Después de la Cicig, la reforma judicial

Luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, el proyecto era ambicioso para Guatemala: establecer una sociedad democrática después de 36 años de conflicto armado interno. Sin embargo, esa intención se topó con el raquitismo de las instituciones de justicia y con la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) en el país.

Por ello, en 2004, el gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas (ONU) investigar y perseguir a estos grupos. En diciembre del 2006, se firmó el acuerdo entre el gobierno y la ONU para establecer la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), pero es solo hasta el año 2007 que entra en funciones. Había nacido una instancia que buscaba desmantelar las estructuras criminales ilegales que operaban dentro y fuera del Estado y que se empeñaban en obstruir los procesos de justicia. No buscaba sustituir a tribunales ni cortes o emitir sentencias, sino desmantelar estructuras y fortalecer a las instituciones estatales y al sistema de justicia.

Hasta allí, todo bien. Pero la Cicig se enfrentaba a un monstruo de gran tamaño que iba desde la delincuencia común y organizada hasta la ausencia del Estado de derecho, el secuestro de las instituciones del Estado y la presencia de mafias relacionadas con actividades económicas ilícitas, con la corrupción y crímenes políticos. Importaba el porqué de su creación, pero importaba más salir de una clase política corrupta, de sus socios y financistas, así como de las mafias, los narcos y, en general, del crimen organizado. A quienes soñábamos con una democracia posible, nos importaba dejar de sentir el peso de la impunidad, salir de la empresarialización de la política y de la partidocracia que nos tenía de rodillas. No es que la ciudadanía guatemalteca escuchara algo nuevo, es que la Cicig nombraría en público lo que decíamos al oído, y al nombrarlo, lo haría existir. Y sucedió. Hoy tenemos más claro quiénes conforman eso que llamamos Pacto de Corruptos.

En el 2015, la Cicig había ya investigado innumerables casos y la ciudadanía salía a las calles sintiendo vivir una nueva primavera democrática. Esto duraría un par de años más. Redes de poder, corrupción y lavado de dinero fueron develadas, se nombró el asalto al Ministerio de Salud, hubo casos como el Fénix, Caja de Pandora, Odebrecht, IGSS-Pisa, TCQ, lago de Amatitlán, bufete de la impunidad, Alaska, Polochic, adopciones ilegales, Rosenberg; se habló recio de financiamiento electoral ilícito, de negocios en la industria militar, entre más. La Cicig tocó a tantos sectores y personas que, durante el gobierno de Jimmy Morales, hace 7 años, tuvo que salir de nuestro país. Poco a poco, y con el apoyo de un MP y unas cortes que operaron todo estos años para las mafias, se reconfiguró el Pacto de Corruptos.

La Cicig, como actor calificado e imparcial, lanzó una bomba en la Guatemala de la impunidad, el silencio y el miedo. Dijo recio que los políticos son financiados por el capital emergente y tradicional y también hizo importantes señalamientos a medios de comunicación como la TV abierta. Nos haya gustado o no, la Cicig se trajo abajo un castillo de arena sobre el cual se había construido una pseudodemocracia. Siete años después y de cara a las próximas elecciones, veo lo mal que sigue estando el sistema de justicia en Guatemala. Tenemos un muy reciente y nuevo fiscal en el MP y un nuevo ministro de Gobernación, a quienes les damos el beneficio de la duda, a pesar del corto tiempo que les queda, pero las cortes siguen estando en las mismas manos. La reforma judicial en Guatemala es urgente, porque hoy tenemos leyes que se han convertido en mecanismos de impunidad, jueces que ejercen la justicia según el monto de la caleta, instituciones que siguen secuestradas y un Pacto de Corruptos que, como las cucarachas, se resiste a extinguirse. Reformar el sistema de justicia es el gran desafío.