Guatemala no destina ni el 1% del presupuesto público a la gestión de riesgos. Aunque la ejecución de este rubro avanza, los resultados aún no son claros. Mientras tanto, la falta de modernización de los sistemas de drenaje y desfogue seguirá provocando inundaciones cada vez más frecuentes, advierte un experto.

Si bien la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) es la entidad encargada de dirigir la gestión de riesgos y la respuesta ante desastres naturales, posee limitaciones presupuestarias y operativas. No obstante, otras entidades del Ejecutivo y algunas municipalidades cuentan con fondos específicos para esa tarea.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tiene asignados Q261 millones para gestión de riesgos, de los cuales ha ejecutado el 68%. Unidades como la Dirección General de Caminos, Conservación Vial, Construcción de Edificios del Estado y el Fondo Social de Solidaridad manejan dicho presupuesto.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) cuenta con Q304 millones, de los que ha utilizado el 61%. Por su parte, las municipalidades, por medio de los Consejos de Desarrollo, destinaron únicamente Q503 mil, los cuales ya se ejecutaron en su totalidad, según el portal de transparencia.

Plan nacional

Conred afirmó que está vigente el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, el cual vincula los programas y presupuestos institucionales con resultados estratégicos, aunque sin detallar acciones ni resultados concretos. La entidad aclaró que dicha iniciativa no es liderada específicamente por el presidente Bernardo Arévalo.

“La prioridad es que las instituciones gubernamentales, municipalidades, iniciativa privada, sociedad civil y academia incorporen la gestión de riesgo en sus políticas, planificación estratégica institucional y presupuestos”, aseguró la Conred.

Añadió que los ejes del plan son: gestión del conocimiento e información, gobernanza y participación ciudadana, inversión para la reducción de desastres, y preparación y respuesta ante desastres.

Conred ha destinado este año poco más de Q1 millón 200 mil a campañas de educación para la reducción de riesgos dirigidas a la población, de acuerdo con el portal Guatecompras. Se trata de pautas publicitarias en medios de comunicación locales y nacionales por la temporada de lluvias, la temporada ciclónica y la concienciación sobre el manejo de desechos.

Alcaldías sin coordinación

La entidad también asegura que 225 municipalidades están implementando estrategias de gestión de riesgo e invirtiendo en programas específicos para fortalecer la capacidad municipal.

Sin embargo, no todas las alcaldías cumplen con tener una Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred). Durante las emergencias ocasionadas por los fenómenos Eta e Iota, solo el 43% de las alcaldías contaban con una oficina encargada de estas tareas, y en algunos casos solo una persona asumía esa función.

Las Comred son responsables de identificar zonas de riesgo, formular planes de prevención, elaborar respuestas ante emergencias y asesorar a las autoridades ediles en la toma de decisiones.

Diálogo nacional

El doctor en ingeniería civil Sergio García, del Centro de Resiliencia ante Desastres Naturales de la Universidad de Maryland, exhorta a impulsar un diálogo nacional o una gran estrategia que permita la colaboración entre sectores para fortalecer la gestión de riesgos.

“Deben tener un análisis y conocimiento del riesgo a desastres. Hoy en día eso se hace más o menos en proyectos nuevos por parte de municipalidades y ministerios, pero en la revisión no se entiende el riesgo desde la probabilística y no se mide la frecuencia y magnitud de las lluvias”, indicó.

Explicó que eso provoca inundaciones más frecuentes porque la infraestructura está desactualizada, como el alcantarillado y los desfogues, los cuales no corresponden a las intensidades actuales de precipitación.

También subrayó la necesidad de romper con el paradigma de que los eventos naturales no se pueden predecir, ya que con estudios e infraestructura es posible monitorearlos hasta con 72 horas de anticipación en el caso de las lluvias.

“Las vulnerabilidades son muy grandes, pero podemos tener un cierto entendimiento de la frecuencia y magnitud de las amenazas naturales, y desde ahí decidir hasta qué punto se quiere invertir y qué pérdidas se pueden asumir”, sostuvo García.

Reconoció que las condiciones sociales también deben tomarse en cuenta para las acciones orientadas a la reducción de desastres. Añadió que una medida sería contar con supervisores gubernamentales capacitados en el día a día de las obras, para asesorar en la toma de decisiones del personal técnico en campo.