En 2023 fueron los pueblos indígenas, liderados por las autoridades ancestrales, quienes lograron hacer respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De no ser por las masivas movilizaciones en defensa de la democracia y del voto popular, se habría instaurado en Guatemala un régimen autoritario producto de un golpe de Estado que tuvo como principal protagonista al Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta.

Tras la segunda vuelta electoral y hasta el mismo 14 de enero de 2024, día de la toma de posesión, el Pacto de Corruptos —utilizando como principal herramienta el poder punitivo de la Fiscalía General— intentó impedir la llegada a la presidencia del binomio del Movimiento Semilla. Hubo de todo: fabricación de un caso espurio por un supuesto fraude, allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestro de las papeletas de votación, procesos penales en contra de autoridades y empleados electorales y un largo etcétera.

La comunidad internacional que acompañó el proceso con dos misiones de observación encabezadas por la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos no solamente refrendó los resultados electorales, sino destacó el papel trascendental de la sociedad guatemalteca, especialmente de los pueblos indígenas y sus autoridades, para evitar que se concretara el golpe de Estado por la vía judicial. Todo eso sucedió y quedó documentado.

Aunque Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron sus cargos, la estrategia desestabilizadora y golpista no se detuvo. Es más, el MP (en alianza con sus jueces y juezas socios) continuó sin freno la fabricación de casos espurios y el uso del derecho penal para criminalizar/castigar/perseguir a actores democráticos que le han plantado cara a la alianza golpista y corrupta.

La apuesta del gobierno de Arévalo de “convivir” con Porras Argueta hasta que llegue la fecha del cambio de fiscal general en mayo de 2026, salvo que en el Congreso se reforme la Ley del MP para que el presidente la destituya (cosa improbable, sobre todo cuando no se ve por ningún lado el ejercicio de poder político desde la Presidencia), se tradujo en un debilitamiento acelerado del gobierno que está siendo promovido/aprovechado por la cúpula de Gerona, que hará lo imposible por evitar que sea Bernardo Arévalo quien nombre al próximo jefe/a del MP. Esa es la apuesta y en eso están.

Las capturas de Luis Haroldo Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, organización que encabezó el Paro Nacional 2023 y fue artífice de la defensa democrática, evidencia —una vez más— la instrumentalización que el MP hace de la justicia. Acusarlos de los delitos de terrorismo, asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia no solamente violenta derechos constitucionales, sino que es una afrenta en contra de los pueblos y su organización comunitaria. Pacheco y Chaclán, como el resto de autoridades indígenas, fueron electos por la asamblea general y no actuaron de manera individual, sino en representación de sus pueblos.

El “caso” —como casi todos los procesos de criminalización que lleva adelante el MP— siguió los mismos patrones: se declaró bajo reserva, se esperó a tener una jueza ad hoc para conocerlo, se dictó prisión preventiva y se acompañó de una campaña de hostigamiento, amenazas y desprestigio desde cuentas afines a la Fiscalía (incluso se colocó pauta en redes).

La solidaridad y el apoyo de la población con los pueblos indígenas y sus autoridades, en este momento de persecución y ataques, se hacen indispensables. Pero urge también una acción contundente y de ejercicio del poder político y democrático (no solo con discursos o tuits) de Bernardo Arévalo y su gobierno. Es ahora.