Con la finalidad de mejorar los procesos de ejecución de las obras que serán ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2027, la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) publicó la nueva normativa que regirá el Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como Snip

Dentro del documento que contiene las nuevas disposiciones se introducen cambios importantes en la manera en que los ministerios, municipalidades y otras entidades deberán presentar, registrar y ejecutar los proyectos que buscan obtener financiamiento del Estado para ser implementados.

La actualización de la normativa, que entró en proceso de socialización a finales de febrero pasado, busca corregir varios vacíos dentro de la planificación pública, como la lentitud en las aprobaciones, la falta de claridad territorial y los vacíos legales para intervenir en tierras comunitarias.

El objetivo principal es que los recursos destinados a escuelas, carreteras y sistemas de agua, entre otros, se traduzcan en beneficios reales y medibles para la población y, al mismo tiempo, evitar el mal uso de los recursos destinados a estos proyectos, han explicado funcionarios de esta entidad.

Requisitos acordes al tipo de obra

Uno de los cambios más notables dentro de la nueva normativa es la incorporación del principio de proporcionalidad. En la práctica, esto significa que ya no se pedirá el mismo nivel de estudio a la construcción de una escuela rural que a un megaproyecto de infraestructura.

“De acuerdo con la complejidad que estos tengan van a haber proyectos que, en efecto, van a presentar un perfil y van a haber proyectos que cuando corresponda van a presentar un estudio de prefactibilidad o de factibilidad. Y también se fortalecen los mecanismos de control para la modalidad de diseño y construcción para que los proyectos se puedan llegar a ejecutar y podamos tener más bienes públicos”, afirmo Enrique Maldonado de la subsecretaria de Inversión Pública para el Desarrollo, de Segeplán.

La nueva directriz establece categorías, ya que los proyectos de menor complejidad podrán formularse a nivel de “perfil”, con datos específicos relacionados con su construcción y diseño, mientras que aquellos de mayor envergadura y costo deberán presentar obligatoriamente estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Con esta diferenciación también se podrá agilizar considerablemente el tiempo de respuesta de Segeplán y reducir los cuellos de botella que tradicionalmente afectan a las iniciativas municipales o de menor escala, indicó el funcionario.

Las normas para el 2027 exigen que el presupuesto de cada proyecto contemple, de manera explícita, el costo de las medidas de mitigación de riesgos, por medio del Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de Inversión Pública (Agrip) y el cumplimiento de las normas de seguridad estructural emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred): NRD-1, NRD-2 y NRD-3, que son fundamentales debido a la alta vulnerabilidad sísmica y climática en el país.

Información de los lugares precisos

La nueva normativa incorpora la obligación de presentar un archivo “geoespacial” en formato Kmz, que es utilizado para almacenar ubicaciones geográficas, rutas, polígonos e imágenes, así como información contenida dentro de mapas en 3D. Esto es obligatorio para todos los proyectos de infraestructura. Según se establece, ya no bastará con indicar en un formulario el nombre de la aldea o las coordenadas aproximadas, ya que de esta manera se busca tener la ubicación precisa del proyecto.

Todas las entidades del sector público deberán subir al sistema SNIP una delimitación precisa del área de intervención o el trazado lineal de la obra, tal como se visualiza en plataformas como Google Earth. Esta medida, aparentemente técnica, tiene implicaciones profundas en la lucha contra la corrupción y la mala planificación, ya que permitirá a los auditores y a la ciudadanía verificar, sin necesidad de una visita de campo, si la obra se ejecuta donde debía y con la celeridad apropiada.

Terrenos comunales

Uno de los aspectos más significativos, y que aborda uno de los temas más complejos en el país, es la regulación de los proyectos en tierras de gobernanza comunal o de pueblos indígenas.

Históricamente, la falta de títulos de propiedad individuales en estas áreas paralizaba la inversión pública, ya que la ley exige que la infraestructura estatal esté asentada sobre propiedades a nombre del Estado o de un particular con cesión de derechos. Las nuevas normas, que van de la mano con la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2025), establecen que será título suficiente un acta de asamblea comunitaria que autorice el uso del bien.

Dicha acta deberá especificar un plazo de uso no menor de 20 años (renovable). También deberá detallar quién será el responsable del proyecto y las obligaciones de las partes. Según se indica, con esta disposición las comunidades que durante décadas han administrado sus territorios de forma colectiva podrán acceder a fondos para construir proyectos de beneficio para sus comunidades, como centros de salud, escuelas o sistemas de agua potable, sin necesidad de violentar sus formas de organización.

Con estas nuevas disposiciones se busca evitar la improvisación en la planificación y ejecución de los proyectos, al tiempo que se agilizan los trámites administrativos para que las obras puedan ser autorizadas y ejecutadas en los tiempos establecidos.

