La falta de capacidad del gobierno para establecer un diálogo efectivo podría detonar un escenario de conflictividad social aún más agitado. A la herencia de resentimientos del conflicto armado interno se suma una cultura marcada por la violencia como vía de resolución de conflictos. Esta combinación podría volverse peligrosa si sectores “oportunistas” aprovechan las protestas para impulsar demandas ajenas, profundizando así la crisis social, indican analistas.

La movilidad se vio afectada en el país este lunes 28 de abril por los bloqueos en distintas carreteras. Las manifestaciones son lideradas por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que rechaza la captura del viceministro de Energía y Minas y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, y de Héctor Chaclán, también dirigente indígena, detenidos el 23 de abril pasado y ligados a proceso penal por terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Ante las amenazas de bloqueos que se hicieron días atrás, representantes del sector empresarial interpusieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción.

El domingo 27 de abril, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Cámara de Comercio ante los bloqueos y este lunes advirtió al presidente Bernardo Arévalo que garantice la libre movilidad. Ante este panorama, las autoridades, especialmente el Ministerio de Gobernación, tienen el reto de acatar las disposiciones del máximo organismo de justicia.

Diferencia de criterios

El politólogo y excoordinador de la Comisión Presidencial de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, considera que el país ya enfrenta un clima serio de desacuerdo, pues mientras algunos sectores defienden los bloqueos como una forma legítima de presión para hacer cumplir sus demandas, otros consideran que estas acciones solo provocan daños económicos y sociales.

Balcárcel dice que una de las preocupaciones es que la sociedad guatemalteca aún está bajo los efectos del enfrentamiento armado interno que duró 36 años, y por esa razón el problema se vuelve vulnerable ante la orientación para resolver las disputas con expresiones de violencia.

“Me preocupa mucho que, porque muchos no tienen contexto de lo que sucede, se genere un enfrentamiento realmente. Sería muy lamentable para toda la sociedad”, señaló.

En ese sentido, el exfuncionario sostiene que las capturas se dieron porque hay desconocimiento del derecho indígena, de sus costumbres y de la forma como están organizados a lo interno los 48 Cantones, al afirmar que los señalados solo representan las demandas de sus comunidades.

“Y entonces, al desconocer esos mecanismos, lo más fácil es individualizar culpables, cuando son resoluciones, directrices, mandatos colectivos de las comunidades hacia sus líderes o dirigentes que además ocupan cargos temporales”, precisó.

Balcárcel dice que el tema puede agravarse si el gobierno no interviene y atiende a los sectores que buscan ser escuchados.

“El gobierno debería recibir el petitorio y dialogar con los dirigentes de Codeca. Eso le bajaría bastante al problema. Yo estoy seguro de que eso lo puede negociar y pueden lograr que den marcha atrás con las medidas de hecho”, acotó.

Movimientos aprovechados

Para Mario Mérida, exviceministro de Gobernación, las protestas son expresiones de solidaridad con los líderes indígenas. Sin embargo, estos movimientos pueden ser aprovechados por otros grupos y organizaciones para exigir otras demandas o con la intención de “agitar más el ambiente”.

“Por eso fue que Codeca dijo que tiene su propia agenda para tratar de protegerse. El otro tema es ¿cómo el gobierno va a hacer cumplir lo resuelto con la Corte de Constitucionalidad para retirar los bloqueos, porque están advertidos que no debería ocurrir?”, cuestionó.

Agregó: “El presidente también deberá cumplir al reunirse con Codeca, y eso surge por el anuncio precipitado de que se reunirá con los representantes de los 48 Cantones. Ahora lo compromete, porque hay independencia de poderes, hay autonomía del MP. El presidente solo puede expresarse en solidaridad con los 48 Cantones, porque aseguraron el proceso democrático y la transición”.

Mérida recomienda establecer una comisión de crisis para atender este tipo de problemas. También recalcó que está vigente el Consejo Nacional de Seguridad, encabezado por el mandatario, que se convierte en comité de crisis cuando hay situaciones que solo un ministerio no puede resolver.

“Hay resistencia de los últimos gobiernos para establecer ese comité para atender y prevenir este tipo de situaciones e impedir que escalen a niveles de ingobernabilidad”, puntualizó.

Presiones al gobierno

• Las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y diferentes sectores sociales han expresado su rechazo al aumento salarial base de Q46 mil 700 que los diputados aprobaron.
• El Ministerio de Salud mantiene una mesa técnica de diálogo para discutir el aumento salarial a los salubristas, esta vez con el Sindicato Nacional San Juan de Dios, que plantea un incremento de Q2 mil más de lo que propone la cartera.
• El líder magisterial Joviel Acevedo advirtió que las manifestaciones del magisterio continuarán, si no se continúa el diálogo para aprobar el pacto colectivo de los maestros.
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  El 5 de abril entró en vigor un arancel del 10% para las importaciones a Estados Unidos de productos guatemaltecos, según lo dispuesto por el presidente Donald Trump. En ese sentido, autoridades del Gobierno de Guatemala afirmaron que cuentan con una hoja de ruta para negociar este tema arancelario con EE. UU.