Toda persona que transite por la 9a. avenida, entre 3a. y 4a. calles de la zona 1 capitalina, se encontrará, todos los días, con una fila de pacientes de todas las edades, muchos de ellos en sillas de ruedas, en espera de su turno para someterse a una sesión de hemodiálisis en la sede de la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, del Ministerio de Salud. Esta entidad, junto a hospitales de todo el país, diagnostica anualmente unos cuatro mil casos nuevos. Ello implica una demanda creciente de recursos económicos para brindar la atención necesaria, según el grado de avance del padecimiento.

¿En qué consiste la enfermedad renal crónica (ERC)? La Organización Panamericana de la Salud (OPS) la define como la pérdida gradual del funcionamiento de los riñones. Estos órganos del cuerpo se encargan de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados en la orina. Cuando la ERC alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos pueden acumularse en el cuerpo. Y este tipo de deterioro continúa en aumento por causas asociadas a la hipertensión, la diabetes o una dieta con exceso de sodio, aunque también existe una enfermedad renal denominada “mesoamericana”, por estar ligada a factores climáticos.

Por su constante incidencia y prevalencia, la ERC es una preocupación creciente de salud pública, no solo por los costes de tratamiento, sino porque ocasiona pérdidas de fuerza laboral, lo cual, a su vez, impacta en la economía de hogares, así como en el ánimo de familiares de pacientes. Muchas de las personas con ERC viven en áreas rurales lejanas a centros asistenciales, una demanda de atención que se suma a los casos previos. Pero el desafío no es solo de nuestro país.

América Latina tiene una de las más altas tasas de aumento de ERC, con hasta 750 casos por cada millón de habitantes. Sin embargo, a escala global ya es también un flagelo que impacta en países pobres, pero también a naciones industrializadas. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó, el 9 de junio último, durante su 78 asamblea, una resolución sin precedentes: declaró la salud renal como prioridad en su agenda internacional, debido a su incidencia sanitaria, económica y social. Hasta un 10% de la población de la Tierra padece o está en riesgo de sufrir una ERC en algún grado.

Solo en el 2022, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportó haber atendido 63 mil casos de enfermedad renal, de los cuales 40 mil corresponden a hombres y 23 mil a mujeres. Muchos de ellos reciben tratamiento farmacológico para ralentizar el desarrollo, pero si persiste el deterioro o si el diagnóstico es tardío, el cuadro se convierte en crónico y ello requiere de diálisis ambulatoria o de conexión, durante cuatro a seis horas, a máquinas de hemodiálisis, las cuales efectúan un filtrado sanguíneo artificial. Cada vez se detectan más casos en pacientes jóvenes, incluidos niños, quienes ven alterada así su etapa de desarrollo al encontrarse privados de una actividad normal acorde a su edad.

El Ministerio de Salud reportaba, en febrero de este año, unos ocho mil 300 pacientes inscritos en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), cuyas instalaciones e infraestructura se vuelven cada vez más insuficientes. Es, literalmente, vital contemplar la expansión de servicios en zonas urbanas y rurales. Pero, sin duda alguna, es mucho mejor emprender una masiva campaña de educación nutricional y de autocuidado, con la meta de frenar los factores cotidianos que pueden convertirse en dependencia de una máquina para sobrevivir.