Comunas carecen de planificación adecuada

Aunque Segeplán a impulsado la implementación de estas nuevas normas con el objetivo de agilizar la inversión a nivel nacional existen algunas limitantes principalmente en el interior del país, en donde las municipalidades carecen de medidas para llevar a cabo una planificación adecuada en la ejecución de los proyectos.

Según indica Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), mientras las municipalidades han argumentado que la ejecución de obras se retrasa por situaciones relacionadas con la aprobación de las obras en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), Segeplán argumenta que el problema se debe a deficiencias en la formulación de los proyectos.

No obstante, también asegura que una de las limitaciones que tienen varias municipalidades en todo el país es que carecen de oficinas de planificación para el desarrollo adecuado de los proyectos en sus respectivas localidades.

“Hay muchas municipalidades, sobre todo las del interior, que tienen debilidades institucionales en sus oficinas de planificación. Ahí vemos falta de personal calificado para la formulación de los proyectos. Estudios técnicos de ingeniería para la ejecución de proyectos también con deficiencias, y debemos considerar además que ellos ejecutan una variedad de proyectos. Agua potable, calles, adoquinamiento, pequeños puentes, en fin, una serie de proyectos que requieren de diferentes especialidades en materia de ingeniería”, afirma el experto.

Mendoza considera que se requieren diversos especialistas para el diseño de los proyectos, ya que “no es lo mismo una calle que un proyecto para introducción de agua potable”.

También indica que normalmente en las municipalidades del interior del país no se tiene una oficina municipal que atienda diversas especialidades en proyectos, ya que únicamente en municipalidades como la de Guatemala y en algunos los municipios del departamento central se cuenta con este tipo de oficinas, lo que también representa problemas al momento de ejecutar obras en el interior del país.

¿Qué efecto pueden tener las modificaciones?

A criterio de Selvin García, expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), es importante definir cómo las modificaciones podrán impactar a las municipalidades en la ejecución de obras públicas. También indica que es necesario conocer si los nuevos requisitos pueden tener un efecto “contrario” al deseado, ya que esto podría generar mayores atrasos en la construcción de obras, principalmente en el contexto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y en proyectos municipales.

“Si la modificación es para facilitar, mejorar y agilizar la construcción de la preinversión que se presenta creo que es importante. Ahora si van a cambiar las reglas del juego creo que eso puede generar más mora en todo el sistema. Cuando digo cambiar las reglas del juego, es decir que va a incorporar nuevos requisitos o más requisitos y si estos vienen a ser un poco más dilatorios, lo que va a pasar es que puede haber mucha más obra que no se va a lograr construir “, asegura García.

También indica que, si los proyectos pequeños van a estar exentos de estudios de factibilidad y prefactibilidad, existe el riesgo de que, para agilizar los recursos, la inversión municipal se concentre en proyectos de baja cuantía.

“Los proyectos grandes, mercados, polideportivos, drenajes salones, plantas de tratamiento… van a ser menos prioridad porque son los más complejos en requisitos y es donde Segeplán se ha quedado rezagado. Esta es una analogía: No es lo mismo meterte a una licitación que a una compra de baja cuantía. Me explico”, asegura García.

Por último, considera que, para que las modificaciones al Snip sean viables, Segeplán también deberá poner atención a la falta de personal que tiene para hacer efectivas las revisiones y tener el control a nivel nacional de que se cumpla con la normativa.

“Yo creo que el problema de Segeplán es realmente la falta de equipos técnicos y facilitadores a nivel departamental y a nivel nacional que puedan facilitar y que puedan agilar la evaluación del Snip, porque subió el presupuesto casi al 100% – de los Codedes – entonces no van a tener la capacidad de avanzar en la evaluación de cada expediente”, puntualiza García.

Codedes cuentan con más de Q13 mil millones para el 2026

Para el 2026 los Consejos Departamentales de Desarrollo, (Codedes), cuentan con un presupuesto vigente que asciende a Q13 mil 767 millones 119 mil 462.67. Este presupuesto vigente es el total de la suma del presupuesto asignado a los consejos para el presente año que es de Q7 mil 257 millones 617 mil 728.74 más el saldo de Q6 mil 509 millones 501 mil 733.93 proveniente de los fondos no ejecutados del año anterior y que fueron autorizados por medio del decreto 7-2025 aprobado por el Congreso que contiene la Ley de los Codedes.

Del presupuesto vigente se han ejecutado hasta la fecha Q14 millones 967 mil equivalentes al 0.11% del presupuesto que los Codedes tienen para el presente año.