Nuestro país está llegando a un punto importante de desarrollo que otros países ya vivieron, lo cual les permitió hacer grandes inversiones en condiciones menos favorables a un ambiente de Estado con garantías republicanas. Lo que vemos hoy en Guatemala es un país con una población relativamente joven, pero con un bono demográfico importante.

Según las últimas cifras del bono demográfico (el porcentaje de la población entre 15 y 64 años) publicadas al año 2024 por parte del Banco Mundial, en Guatemala ya es del 64%, un porcentaje similar al de Países Bajos, pero debajo de Ecuador, donde ya el 67% de la población está en el bono demográfico, y arriba de países como Somalia, con un bono demográfico de 51%.

Ahora, al contrastarlo con el nivel de urbanización, Guatemala tiene solo 54% de la población urbana, en comparación con Países Bajos, donde ya el 93% de su población es urbana; Ecuador, 63%, y Somalia, 49% de su población.

El crecimiento urbano que va a seguir necesitando el país para poder crecer hace que sus niveles de inversión pública deban también aumentar, y un país que solo destina el 1.5% del PIB en inversión pública es un país que no está generando suficiente nivel de competencias para afrontar no solo el crecimiento poblacional, que Guatemala todavía va a tener; se estima que la población sea de 25 millones en el 2050 y siga creciendo hasta el año 2080. ¿Se imaginan un país con casi siete millones de personas más en 25 años? ¿Cómo serán nuestra área metropolitana y nuestras ciudades intermedias? Nuestros puertos, nuestras carreteras, el agua que consumimos, las escuelas, hospitales que necesitaremos, ¿cómo se las imagina?

El país debe preparase para afrontar no solo un incremento poblacional, sino también un mayor nivel de urbanización, que siguiendo los mismos patrones llegará a un 70% en los próximos 25 años, pero que desde ya debería ser un ejercicio que Segeplán debería estar preparando para actualizar la propuesta de desarrollo después del 2032, al siguiente Katún (siguiente período de 20 años en la cultura maya), al 2052. ¿Qué país nos imaginamos?
Para que las expectativas no sean de catástrofe y tristeza, nuestro país tiene que generar la gobernabilidad necesaria y quitar la discrecionalidad política en la inversión pública. Esto no significa que toda la inversión tenga que ser solo del Gobierno, sino que los mecanismos de inversión de activos públicos sean lo suficientemente robustos para incrementar la capacidad del país para promover más la inversión (tanto pública, como privada). Sin embargo, si la inversión pública no crece, es muy difícil que veamos crecimientos importantes en la inversión privada.

A finales del 2024, según el reporte del artículo IV del Fondo Monetario Internacional, nuestra inversión total fue 16.3% del PIB, muy baja en comparación a otros países de América Latina. La inversión pública fue 1.5% del PIB, muy por debajo al de países con una población similar a la de Guatemala, como Ecuador, que destina 5.3% del PIB en inversión pública. A eso debemos aspirar; tenemos que ser capaces de crear mecanismos de gobernabilidad, ampliando las alianzas público-privadas, fortaleciendo el servicio civil, para mejorar la inversión pública, así como también aprovechar nuestros recursos naturales.

No tenemos opción, o empezamos a planificar de mejor forma el desarrollo y a aumentar la inversión pública, o seguirá el caos de temas negativos que ya conocemos. El crecimiento de la inversión pública debe ser un desafío para todos.