El Ministerio de Economía (Mineco) clasificó como reservada durante siete años la información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, en el marco de un futuro “acuerdo de comercio recíproco”. Además, se contempla la posibilidad de ampliar el plazo cinco años más.

El sector privado avaló la reserva porque está en el marco de una exigencia diplomática de ese país, aunque cuestionó el plazo el cual considera amplio.

Con la resolución 000470, publicada ayer, el Mineco establece la reserva de la información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Aunque no menciona expresamente la palabra “aranceles”, el documento alude a un posible “acuerdo de comercio recíproco” (Agreement on Reciprocal Trade).

Avalan secretividad, pero por tiempo corto

El sector empresarial se pronunció acerca de declarar confidencial la información relacionada con las negociaciones que el Gobierno de Guatemala sostiene con autoridades de Estados Unidos, por los aranceles del 10% que este país impuso a productos guatemaltecos.

Charles Bland, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la Cámara del Agro (Camagro), comentó respecto del acuerdo de confidencialidad firmado por Guatemala y la reserva de información aprobada por el Gobierno que se trata de medidas comunes cuando se discuten asuntos diplomáticos o de seguridad nacional. Por lo tanto, no lo ven como algo extraordinario, sino como una práctica normal que permitirá que las discusiones avancen con mayor rapidez.

Considera importante que cada país sostenga sus negociaciones bajo cierta confidencialidad, al menos hasta que concluyan. Esto permite mayor libertad para plantear los puntos del país y expresar sus necesidades ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), agregó.

El sector privado tiene ahora expectativas sobre los anuncios que hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 1 de agosto, en cuanto a posibles cambios respecto de Guatemala.

En cuanto al plazo de siete años de reserva, Bland opina que es un período algo extenso, aunque podría tener como propósito garantizar que no se violen los acuerdos de confidencialidad. Dijo desconocer el motivo de dicho plazo, pero afirmó que, al concluir las negociaciones, la información debería liberarse.

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) respaldó la medida, según su director general, Amador Carballido.

El directivo señaló que la organización ya había advertido sobre la confidencialidad, y afirmó que el Ministerio tomó la decisión para evitar señalamientos sobre negociaciones “a espaldas” de la población.

“De no establecerse la reserva, quienes se opongan a algún aspecto de las conversaciones podrían filtrar o distorsionar la información, llegando incluso a inventar supuestos temas negociados”, resaltó Carballido.

Avance en discusión

Enrique Lacs, exministro de Economía y exnegociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, explicó que estas medidas son evolutivas: lo discutido en una reunión puede cambiar en otra, lo que justifica la reserva, pero, una vez alcanzados los acuerdos, no es necesario mantener el secreto.

Lacs agregó que si solo Estados Unidos modifica aranceles, será ese país el que lo anuncie, sin pasar por el Congreso de la República. Pero si Guatemala también modifica, deberá divulgarlo y ser ratificado por el Legislativo. “El Gobierno debe informar lo que negoció y sus resultados al concluir el proceso, no siete años después”, puntualizó.

Acuerdos similares

Según información de autoridades oficiales de cada país, así como medios de comunicación internacionales, han firmado acuerdos de confidencialidad con Estados Unidos para la negociación de aranceles y aspectos comerciales países como Filipinas, Chile, Argentina y Costa Rica.

En julio del 2025, el Gobierno de Filipinas reconoció que existe un acuerdo de confidencialidad con Estados Unidos para las negociaciones sobre tarifas.

Por aparte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile indicó que, entre el 28 y 31 de julio, una delegación de ese país sostendrá en Washington D.C. la segunda ronda de conversaciones presenciales con sus contrapartes de la USTR. Indicó que se acordó la firma de un acuerdo de confidencialidad y la definición de un cronograma de trabajo.

En mayo del 2025, Argentina inició su negociación para mitigar los aranceles, en un acuerdo de reserva o confidencialidad. Antes de dirigirse a Estados Unidos, en esa ocasión, el embajador Carlos María Kreckler y el resto de la comitiva firmaron un acuerdo de confidencialidad (NDA, en inglés) para preservar la información ante terceros.

En Costa Rica, aunque no hay información oficial divulgada por las autoridades al respecto, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria informó en junio último que ha participado en tres reuniones con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para abordar la negociación de los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos, pero que han sido solo de carácter informativo y que no les dieron detalles específicos sobre el contenido.

Antecedente

Confidencialidad por compra de vacunas

El 11 de enero del 2021, la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, explicó que se habían firmado cuatro acuerdos de confidencialidad para la adquisición de las vacunas contra el covid-19, entre octubre del 2020 y enero del 2021.

La entonces funcionaria dijo en esa oportunidad que se habían firmado algunos acuerdos de confidencialidad con el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se esperaba que los fármacos llegaran al país en febrero del 2021.

Los acuerdos de confidencialidad para adquirir estas vacunas incluyeron los de AstraZeneca, en octubre del 2020; el de Sputnik V y el de Pfizer, ambos en noviembre del 2020; y con Moderna, en enero del 2021.

Crítica˜

La que más se cuestionó fue la de las vacunas rusas Sputnik V, por lo que en marzo del 2021 se firmó un contrato para adquirir 16 millones de dosis de este biológico. Este fue firmado por Flores con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, en inglés).

Según información divulgada en abril del 2024, Flores se negaba a entregar a la Contraloría General de Cuentas la copia del contrato, alegando que rompería el convenio de confidencialidad.