Estas son las implicaciones del estado de Sitio decretado en Zacapa e Izabal, en vigencia desde este 15 de noviembre
El estado de sitio declarado por el Ejecutivo en Zacapa e Izabal entró en vigencia este domingo 15 de noviembre, luego de que el Decreto Gubernativo 8-2026 fuera publicado en el diario oficial. La medida tendrá una duración de 30 días y otorga facultades extraordinarias a las autoridades para actuar frente a las estructuras criminales […]
El estado de sitio declarado por el Ejecutivo en Zacapa e Izabal entró en vigencia este domingo 15 de noviembre, luego de que el Decreto Gubernativo 8-2026fuera publicado en el diario oficial.
La medida tendrá una duración de 30 días y otorga facultades extraordinarias a las autoridades para actuar frente a las estructuras criminales que, según el Gobierno, han provocado una escalada de violencia en ambos departamentos.
La normativa establece restricciones a cinco disposiciones constitucionales:
- Libertad de acción
- Detención legal
- Libertad de locomoción
- Derecho de reunión y manifestación
- Tenencia y portación de armas
Esto significa que, durante la vigencia del estado de sitio, las autoridades podrán limitar las reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, e incluso impedir que se realicen actividades de carácter privado.
También podrán disolver por la fuerza concentraciones que no cuenten con autorización o en las que se utilicen armas o se incurra en actos de violencia.
RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN Y DETENCIONES
Otra de las facultades contempladas en el decreto es prohibir la circulación o el estacionamiento de vehículos en determinados lugares, zonas u horarios.
Las autoridades también podrán impedir que salgan de determinadas poblaciones o someterlos a registros, de acuerdo con las disposiciones que se emitan para atender las situaciones que motivaron la declaratoria.
El artículo 6 también permite ordenar, sin necesidad de mandamiento judicial, la detención o confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público por hechos relacionados con las circunstancias que justificaron el estado de sitio, así como ejecutar o promover acciones para restablecer la normalidad.
Además, las autoridades podrán exigir los servicios o el auxilio de particulares cuando sea necesario para mantener el funcionamiento de los servicios de utilidad pública o de aquellos considerados indispensables.
ALLANAMIENTOS SIN ORDEN DE JUEZ
Uno de los alcances de la medida es la posibilidad de ordenar allanamientos en viviendas y otros lugares cerrados sin necesidad de una orden escrita de un juez competente ni permiso de su propietario.
El artículo 7 del citado decreto establece que ello podría llevarse a cabo cuando existan indicios de que en el inmueble se encuentra una persona contra quien se haya librado una orden de captura o detención por alguno de los hechos que motivaron el estado de sitio.
Asimismo, podría actuarse de esa manera cuando se presuma fundadamente que en el lugar hay armas, instrumentos o efectos relacionados con el delito que se persigue.
Aunque no se requiere autorización judicial, el funcionario que ordene el ingreso deberá emitir una orden escrita y los encargados de ejecutarlo tendrán que cumplir estrictamente con el propósito de la diligencia, evitando causar perjuicios a los moradores, reza la norma.
También establece que las autoridades deberán solicitar a los residentes que permitan el acceso y que, ante una negativa, podrán ingresar por la fuerza.

ACTIVIDADES QUE PODRÍAN CONTINUAR
La declaratoria no supone la suspensión de todas las actividades públicas. El documento legal establece que las actividades culturales, religiosas, deportivas, así como las ferias patronales, podrán desarrollarse con normalidad durante los 30 días de vigencia del estado de sitio.
También establece que las restricciones deberán aplicarse únicamente en la medida necesaria para enfrentar a los grupos delictivos y restablecer el orden público. Señala, además, que ninguna persona podrá ser perseguida o molestada por sus opiniones o por actos que no constituyan una infracción a la ley.

CONGRESO CONOCERÁ EL DECRETO EL MARTES
De acuerdo con la legislación nacional, el Decreto Gubernativo 8-2026 deberá ser conocido por el Congreso de la República dentro de un plazo de tres días, para que los diputados decidan si lo ratifican, modifican o imprueban.
El presidente de ese organismo, Luis Contreras, confirmó que el documento ingresó al Legislativo durante la tarde del sábado 14 de noviembre y que él fue notificado entre las 18 y 19 horas. Consultado al respecto, el diputado consideró que la medida tendrá el respaldo del pleno y que sería aprobada durante la sesión prevista para el próximo martes.
Contreras también señaló que, si el decreto no contempla disposiciones en esa materia, el Congreso podría incorporar medidas de transparencia para vigilar el uso de los recursos públicos durante el período de vigencia del estado de sitio.
El documento emitido por el Ejecutivo sí establece el envío de un informe circunstanciado sobre los hechos ocurridos y las medidas adoptadas durante la aplicación de la medida en los territorios intervenidos.