Por lo menos seis grandes riesgos fueron identificados por el sector bancario y financiero, si no se avanza en la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República llevaron a cabo ayer una reunión en la que participaron la Superintendencia de Bancos (SIB); la Intendencia de Verificación Especial (IVE) —que funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Guatemala—, y representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), quienes expusieron la normativa.

Los expositores Saulo De León Durán, titular de la SIB; Roberto Ortega Herrera, asesor de la ABG; y José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la CFG, presentaron sus puntos de vista sobre la iniciativa, así como observaciones y la necesidad de avanzar en el proceso de dictamen, discusión y aprobación en el Pleno.

Recordaron que, en febrero del 2027, se llevará a cabo la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un compromiso internacional para el cumplimiento de estándares frente a tipologías modernas de delitos financieros, como el uso de activos virtuales, estructuras corporativas transaccionales complejas, así como el combate al crimen transnacional y a las pandillas, que fueron declaradas como terroristas en Guatemala.

Los miembros de la Comisión acordaron instalar una mesa para comenzar la discusión.

Ley evitaría castigo internacional

Durante la sesión, los participantes reiteraron la necesidad de aprobar la ley actualizada para evitar que el país sea incluido en la denominada lista “gris”, lo que tendría consecuencias económicas y reputacionales.

Se citaron los casos de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Colombia, países de la región que estuvieron en esa lista y que debieron trabajar en la implementación de leyes similares, aplicar nuevos enfoques y fortalecer la responsabilidad de las personas obligadas.

Afectaría remesas e inversión

Los representantes de la ABG y la CFG advirtieron a los legisladores que una eventual designación en la lista “gris” podría tener consecuencias graves, las cuales ya han sido analizadas en el contexto actual del país, tanto para el sector financiero como para los usuarios del crédito.

En un escenario de no aprobación de la ley, se expusieron los posibles impactos: la pérdida de corresponsalías bancarias, la percepción de alto riesgo para la inversión extranjera directa, el incremento en los costos de transacción y una mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Además, se insistió en que, si Guatemala es incluida en la lista “gris”, no podrá escalar hacia una calificación de grado de inversión por parte de las agencias calificadoras. También se anticipa una posible afectación a las remesas, debido al aumento en los controles y costos de las transacciones financieras.

Otra de las consecuencias señaladas en la sesión afecta a importadores y exportadores, en especial en operaciones mediante cartas de crédito y cobranzas documentarias con bancos, principalmente de Estados Unidos. Estas situaciones podrían traducirse en:

• Comisiones mayores: por la confirmación de las cartas de crédito para comercio exterior.
• Efectos colaterales: márgenes más altos.
• Plazos más largos: para revisión y pagos.
• Menor disposición: de los bancos para confirmar cartas de crédito provenientes de un país en lista “gris”.

“Si, desgraciadamente, la ley no fuese aprobada, entonces todas las deficiencias que fueron señaladas en la evaluación de 2015 continuarían, y no solo estas, sino incrementadas, porque han pasado 10 años.

Los requerimientos en materia de lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo se han incrementado por nuevas modalidades, criptomonedas, activos virtuales y similares que se están exigiendo”, afirmó Roberto Ortega Herrera, asesor de la ABG.

Entonces —dijo—, “la importancia de la aprobación es básicamente esa: que Guatemala no debería, bajo ningún punto de vista, correrse el riesgo de caer en una lista gris, porque eso afecta al país”.

Nueva ley es clave ante evaluación

El superintendente Saulo De León Durán recordó que es necesaria la modernización de la normativa. Señaló que el sistema de prevención de Guatemala requiere una renovación total y que “se está contra el tiempo”, debido a la llegada del equipo de evaluadores del Gafilat en el 2027.

“Se necesita una nueva ley que presentar y dar resultados con esa ley. Estamos urgidos de una respuesta oportuna por parte del Congreso de la República. En la reunión hubo bastante receptividad por parte de los diputados para poder avanzar en las discusiones y hacerla realidad”, apuntó el superintendente.

Tiempos apremian para aplicar nueva normativa

En ese mismo sentido, el asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), Roberto Ortega Herrera, explicó que el llamado de urgencia a los diputados de la Comisión de Economía responde a que la ley entra en vigor seis meses después de su aprobación y que se dispone de un año para elaborar los reglamentos.

Por ello, dijo, es necesario acortar los plazos.

Ejemplificó que, si la ley se aprueba en noviembre o diciembre, al cierre del ciclo legislativo, podría entrar en vigor el 31 de marzo. “¿Por qué esperar seis meses? ¿Por qué no acortar el plazo a cuatro meses? ¿Y por qué la SIB no puede elaborar el reglamento en tres meses como máximo? Esto permitiría asegurar que el 30 de junio del 2026 ya se tenga la ley autorizada, sancionada, publicada, vigente y, además, reglamentada. Los tiempos son importantes”.

“Los tiempos están muy apretados, porque queremos que ya pueda estar implementada para las revisiones que comiencen en el segundo y tercer trimestre del 2027, durante la evaluación. Porque, cuando vienen a hacer la evaluación, lo hacen con base en información de meses anteriores”, agregó.

Agregó que lo ideal es que se firme un dictamen y, si se aprueba, mejor que sea este año. Pero, si no hay aprobación inmediata, se deberían acortar los plazos, para que, a más tardar el 31 de marzo o 30 de abril del 2026, la normativa ya esté reglamentada para el 30 de junio.

El asesor subrayó que, de esa forma, el país contaría con un marco jurídico aplicable desde el segundo semestre del año.