Guatemala es un país cuya desigualdad es una de las mayores de América Latina con un 60% de la población en pobreza. Junto a eso, casi la mitad de la niñez está desnutrida. Apenas el 60% de la población tiene acceso a saneamiento. Las municipalidades son las encargadas del tratamiento de agua en las zonas urbanas donde literalmente no hay sistemas para lo anterior, de tal forma que las fuentes de agua y los ríos se encuentran totalmente contaminados. O sea, por ley las municipalidades deberían tener plantas de tratamiento que funcionen, pero ni plantas tienen, porque la ley no les importa, como lo ha hecho ver repetidamente la ANAM, un grupo de alcaldes organizados para no cumplir la ley: Asociación Nacional de Alcaldes. ¡Vaya grupito!

Los datos sobre calidad del agua son espeluznantes en este país no país: Más del 90% del agua está contaminada. En el Sur y en el Norte, los grandes monopolios del azúcar y la palma africana han desviado ríos, se han apropiado de fuentes de agua y contaminan a diestra y siniestra el agua, no digamos las mineras a cielo abierto de metales preciosos o de materiales de construcción, o de las ocultas Tierras Raras, 17 materiales fundamentales para las aplicaciones tecnológicas modernas. Las mineras son quienes más dañan al medio ambiente y por lo tanto al agua. En el Oriente se tiene uno de los ríos más contaminados del planeta, el Motagua, otrora usado por los militares para lanzar los cadáveres de los revolucionarios asesinados en la guerra civil guatemalteca y ahora un río que atasca de basura a Honduras, que es desde donde escribo hoy.

Estos indicadores reflejan la urgencia de disponer de estrategias para el manejo integral del agua. Las consecuencias del mal manejo del agua y en el peor de los casos de la ausencia de manejo, esto es, nula gobernanza, afectan directamente la salud pública, la eficiencia económica y pueden causar inestabilidad política. Se dice que las próximas guerras serán por el agua. Por eso es fundamental disponer de una ley de agua que pueda regular de forma pertinente a la extracción, distribución, uso, reúso y tratamiento de agua y sus sistemas asociados de recarga hídrica, bosques. Esto es que pueda regular el ciclo social del agua en comunidades específicas de cuencas concretas. El ciclo natural del agua es importante, pero el ciclo social del agua, es fundamental. Una revisión reciente de la literatura sobre el manejo del agua refleja que: «En varios países latinoamericanos, los deficientes sistemas estatales de gestión del agua han estimulado los esfuerzos de privatización, impulsados por la búsqueda de una mayor rentabilidad»¹. Y este es el peligro, el peligro de la ley de agua, el peligro del agua.

La decisión del gobierno de Guatemala de crear un Gabinete del Agua es una buena decisión. El gabinete está supuestamente dirigido por la vicepresidenta de la República Karin Herrera, en el papel, además se involucra a varios ministerios, donde resalta la actividad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también resalta la ausencia de la vicepresidenta Herrera. Para variar, la vicepresidenta ha estado ausente de este importante proceso, anda ocupada en sus clubes de ciencia como niña exploradora, siempre llevándole la contraria al presidente. Quien realmente ha dirigido el proceso es la ministra Patricia Orantes. La metodología de creación de la ley, aunque bien intencionada, tiene algunos errores que ojalá no le pasen factura al proceso de elaboración de la ley.

En principio, un proyecto de esta naturaleza requiere de un plan que revise las decenas de propuestas de ley ya hechas, analizar sus fortalezas y sus debilidades. Eso pide por académicos y comunitarios analizando estas propuestas e informando de sus resultados, informando de resultados concretos, no solamente de que todo va muy bien, pero sin decir ningún resultado. Segundo, hay adelantos sobre nuestro conocimiento de la forma en que las comunidades conciben el agua y perciben qué debería enfocarse en una posible ley de agua. De esos resaltan los Diálogos del Agua liderados por la Universidad de San Carlos en el 2016. Este debe ser un insumo básico de la construcción de la ley. No se sabe si revisaron los resultados de los Diálogos del Agua de la Usac o solamente se pusieron a repetir el proceso, inventando el agua azucarada, por supuesto.

Junto a eso existe investigación científica, tecnológica, social, antropológica sobre agua en comunidades específicas de Guatemala y otras partes del mundo, resultados que también deben ser insumos clave. Todo eso debe mostrarse explícitamente que ha sido revisado y eso no lo puede hacer una sola persona y menos un solo consultor. El diseño del proceso de la elaboración del agua debe ser un proceso colectivo, que incluya a las comunidades, a los empresarios, a los y las ciudadanas, a los centros de investigación, a los centros de política pública. Es un proceso de construcción social, de consensos. Eso parece que no se está dando.

La otra ausencia es la ceguera que se muestra sobre la investigación científica en aprendizaje del agua. A partir de la década de los 80 del siglo pasado emergen las comunidades científicas sobre el aprendizaje de la ciencia, que incluyen los amplios estudios reportados en revistas especializadas como Journal of Science Education, Journal of Research in Science Teaching, International Journal of Science Education, Journal of Science and Technology Education, Revista Iberoamericana de Educación Científica, Revista Enseñanza de la Ciencia y decenas de revistas, congresos y seminarios donde se ha reportado la forma en la que los estudiantes aprenden física, química, biología, matemática, tecnología, ingeniería y con ellos los reportes y congresos sobre el aprendizaje del agua, esto es, aprendizaje del concepto de cuenca hidrográfica, de los principios de conservación de la masa y la energía y su relación con el ciclo del agua, las nociones de cambio de fase. Esos estudios ni se conocen en el proceso de la construcción de la ley de agua de Guatemala porque no se ha hecho una verdadera revisión de la ciencia no solamente detrás del entendimiento del agua sino detrás del aprendizaje y enseñanza sobre el agua.

El proceso de la construcción de la ley de aguas, o el camino de la ley parece que es una carrera que hacen los tecnócratas por la ley y no el proceso de consenso que requiere de un tiempo de reflexión y no solamente un tiempo de justificación. Sí, la ministra frecuentemente emite mensajes positivos sobre el proceso, pero no nos dice a qué conclusiones específicas están llegando. En una reciente entrevista indica que todos los grupos participan, pero no es cierto que los centros de investigación científica y tecnológica hayan sido invitados a estos «diálogos» que han sido descritos por quienes asisten como monólogos. Eso sería algo grave.

Entonces, se hace necesario un estudio profundo de lo hecho en el mundo en materia de ciencia, tecnología e ingeniería del agua, en materia de aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la ingeniería del agua, así como de las prácticas de gobernanza del agua, locales e internacionales. Ese trabajo no sale de unos «diálogos». La gobernanza del agua está profundamente influida por las desigualdades históricas y mediada por una visión actual de agua como mercancía y una visión equivocada de que hay cantidades infinitas de agua. Para que la ley que se haga funcione en el futuro y no sea otro proceso fallido de intento de ley, porque a los grandes poderes económicos de este país en el fondo no les interesa que se norme el uso del agua como bien público, debe entenderse que el agua no es solamente un recurso, es un conector social, es un elemento que media la construcción de nuestras identidades culturales. Si la ley va a ser pertinente debe lograr una gobernanza del agua equitativa en un inequitativo país construido sobre profundas desigualdades y profundas injusticias. Así que, hagamos la ley, todos, hagámosla pertinente socialmente porque si no es ahora, no será nunca.

¹ Desafíos de la gobernanza del agua en América Latina: una perspectiva biopolítica de Fernando Ramos-Zaga.