La fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 puso en evidencia —por enésima vez— la debilidad del Sistema Penitenciario y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de controlar uno de los mayores focos de corrupción del sistema de justicia. Pero en esta ocasión, además del descontrol en las prisiones, que no es exclusivo de la administración de Bernardo Arévalo, subyace una muy clara estrategia de aprovechar esta crisis política para desestabilizar al gobierno y abonar a la ingobernabilidad.

No se necesita ser muy perspicaz para definir como escenario de crisis a las cárceles del país, ni muy imaginativo para orquestar un plan que implique una fuga masiva de reclusos, tomando en consideración que las prisiones en Guatemala han sido escenario recurrente de motines, ajustes de cuentas, secuestro de visitantes y autoridades penitenciarias, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre reos con saldos mortales.

Haya sido un plan urdido con estos fines o no, lo cierto es que ahora (de nuevo) el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta le está “sacando el jugo” a la ocasión y va a intentar convertir lo sucedido en un nuevo embate para desaforar al presidente Arévalo, a partir de la “investigación” que, para variar, tiene desde ya un sesgo y una intencionalidad. La alocución de la fiscal general en la conferencia de prensa en la que anunció el allanamiento al ministerio de Gobernación (Mingob) y las órdenes de captura contra funcionarios de alto nivel mostró con claridad algunas de las “cartas” que van a jugar.

Como viene siendo costumbre, no fue una presentación técnica, sino un discurso eminentemente político, muy alejado de la neutralidad que debiera tener el ente investigador. Con tono de sermón o prédica, se habló hasta de “batalla cultural” y, en reiteradas ocasiones, Porras Argueta se refirió a la fuga como un “hecho sin precedentes”. Se ve que la funcionaria tiene corta la memoria y “borró” de su mente —de manera intencional— episodios similares que se han dado en los sucesivos gobiernos. Si no lo ha hecho aún, le recomiendo buscar la publicación dominical de Prensa Libre “Cárceles: larga historia de fugas y corrupción”, que detalla fugas, motines y masacres dentro de las prisiones.

Y con esto no quiero decir que no se investigue y se determine la responsabilidad de todos los implicados en este hecho tan grave e indefendible. Lo que digo es que, con una cúpula como la actual en el MP, resulta prácticamente imposible confiar en que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad para determinar exactamente lo que pasó y que este caso no sea utilizado en la cruzada golpista en la que están empeñados desde el día 1. Sería pedirle peras al olmo.

A Arévalo se le vuelve a presentar la oportunidad de sortear esta crisis y recuperar el terreno que ha perdido en otras tantas ocasiones. Liderar la transformación del sistema penitenciario y recuperar el control de las cárceles (sin caer en la receta de las violaciones masivas a los derechos humanos) le valdría reconquistar la confianza ciudadana que se ha ido esfumando. Ya dio un primer paso: colocar al frente del Mingob a Marco Antonio Villeda, reconocido juez anticorrupción.

Imprescindible, además, que los organismos de inteligencia civil del Estado —Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y Consejo Nacional de Seguridad— tengan capacidades institucionales para brindarle conciencia situacional (saber qué pasa) y alerta temprana al presidente. De lo contrario, las crisis se van a ir generando una tras otra, y todas serán aprovechadas por Consuelo Porras, la capitana del Pacto.