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Estado de sitio en Zacapa: 84 necropsias por arma de fuego, nueve asesinatos recientes y dudas sobre los grupos criminales

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Estado de sitio en Zacapa: 84 necropsias por arma de fuego, nueve asesinatos recientes y dudas sobre los grupos criminales
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Zacapa registraba 84 necropsias por arma de fuego antes del estado de sitio. Gobierno reserva nombres de grupos criminales y EE. UU. emite alerta.

El Inacif contabilizaba 84 necropsias por arma de fuego en Zacapa hasta el 10 de noviembre. Entre el 13 y el 15 se reportaron otros nueve asesinatos, cuatro de ellos tras el anuncio del estado de sitio. El Gobierno no revela qué estructuras criminales busca combatir, mientras Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos evitar Zacapa e Izabal.

El Gobierno de Guatemala no revelará, por razones de seguridad, los nombres de las organizaciones criminales que busca combatir durante los 30 días de estado de sitio decretados en Zacapa e Izabal, mientras los ataques armados continúan en el oriente del país.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respondió a seis consultas de Prensa Libre sobre los grupos identificados, los hechos que motivaron la medida, las razones para incluir a ambos departamentos y las garantías para la población durante las operaciones militares.

“Por razones de seguridad, la información se dará a conocer conforme las condiciones permitan comunicar sus detalles sin comprometer la efectividad de las operaciones. Las autoridades de seguridad comunicarán oportunamente la información que corresponda hacer pública”, respondió la Secretaría al ser consultada sobre las organizaciones identificadas.

La decisión del Ejecutivo se conoció la noche del sábado 14 de noviembre, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado este domingo 15 en el Diario de Centro América.

El documento señala que existen informes de seguridad sobre actividades relacionadas con el narcotráfico, desarrolladas por organizaciones criminales transnacionales y terroristas, que han derivado en ataques contra civiles y autoridades.

Sin embargo, el decreto no identifica por nombre a las estructuras ni establece cuáles serían responsables de los recientes ataques armados registrados en Zacapa.

La violencia continuó durante la declaratoria

Mientras se anunciaba el estado de sitio, dos hombres fueron asesinados en un establecimiento donde se vendían bebidas alcohólicas, ubicado en la aldea El Oreganal, Teculután, Zacapa.

El ataque ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Humberto Jiménez Nájera, de 47 años, y Miguel Ángel Hernández Martínez, de 60.

Uno de los hombres murió en el lugar y el otro falleció cuando los Bomberos Voluntarios lo trasladaban hacia el Hospital Regional de Zacapa, a la altura del kilómetro 145.5, en La Fragua.

Durante la mañana del domingo 15, otros dos asesinatos se registraron en la aldea Los Limones, sector La Vegona, Gualán.

María Olga Solano, de 71 años, y su hijo Julián José Isaí García Solano, de 42, murieron durante un ataque armado en su vivienda.

Según los primeros reportes, desconocidos llegaron al inmueble y llamaron a la puerta. Cuando las víctimas salieron, fueron atacadas a balazos. Ambos fallecieron en el lugar.

Fuentes policiales explicaron que estos dos ataques no estarían relacionados con las estructuras del narcotráfico que motivaron el estado de sitio. Las circunstancias y los móviles continúan bajo investigación.

Los cuatro asesinatos ocurrieron después de la masacre del viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa.

En ese ataque, hombres fuertemente armados, que vestían uniformes camuflados, cascos y pasamontañas, mataron a cinco personas e hirieron a tres mujeres.

Entre los muertos estaban Claudia Verónica Perdomo Salguero, de 41 años, y sus hijos Bryan Steven y Brandon Vinicio Pacheco Perdomo, de 21 y 17 años. La incursión también alcanzó a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), que recibió varios disparos.

Zacapa registraba 84 necropsias por arma de fuego

Antes de los ataques de noviembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) había contabilizado 84 necropsias por heridas de proyectil de arma de fuego en Zacapa, entre enero y el 10 de noviembre del 2026.

Los registros corresponden a muertes documentados antes de los nueve asesinatos reportados entre el 13 y 15 de noviembre en La Majada, Teculután y Gualán.

Los municipios de Zacapa, Gualán y La Unión figuran entre los que concentran más registros forenses por arma de fuego.

¿Por qué se decretó hasta noviembre?

Los hechos que antecedieron a la declaratoria incluyen los acontecimientos del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde murieron varias personas durante una operación en la que se señaló la participación de militares.

También figura la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, donde murieron el diputado Julio Portillo y tres agentes de la PNC.

Prensa Libre consultó a Presidencia por qué la medida se decretó después de la masacre de La Majada, cuando desde septiembre se habían registrado ataques armados y muertes en Huité.

La Secretaría respondió:

“El estado de sitio es una medida extraordinaria que se suma a las acciones de seguridad que ya se han tomado y que se mantienen en todo el país, se fundamente en los informes de inteligencia de las autoridades de seguridad, y en la necesidad de actuar para garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de las comunidades de estos departamentos”.

Agregó:

“Una medida extraordinaria y focalizada de esta naturaleza requiere una evaluación técnica y jurídica. No responde únicamente a un hecho aislado, sino a las necesidades de seguridad identificadas en ambos departamentos”.

