Este lunes la Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Publico (MP), comenzó a valorar los méritos de los 48 aspirantes con base en la tabla de gradación aprobada y modificada en febrero pasado. La jornada estuvo marcada por el intento de algunos comisionados para excluir del proceso a los jueces de carrera.

No todos compartieron la iniciativa, por el contrario, advirtieron que hacerlo sería modificar, de manera ilegal, la tabla de gradación aprobada y que ya se había aplicado a varios aspirantes.

La postuladora planificó para esta semana la calificación de los 48 expedientes, para que el 17 de abril se conforme la lista de seis candidatos para fiscal general. La nómina se entregará al presidente Bernardo Arévalo para que nombre al nuevo jefe del MP para el periodo 2026-2030.

Actualmente el MP está bajo la dirección de María Consuelo Porras, quien fue nombrada para un primer mandato por el presidente Jimmy Morales, y luego fue reelecta por el presidente, Alejandro Giammattei.

Consuelo Porras a pesar de mantener una enemistad pública con el presidente Arévalo busca su reelección para un tercer mandato. Presentó su expediente por medio de un mensajero y en total anonimato.

La comisión de postulación que preside Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entró en la recta final de su trabajo.

Paredes es relacionada con el grupo mayoritario de la CSJ que nombró de manera directa magistrados tras la creación de nuevas salas de apelaciones, también se le señala por mantener amistad con el diputado Allan Rodríguez, del partido Vamos.

La comisión de postulación se integra con la presidenta de la CSJ; las presidentas de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), y los 12 decanos de las facultades de derecho de las universidades del país. Las decisiones en la comisión se aprueban con el voto de diez de sus 15 integrantes.

La discusión

Hace algunas semanas el abogado Raúl Falla, de Fundación Contra el Terrorismo, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que cuestiona la aspiración de los jueces como candidatos a fiscal general.

La acción señala que el ejercicio de juez no equivale al ejercicio de la abogacía, por lo que no cumplirían uno de los requisitos indispensables para ser considerado como candidato a fiscal general.

Pese a que ese amparo no ha sido resuelto por la CC, el comisionado Luis Roberto Aragón Solé, decano de Universidad San Pablo, y secretario suplente de la comisión, abrió la discusión.

Algunos comisionados explicaron que tomar un criterio para valorar o no el ejercicio laboral de los jueces se traduciría a una “modificación ilegal” a la tabla de gradación, por lo que mostraron su rechazo.

#Urgente
Comisión de Postulación de Fiscal General busca excluir a los jueces de carrera al no querer valorar sus años de ejercicio profesional. El decano Luis Aragón de U. San Pablo sugiere votaciones, pero Pablo Maldonado de U. Istmo advierte que hacerlo sería ilegal. pic.twitter.com/MAGqci3I6w

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 13, 2026

Aragón trató de justificarse explicando que no buscaba alterar la herramienta de calificación, pero los comisionados demostraron desconfianza y se rehusaron a que el tema fuera sometido a votación.

Por momentos se apreciaba como Aragón y Paredes conversaban entre sí, sin utilizar los micrófonos y sin incluir al resto de los comisionados que estaban en la sesión.

Enseguida de esas conversaciones, Paredes sugería llamados a votación que fueron frenados por los comisionados que remarcaron que en esta fase del proceso ya no se podía alterar la tabla de gradación.

Finalmente, el tema no fue sometido a votación y los comisionados acordaron que al momento que se presente el caso de un juez, será el momento en que entren a hacer las valoraciones del caso.