Politiquería circense debe enfrentar consecuencias

Es evidente que ya hay varios aspirantes presidenciales, ya sea de viejas pretensiones o recién llegados a la pista, a quienes les importa un comino la Ley Electoral y menos aún las necesidades torales ciudadanas. En estos grotescos cortejos figuran diputados y alcaldes —también exdiputados y exalcaldes, así como noveles aprendices— cuya conducta politiquera es notoria. No hay propuestas serias: quieren embobar a la gente regalando palanganas, bolsas con tres víveres y papel de baño, dando el micrófono a teloneros procaces y, por supuesto, vistiendo indumentarias indígenas tradicionales o comiendo tortillas en los mercados.

Le apuestan a la perversa fórmula de pan y circo. Ya están en campaña y la invocación formalista del artículo de “proselitismo” de la norma electoral es otra mofa a la inteligencia ciudadana y, por lo tanto, al Tribunal Supremo Electoral, cuyos magistrados siguen impávidos el espectáculo desde los graderíos de tabla. En dicho órgano, dicen estar analizando 50, 100, 150 denuncias, pero no resuelven ninguna; al menos, no públicamente. Con un apercibimiento público sería bastante, pero continúan sin pronunciarse, y eso los hace cómplices.

¿Qué esperan? ¿O es tal laxitud parte del adeudo por los votos con que fueron electos en el Congreso? Ojalá no. Pero al decir que esas transgresiones deben enfrentar consecuencias, no solo hacemos alusión a las advertencias y sanciones legales por parte de las autoridades, sino, sobre todo, al veredicto que emite el ciudadano. Apuestan los politiqueros a que pueden engañarlo, fingir sonrisas, impostar la voz en discursos, comprar su voto con bagatelas, gorras, playeras y hasta alcancías en forma de animales. Pero no se dan cuenta de que, pese a su menosprecio, existe una ciudadanía crítica.

Después de tantos fiascos, es posible identificar el irrespeto de todos estos pájaros de cuentas que se recetan autoaumentos, crean voluminosos bolsones sucios de gasto, emiten leyes que le salen caras al país y que ponen en riesgo su economía, prosiguen el cortejo de grupos fácticos desfasados para, supuestamente, contar con su voto en los comicios. Pero esa fórmula ya lleva un cuarto de siglo demostrando sus perniciosos efectos de polarización, rezago y alto costo de oportunidad.

La única forma como los partidos, sus dirigencias y, por supuesto, sus delfines podrían recuperar alguna credibilidad es plantear un consenso serio acerca de las prioridades de Nación que se comprometen a impulsar, quede quien quede. Hace 23 años, a las puertas de las elecciones de 2003, existió un documento llamado Agenda Nacional Compartida, una hoja de ruta que firmaron 20 partidos de aquel entonces. Baste decir que hoy no queda ni uno solo de ellos, porque no cumplieron, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. Firmaron, pero por apariencia, por pretexto, por campaña.

Muchos de aquellos compromisos siguen pendientes: en educación, salud, desarrollo humano, nutrición, competitividad, infraestructura. Son áreas en las cuales la nueva agenda interpartidaria debería enfocarse. En otras palabras, no hace falta vociferar ofrecimientos, porque las necesidades ya se conocen, ya existen y siguen pendientes. Para ofrecer dinero están las loterías, pero la política seria no es una tómbola ni una piñata, y menos un circo virtual de excentricidades e histrionismos. Sin agenda nacional no vamos a ninguna parte, y si los políticos no se comprometen con un mínimo común de objetivos, deben ser sancionados con el voto. Y si fuera posible, por el TSE, por encontrarse en campaña adelantada.