CACIF advierte “serias ilegalidades” en el Presupuesto 2027 y cuestiona su aprobación
Las advertencias sobre el crecimiento y el financiamiento del proyecto de Presupuesto 2027 suman ahora una nueva voz: el sector empresarial organizado, que cuestiona el tamaño de la propuesta, alerta por un déficit equivalente al 4.4% del PIB y refiere «serias ilegalidades». El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se suma […]
Las advertencias sobre el crecimiento y el financiamiento del proyecto de Presupuesto 2027 suman ahora una nueva voz: el sector empresarial organizado, que cuestiona el tamaño de la propuesta, alerta por un déficit equivalente al 4.4% del PIB y refiere «serias ilegalidades».
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se suma así a las preocupaciones que ya han sido planteadas sobre el proyecto, particularmente por el ritmo de expansión del gasto, el mayor endeudamiento y la capacidad del Estado para ejecutar los recursos.
En un análisis sobre la propuesta, este miércoles, CACIF señaló que sus equipos legales analizan lo que califica como “serias ilegalidades” relacionadas con el proyecto; sin embargo, Sergio De La Torre, coordinador de la Comisión Económica de CACIF, fue más directo al dejar clara la posición del sector quien pidió al Congreso de la República “no aprobarlo”.
PREOCUPA ALTO MONTO EN FUNCIONAMIENTO
En su análisis “Consideraciones acerca del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2027”, el sector privado organizado aglutinados en CACIF, advirtió que el crecimiento del gasto debe evaluarse no solo por su monto, sino también por la forma en que se financiará, la capacidad de las instituciones para ejecutarlo y los resultados que pueda generar.
El proyecto asciende a Q192,045 millones, equivalentes a aproximadamente el 17.6% del producto interno bruto (PIB), según recordó Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica de CACIF. El monto supera en 13.8% el presupuesto vigente de 2026 y en 24% el que fue aprobado inicialmente para ese año.
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Lee también señaló que, entre 2024 y 2027, el presupuesto habría acumulado un crecimiento del 65%. Esta expansión, advirtió, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La estructura del gasto planteó las interrogantes durante la presentación de esta mañana.
Por su parte, Fernando Spross, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), señaló que el 67.1% del presupuesto se destinaría a funcionamiento, equivalente a Q128 mil 866.7 millones; el 20.1% correspondería a inversión, con Q38,577.3 millones, y el 12.8% al servicio de la deuda.
Para Spross, esta composición refuerza la necesidad de examinar si el incremento presupuestario está acompañado de una mayor capacidad para desarrollar infraestructura, mejorar los servicios públicos y responder a las prioridades de desarrollo del país.
A esta preocupación se suma la rigidez presupuestaria. El investigador identificó Q67 mil 458.5 millones en transferencias corrientes y de capital, y cuestionó asignaciones y compromisos que, según su análisis, merecen una revisión para determinar su justificación y efectividad.
“Cuando una proporción importante de los recursos tiene destinos previamente establecidos, el Estado dispone de menos flexibilidad para reasignarlos ante emergencias, necesidades nuevas o programas que puedan producir mejores resultados”, agregó Spross.
Por su parte, Sigfrido Lee dijo que uno de los principales focos de preocupación es el déficit fiscal, estimado en 4.4% del PIB, junto con un endeudamiento previsto de Q45 mil 619 millones para financiar el presupuesto.
CACIF advirtió sobre los riesgos de recurrir a deuda para cubrir gastos recurrentes, debido a que esta práctica puede comprometer recursos futuros y reducir el margen de maniobra del Estado para atender nuevas necesidades.
“La discusión, por tanto, no se limita a determinar cuánto puede gastar el Gobierno, sino a establecer si el financiamiento propuesto es sostenible y si los recursos generarán beneficios que justifiquen las obligaciones adquiridas” afirmó Lee.
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CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
Sin embargo, el reto no consiste únicamente en revisar partidas o limitar el crecimiento del gasto.
Por ello, tanto Spross como Lee, proponen vincular las asignaciones adicionales con diagnósticos de las limitaciones institucionales, proyectos técnicamente preparados, capacidad real de ejecución e indicadores que permitan verificar los resultados alcanzados.
De cara a la discusión legislativa, el planteamiento del sector empresarial se concentra en tres preguntas: ¿el presupuesto puede financiarse de manera sostenible?, ¿las instituciones tienen capacidad para ejecutarlo eficazmente? y ¿el gasto permitirá demostrar mejoras concretas para la población?
“Estas interrogantes colocan en el centro del debate la responsabilidad del Congreso de evaluar tanto las fuentes de financiamiento como las prioridades, los compromisos y los mecanismos de rendición de cuentas”, precisó Sergio De La Torre, Coordinador de la Comisión Económica del CACIF.
De hecho, De La Torre, hizo un llamado al Congreso a “no aprobar el presupuesto 2027” y al Presidente Bernardo Arévalo le pidió “no dejar como legado el endeudamiento más grande en la historia del país, a través de un presupuesto ilegal”.
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POSIBLES ILEGALIDADES
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 enfrenta posibles cuestionamientos jurídicos relacionados con el uso del endeudamiento público y las excepciones propuestas al régimen de contrataciones del Estado.
Una de las principales alertas se refiere a la intención de destinar aproximadamente Q22 mil 915 millones provenientes de bonos a gastos de funcionamiento.
Según César Sigüenza, Jefe del Área Legal de la Fundación 2020, esta práctica podría contravenir el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que prohíbe utilizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos.
“Por ello, el alcance de las disposiciones incluidas en el proyecto deberá ser examinado por el Congreso y las autoridades competentes”, apunta el letrado.
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Otro punto de preocupación son las disposiciones que permitirían mecanismos de contratación directa o excepciones a la Ley de Contrataciones del Estado.
Para Sigüenza, estas medidas podrían debilitar la competencia, la transparencia y los controles sobre el uso de recursos públicos si no cuentan con justificaciones claras, límites precisos y mecanismos efectivos de fiscalización.
A estas alertas se suman cuestionamientos sobre la justificación técnica de algunas asignaciones y las transferencias a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que requieren metas verificables, criterios transparentes y controles adecuados para garantizar que los fondos se traduzcan en resultados.
De La Torre fue más allá y solicitó que el déficit fiscal y el aumento de la deuda sean analizados técnicamente por la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala por su posible impacto en la inflación futura y subidas en los tipos de interés.
DISCUSIÓN LEGISLATIVA
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala para 2027 se encuentra en la fase de análisis y discusión dentro de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.
La Comisión está en un proceso de escucha a ministerios, instituciones estatales y organizaciones para que justifiquen sus asignaciones, metas y necesidades financieras.
Al 23 de octubre, el Congreso informó que ya se habían escuchado representantes de 24 entidades y que el proceso continuaría durante la última semana de octubre.