El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala atraviesa un momento decisivo. Aunque el pleno fue electo en marzo de 2020 para el período 2020-2026, actualmente solo la magistrada titular Blanca Alfaro ha sido habilitada. El resto de magistrados titulares permanece suspendido por investigaciones relacionadas con la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en medio de un contexto de cuestionamientos al proceso electoral que ha sido utilizado por algunos actores con fines políticos. Ante este escenario, más allá de coincidencias o desacuerdos con las acciones del Ministerio Público, lo esencial es reafirmar que la legitimidad institucional solo puede recuperarse cumpliendo la ley, no debilitando aún más las reglas del juego.

Esta integración del TSE, conformada en su mayoría por magistrados suplentes, no puede ser vista como una administración provisional. Tiene el deber de actuar con independencia, transparencia y responsabilidad. La ciudadanía espera decisiones firmes, alejadas de presiones y apegadas estrictamente al marco legal.

Uno de los puntos clave sigue siendo el sistema de conteo y transmisión de votos. Es fundamental recordar que el sistema tecnológico, como el TREP, es solo un componente complementario. La validación oficial de resultados la hacen las Juntas Electorales, conforme lo establece la ley. En 2023, el sistema contratado por las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central tuvo contratiempos técnicos hacia el cierre de la jornada. Estos incidentes, aunque no invalidaron el proceso, sí dejaron lecciones sobre la necesidad de fortalecer la coordinación, la supervisión y la transparencia, tanto en el ámbito técnico como organizativo.

Otro desafío es el empadronamiento. En la primera vuelta de 2023, más de 3.4 millones de guatemaltecos empadronados no ejercieron su voto. La abstención en la segunda ronda fue del 44.7%. Este nivel de desconexión entre ciudadanía y política debe enfrentarse con estrategias efectivas, especialmente entre jóvenes. En cuanto al voto en el extranjero, si bien está contemplado en la ley, su implementación actual presenta serias dudas. No existe una Junta Electoral específica para el exterior, el procedimiento no está debidamente normado, y los riesgos de manipulación son altos. Además, es un sistema costoso para un país con recursos limitados.

Finalmente, el cumplimiento de la Ley Electoral debe ser riguroso. Ya se observan actividades políticas camufladas de eventos “sociales” o “informativos”. El TSE no puede ser espectador ante estas prácticas. La equidad en la contienda comienza por respetar los tiempos, y eso requiere sanciones claras y sin titubeos.

La actual conformación del tribunal tiene la oportunidad de recuperar el respeto institucional, pero no lo logrará sola. Necesita del respaldo crítico de la ciudadanía, y de una clase política que entienda que sin reglas claras, no hay democracia que proteger.