La destrucción de nuestro sistema de justicia, provocada por aquellos que antepusieron sus intereses de impunidad al interés nacional, tiene muchas consecuencias y una de ellas, muy grave por cierto, está en la anarquía existente en el sistema de transporte público en el que tanto los pilotos como muchos de los dueños del transporte hacen lo que les da la gana. Ello se traduce en daños severos y hasta la muerte de muchos pasajeros, tal y como se relata en la nota publicada hoy sobre las patéticas condiciones que afectan a siete millones de usuarios de ese “servicio”.

No es simplemente el irrespeto a la ley que determina como obligatorio el seguro para todas las unidades que transportan pasajeros, sino la forma en que se opera y el evidente irrespeto hasta de las más elementales leyes de tránsito, generando así esa impresionante ola de accidentes que afectan a mucha gente. Icónico momento se vivió ayer cuando Lucy Ordóñez, representante de los transportistas, pidió a Fernando Suriano que no se impusieran multas por el reductor de la velocidad. De nada sirve que haya leyes si las mismas no se respetan y no hay autoridad que se encargue de obligar a su cumplimiento, so pena de severas sanciones para los infractores.

Cuando ocurre un percance vial que deja personas heridas generalmente (salvo casos contados), los responsables brillan por su ausencia y cuando aparecen o se les consulta sobre cómo buscar algún resarcimiento, simplemente se hacen los locos diciendo que ese no es asunto de ellos sino, en todo caso, de los tribunales, obligando a las víctimas a resignarse a sabiendas de que todo esfuerzo será vano y una absoluta pérdida de tiempo, pues vivimos en un país en el que mediante el pago de sobornos se resuelven muchos procesos judiciales.

Por ello es que insistimos, hasta el cansancio, en la necesidad de que los ciudadanos dejemos nuestra indiferencia frente al desastre provocado por quienes supieron manipular toda la institucionalidad para no solo abrir las puertas de par en par a la corrupción, sino garantizar que la justicia jamás persiga a los delincuentes que tienen cómo comprar a jueces o fiscales. Tarde o temprano esa indiferencia nos pasa factura porque, de una u otra manera, terminamos siendo víctimas de la anarquía y el desorden.

Justamente ahora, cuando se está llevando a cabo el proceso para la conformación de la Corte de Constitucionalidad y del Ministerio Público (además del Tribunal Supremo Electoral) nos estamos jugando mucho, ya que las mafias están moviendo cielo y tierra, hasta haciendo cabildeos, para garantizarse la impunidad que termina beneficiando a otros delincuentes, incluyendo narcotraficantes, pandilleros o pilotos irresponsables y dueños de buses que no cumplen con las normas.

Desde lo sencillo a lo complejo, todo el país sufre por la anarquía que alienta y tolera un sistema colapsado y por ello no podemos permanecer indiferentes ante los esfuerzos de aquellos que quieren consolidar el sistema.