Al preguntarle cuáles fueron los acontecimientos concretos que justificaron incluir a Zacapa e Izabal, la Secretaría remitió al artículo 2 del decreto.

“Los fundamentos se encuentran descritos en el artículo 2 del Decreto Gubernativo 8-2026”, indicó.

También afirmó: “La seguridad, protección a la vida y la tranquilidad de las familias guatemaltecas son la prioridad de este Gobierno y, por lo tanto, el centro de todas sus decisiones”.

El artículo 2 del Decreto Gubernativo 8-2026, al que remitió la Presidencia, fundamenta el estado de sitio en informes de seguridad sobre actividades vinculadas con el narcotráfico, atribuidas a organizaciones criminales transnacionales y terroristas, así como en ataques armados, actos de violencia, intimidación y amenazas contra civiles y autoridades.

Sin embargo, la disposición no identifica a las organizaciones involucradas ni individualiza los hechos violentos que justificaron incluir a Izabal. Tampoco precisa qué ataques corresponden a cada departamento.

Los Lorenzana, Mendoza y Huistas

Prensa Libre preguntó a la Secretaría de Comunicación Social si el Gobierno identificó a los Lorenzana, Mendoza o Huistas como responsables de la violencia reciente y si existen organizaciones procedentes de Honduras relacionadas con los acontecimientos.

“La investigación y el esclarecimiento de los hechos que refiere corresponden al Ministerio Público, con el apoyo de las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil. No se difundirá información que pueda comprometer las investigaciones”, respondió Presidencia.

La respuesta no confirmó ni descartó la participación de esas organizaciones en los acontecimientos recientes.

El 13 de noviembre, un día antes de la declaratoria, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los tres clanes guatemaltecos.

El Departamento de Estado designó a los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, mientras el Departamento del Tesoro sancionó a los Mendoza y los Huistas.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a estas organizaciones actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y vínculos con carteles mexicanos.

El Gobierno guatemalteco no estableció en sus respuestas si las designaciones estadounidenses tuvieron alguna relación con la decisión de imponer el estado de sitio.

Los resultados que espera el Gobierno

Sobre los objetivos de los 30 días de operaciones extraordinarias, la Secretaría de Comunicación Social respondió que se busca:

“Proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de sus servicios esenciales. Fortalecer el control territorial del Estado; enfrentar y desarticular a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico”.

Añadió: “Las instituciones actuarán con firmeza y dentro de la ley. Los avances se comunicarán con información verificada y sin comprometer las operaciones”.

La Presidencia no detalló cuántas estructuras pretende desarticular, qué municipios serán prioritarios ni cuáles serán los indicadores para evaluar los resultados.

El Decreto 8-2026 establece restricciones al ejercicio de derechos constitucionales y permite medidas extraordinarias, incluidos allanamientos sin autorización judicial previa en determinados supuestos.

La coordinación de las operaciones corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional, en conjunto con Gobernación y otras instituciones.

Embajada de Estados Unidos recomienda evitar Zacapa e Izabal

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió este domingo 15 de noviembre una alerta de seguridad en la que recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a Zacapa e Izabal durante los 30 días del estado de sitio decretado por el Gobierno guatemalteco.

La representación diplomática informó que el personal del Gobierno estadounidense tiene prohibido viajar a ambos departamentos mientras permanezca vigente la medida.

También recomendó a los ciudadanos estadounidenses que residen en esas áreas actuar con precaución, seguir las instrucciones de las autoridades guatemaltecas e inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad.

La alerta menciona restricciones a la movilidad, toques de queda y limitaciones a las reuniones públicas y privadas, y remite a las disposiciones oficiales guatemaltecas para conocer su alcance.

Las garantías durante las operaciones militares

Prensa Libre también preguntó al Ejecutivo qué garantías ofrece el presidente Bernardo Arévalo para evitar incidentes semejantes a los ocurridos en Huité, donde murieron siete personas, según los registros documentados por este diario, durante una operación en la que pobladores señalaron la participación de elementos del Ejército.

La Secretaría respondió:

“Las fuerzas de seguridad tienen el mandato de proteger a la población y actuar contra las estructuras criminales. Toda actuación dentro del estado de sitio está sujeta a la ley y a los principios de necesidad y proporcionalidad, y debe respetar los derechos humanos”.

Sobre los acontecimientos de Huité, agregó: “Corresponde a la investigación establecer qué ocurrió y determinar responsabilidades. No vamos a anticipar conclusiones ni a dar por probadas las versiones sobre esos hechos”.

La respuesta no detalló qué instrucciones específicas recibieron las unidades militares para los allanamientos, capturas o utilización de armas de fuego durante la vigencia del decreto.

Prensa Libre también trasladó consultas al ministro de la Defensa, por medio de su canal de Comunicación Social, sobre las organizaciones criminales identificadas, los informes de inteligencia que justificaron incluir a Izabal y los controles previstos para los allanamientos.

Asimismo, consultó al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público sobre las investigaciones relacionadas con los ataques recientes y la participación de sus instituciones durante el estado de sitio.

Hasta el cierre de esta publicación, el Ministerio de la Defensa, Gobernación y el MP no habían respondido a las consultas.

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