La libertad de locomoción es un derecho humano, civil y constitucional reconocido. Toda persona tiene derecho a transitar, entrar, permanecer y salir del país sin restricciones arbitrarias, tal como lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República de Guatemala y lo respaldan tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho solo puede limitarse por razones legales justificadas y bajo condiciones excepcionales.

Sin embargo, en la práctica este derecho ha sido vulnerado con frecuencia en Guatemala. Los casos más visibles son los bloqueos de carreteras. Para algunos responden a demandas legítimas; sin embargo, el método utilizado genera consecuencias negativas para miles de personas ajenas al conflicto.

El derecho de manifestación también está protegido por la Constitución, pero debe ejercerse de forma pacífica, sin armas y sin afectar los derechos de otros ciudadanos. La Corte de Constitucionalidad ha señalado en varias oportunidades que los bloqueos constituyen un abuso que vulnera otros derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud y la libre circulación.

La semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó un estudio que documenta el fenómeno de los bloqueos viales entre 2015 y 2024. Durante ese período se registraron cuatro mil 420 bloqueos, lo que equivale a más de uno por día durante 10 años. El promedio anual fue de 442, pero en 2023 la cifra se disparó a mil 241. Solo en octubre de ese año se registraron mil 11 bloqueos, es decir, el 82% del total anual. El 64% de los bloqueos de toda la década ocurrió entre 2021 y 2023. En promedio, cada día de esos tres años hubo casi un bloqueo en algún punto del país.

El estudio señala que los departamentos más afectados fueron Suchitepéquez (9.2% del total), San Marcos (8.6%), Guatemala (7.4%), Alta Verapaz (6.5%), Quetzaltenango (6.3%) y Retalhuleu (5.6%). A nivel municipal, los más golpeados fueron Guatemala, El Estor y Retalhuleu. Estas cifras reflejan un fenómeno extendido y reiterado que afecta la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Los efectos de los bloqueos son múltiples: dificultan la movilidad, obstaculizan el comercio, elevan los costos logísticos, afectan el turismo, interrumpen el suministro de alimentos y medicinas, y generan tensión social. En casos extremos se han reportado agresiones, intimidaciones y retención de ciudadanos. Algunas protestas han dejado de ser pacíficas y han adoptado formas coercitivas ilegales. Muchas personas se ven afectadas como trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, pacientes que pierden citas médicas, comerciantes que ven sus ingresos afectados o estudiantes que no pueden asistir a clases.

El problema no se limita a los daños materiales. Estas prácticas erosionan la confianza en el Estado de derecho y normalizan el uso de la ilegalidad como herramienta política. El mensaje que se transmite es que quien cierra una carretera tiene más poder que quien respeta las leyes. Esto genera frustración, división y una peligrosa percepción de impunidad.

El estudio del Cien recomienda reforzar la difusión del valor de la libertad de locomoción como un derecho esencial para la convivencia y el desarrollo. Garantizar que las autoridades actúen con firmeza y dentro del marco legal para restablecer el paso y proteger a los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia para documentar los hechos, liberar a las personas retenidas y deducir responsabilidades. ¡Defender el derecho no es un acto de fuerza, sino de responsabilidad institucional!