La agencia evaluadora de riesgo Moody’s anunció el 29 de abril último que mantenía a Guatemala dentro de la calificación en Ba1, con un escenario estable y optimista tras una revisión efectuada en marzo. Es así como el país continúa a un escalón de alcanzar una calificación de grado de inversión. ¿Qué falta para lograrla? Mejoras en gobernabilidad, formalización económica e infraestructura, así como mantener buenas referencias internacionales en materia de rendición de cuentas y cumplimiento de estándares internacionales, entre ellos, la eficiencia en la detección y combate de lavado de activos.

Es allí donde uno de los engranajes financieros de Guatemala necesita cambio total: hace 25 años se aprobó la primera ley de combate de dineros sucios, una herramienta que fue muy útil, pero que se ha quedado rezagada respecto de avances tecnológicos y de la multiplicación de mecanismos utilizados por grupos criminales para canalizar fondos y disfrazarlos de legalidad.

La iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo fue presentada en julio del año pasado, ya ha recibido aval de tres lecturas en el Congreso y solo tiene pendiente la aprobación final y por artículos. Se suscitaron algunas propuestas de modificación que frenaron su avance. Diputados de varias bancadas declaran su apoyo, pero deben tener claro que no se trata de una concesión generosa de su parte, sino el cumplimiento de una obligación de Estado. La discusión decisiva en el pleno está agendada para mañana, una semana antes del fin del primer período ordinario de sesiones. Entre las solicitudes de modificación más frecuentes figura aclarar definiciones como “personas políticamente expuestas”, “sujetos legalmente obligados” o “beneficiario final”.

En realidad, si todo el desempeño personal y profesional de personas obligadas a tener y mantener registros de transacciones o avales se efectúa con probidad y con registros ordenados, no hay nada que temer. Eso sí, la norma debe ser clara y funcional. Muy aparte es si existen intenciones de hacer demasiado casuísticos ciertos artículos, a fin de aparentar apoyo, pero dejando resquicios leguleyos para aviesos fines. Para nadie es un secreto que en el país hay constantes flujos de efectivo proveniente del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas o la extorsión; también de fondos provenientes de actos de corrupción que incluso intentan permear estamentos políticos.

No ocurre solo en Guatemala, y por eso el combate es continental. El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) efectuó su última inspección a Guatemala hace una década, y hará la próxima a inicios del 2027. De no estar actualizada, vigente y trabajando la nueva normativa antilavado, nuestro país podría ser colocado en una lista gris, que echará por tierra los esfuerzos por lograr mejores calificaciones de estabilidad.

Así que no hay tiempo que perder y los diputados no pueden ni deben dejar la aprobación de la 6593 para el próximo período de sesiones, que ya estará cundido de otros afanes. La nueva Ley de Combate al Lavado y Financiamiento al Terrorismo debería quedar aprobada esta misma semana, porque precisará de una implementación intersectorial que podría llevar semanas o meses. Así que la preocupación no debe ser solo semántica, sino también estratégica y operativa. Cualquier dilación, boicot o sabotaje a su aprobación final estaría poniendo de inmediato caras y nombres, de personas y bancadas, no en una lista gris, sino negra, dentro y fuera de las fronteras.