que este caso evidencia los graves riesgos del tráfico de personas y las consecuencias de quienes lucran con vidas humanas.
“Estos traficantes provocaron pérdidas y sufrimientos inimaginables para decenas de familias”, afirmó, al destacar la colaboración de autoridades nacionales e internacionales para llevar a los responsables ante la justicia.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación fue desarrollada por la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington D. C., en coordinación con HSI Guatemala y HSI México.
En el proceso también participaron diversas agencias estadounidenses que brindaron apoyo para los arrestos y extradiciones de los acusados, entre ellas la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington D. C., HSI Houston, HSI Laredo, el Grupo de Trabajo Internacional de Interdicción de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), la Patrulla Fronteriza estadounidense (USBP), el Alguacil del Condado de Liberty, Precinto 6, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de ICE en Houston, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación para Fiscales en el Extranjero (OPDAT) de la División Penal.
Además, fueron clave para el avance del caso los fiscales del Ministerio Público de Guatemala y las autoridades federales y estatales de México, incluidos representantes de la Fiscalía General de la República Mexicana y de la Fiscalía de Chiapas, con el respaldo de cuerpos de seguridad de ambos países.
El caso está a cargo de la abogada Danielle Hickman, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal, junto con las fiscales federales adjuntas Mary Lou Castillo y Jennifer Day, del Distrito Sur de Texas, con la colaboración de la especialista en América Latina e historiadora de la HRSP, Joanna Crandall.
Según el documento, la investigación y los cargos son respaldados y procesados por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), la principal iniciativa del Departamento de Justicia para combatir el tráfico y la trata de personas de alto impacto cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales (OCT).
El JTFA surgió de una colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e investiga y procesa el tráfico y la trata de personas, así como delitos migratorios conexos que afectan la seguridad pública y la seguridad fronteriza.
Su misión es identificar a los líderes y organizadores de los cárteles y las OCT involucrados en el tráfico y la trata de personas en todo el continente americano.
El fiscal general ha ampliado el alcance del JTFA para centrarse en los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan no solo en México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), sino también en Canadá, el Caribe, la frontera marítima y otros lugares.
Hasta la fecha, el trabajo del JTFA ha resultado en más de 465 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del contrabando y/o tráfico de personas; más de 419 condenas en Estados Unidos; y más de 363 condenas de prisión significativas, además de la confiscación de bienes sustanciales.
Este caso también forma parte de la Operación Recuperar América, una iniciativa nacional que moviliza los recursos del Departamento de Justicia para combatir la inmigración ilegal, buscar la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los perpetradores de delitos violentos.
