La fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2 es un duro golpe para la seguridad del país y evidencia que la crisis del Sistema Penitenciario tocó fondo. En esta ocasión no se puede hablar de que los presidiarios salieron en masa, ya que las autoridades reconocieron que la evasión se dio de forma continuada. Ni siquiera saben cuándo ocurrió porque no contaban bien a los reos. Las cárceles guatemaltecas se han convertido en un chiste. Quien tiene dinero para comprar voluntades no solo puede ingresar desde drogas, bebidas alcohólicas, armas, celulares, televisores, refrigeradoras, construir apartamentos, hasta programar sus salidas temporales o totales.

El caso Renovación 1, habilitada sobre lo que fue El Infiernito, es un ejemplo deprimente. Este centro fue llamado pomposamente de máxima seguridad, con escáneres y cámaras para tener control de los internos. Sin embargo, recientemente, 10 guardias de Renovación 1 fueron detenidos tras conocerse que permitían el acceso de objetos prohibidos a cambio de dinero. Las investigaciones demostraron que los reos pagaban Q10 mil por un celular y entre Q25 mil y Q50 mil por un arma de fuego.

¿Cuál es el problema de Renovación 1 y Fraijanes 2? El mismo de todo el Sistema Penitenciario. Se llevan a cabo cambios cosméticos sobre la misma estructura podrida. La evasión concertada de los pandilleros del Barrio 18 es una muestra clara del cáncer que carcome cualquier reforma carcelaria. Hay que decirlo claramente: el Sistema Penitenciario ya no cumple la función básica de resguardar a los reos, sino que se ha convertido en un espacio donde el Estado ha perdido el control frente al crimen organizado. Es imposible que se pueda hablar de rehabilitación, porque los presidios se han convertido en áreas de solaz y esparcimiento de los presos, quienes no solo viven a sus anchas, sino que dirigen extorsiones y crímenes, bajo la seguridad que les brinda el mismo Estado.

Ante la debacle carcelaria del país, los guatemaltecos tienen frente a sí el ejemplo de lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, donde ha logrado controlar la delincuencia en un alto nivel. A ese mandatario se le podrá criticar que viola los derechos humanos y que su gestión es antidemocrática y autoritaria, pero es indudable que en materia de seguridad ha resuelto el problema.

Para nadie pasa desapercibido ese logro. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, envió una delegación a visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y otras instalaciones carcelarias salvadoreñas y le pidió a Bukele cooperación técnica para construir una prisión para cinco mil reos. Chaves ha dicho que adaptará la experiencia salvadoreña a sus propias necesidades.

¿Qué hará Arévalo frente a la crisis penitenciaria? Ofreció construir una nueva cárcel de máxima seguridad para dos mil reos, un censo penitenciario para conocer el total de reclusos y dijo que pedirá la asistencia del FBI en materia de investigación, inteligencia y control penitenciario.

Estas iniciativas parecieran tratar de resolver el problema, a excepción de la nueva prisión para dos mil reos que a corto plazo podría quedar pequeña y replicar el problema de hacinamiento. Si vemos cómo Costa Rica quiere construir una cárcel para cinco mil presidiarios, no se entiende por qué Arévalo no busca una opción de mayor tamaño.

Además, es importante que el gobernante guatemalteco no eche en saco roto la experiencia salvadoreña de control penitenciario. No solo Costa Rica, sino otros países del continente estudian la experiencia de Bukele que ha demostrado efectividad.

Es importante que Arévalo entienda que ya no estamos para cambios cosméticos del Sistema Penitenciario, se requiere un cambio radical para arrebatar a los criminales el control de las cárceles.