El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retomará la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y se enfocará en delitos de corrupción que afecten los intereses del país. Esta decisión llega tras una pausa temporal ordenada por el presidente Donald Trump en febrero último, con el argumento de revisar el cumplimiento de la normativa.

Según un memorando firmado el 9 de junio por el fiscal adjunto Todd Blanche, las nuevas directrices buscan reducir las cargas regulatorias para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia concentrará sus esfuerzos en investigar a personas o empresas que tengan indicios claros de corrupción en los que se manejen sumas millonarias o exista obstrucción de la justicia con la finalidad de emitir sanciones severas .

Entre las prioridades del gobierno están los casos de sobornos vinculados con cárteles, organizaciones criminales transnacionales y funcionarios extranjeros. También se dará énfasis a las acciones que perjudiquen a empresas estadounidenses en los mercados internacionales o que representen riesgos para la seguridad nacional, especialmente en sectores clave como energía, defensa e inteligencia.

En febrero de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, emitió la orden ejecutiva 14209, con la cual suspendió temporalmente la aplicación de la FCPA. En dicha orden instruyó al Departamento de Justicia, por medio del fiscal general, a suspender por 180 días el inicio de cualquier nueva investigación o acción de cumplimiento bajo esa ley. Además, ordenó revisar de manera detallada las investigaciones o acciones en curso y emitir directrices o políticas actualizadas que rijan las investigaciones y la aplicación de esa legislación. La ley anticorrupción vigente en ese país prohíbe a los empresarios estadounidenses realizar pagos corruptos en otros países y busca promover la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.

Oportunidad

Para el analista Luis Fernando Andrade Falla, esta reactivación legal debe ser vista como una oportunidad para fortalecer el clima de inversión en la región. Según explicó, tanto el sector público como el privado deben ser conscientes de que la corrupción es uno de los principales obstáculos que ha limitado la llegada de capital extranjero. Casos emblemáticos como el de Odebrecht —mencionó— evidencian cómo estas prácticas pueden truncar el desarrollo de obras clave y generar consecuencias graves.

Andrade Falla aclaró que la FCPA aplica únicamente a empresas y ciudadanos estadounidenses, o a empresas extranjeras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Sin embargo, aunque no contempla sanciones directas a funcionarios de otros países, sí establece controles sobre las prácticas comerciales que podrían considerarse corruptas, como extorsiones, sobornos o demoras injustificadas impuestas a empresas estadounidenses que deseen invertir en el extranjero.

En ese sentido, el analista explicó que el gobierno de Estados Unidos se está involucrando más activamente para garantizar condiciones de inversión justas para sus empresas, frente a competidores como China, que operan bajo reglas distintas.

Según el analista, el mensaje de EE. UU. es claro: “Queremos invertir, pero en entornos transparentes y con seguridad jurídica”.

“El objetivo es que sus empresas no se vean obligadas a participar en prácticas irregulares para competir”, precisó.

Añadió que, a diferencia de otras políticas como la Ley Magnitsky, que sanciona a políticos o funcionarios corruptos, esta nueva etapa se enfoca más en facilitar la inversión privada estadounidense desde una óptica empresarial.

“No es tanto un enfoque político, sino económico”, dijo Falla al explicar que el gobierno de EE. UU. ahora prioriza el acompañamiento a sus empresas para que puedan participar en proyectos en la región sin caer en prácticas indebidas.

Alcance

El reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la reactivación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) podría tener consecuencias directas para funcionarios públicos guatemaltecos, especialmente en casos vinculados a sobornos y prácticas corruptas en operaciones internacionales, según advierte el analista en temas internacionales Luis Felipe Polo, quien explicó que esta legislación “sí tendría alcance sobre funcionarios guatemaltecos”, incluyendo a diputados que reciban pagos indebidos de empresas estadounidenses o incluso que intenten sobornar a funcionarios dentro del territorio norteamericano.

Según detalló Polo, la FCPA es una ley promulgada en 1977 por el Congreso de EE. UU., como respuesta a prácticas fraudulentas relacionadas principalmente con empresas que cotizan en la bolsa. Su objetivo fue, desde el inicio, prohibir que personas naturales o jurídicas de ese país ofrecieran o pagaran sobornos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales.

“Básicamente era dirigido para eso”, indicó el analista.

Incertidumbre

Polo destacó que, aunque el Departamento de Estado ha anunciado su reactivación, aún no está claro si la ley se aplicará con el mismo texto y criterios originales, o si se introducirán reformas.

“No sabemos bajo qué condiciones lo van a hacer, simplemente lo anunciaron, pero no está claro qué va a pasar”, puntualizó.

El analista considera improbable que se retome sin ajustes, dado que no tendría sentido suspenderla previamente solo para reinstaurarla sin modificaciones.

A pesar de esta incertidumbre, el experto calificó como positiva la intención de retomar la FCPA, al considerar que Estados Unidos ha jugado un rol clave en la promoción de la transparencia global.

“Esta es una ley necesaria porque sí hay un avance sobre la transparencia global”, afirmó, señalando que la intervención estadounidense ha sido crucial en la sanción de múltiples casos de corrupción en América Latina.

En su análisis, Luis Felipe Polo enfatizó que habrá que esperar para ver cuáles serán los nuevos objetivos del gobierno estadounidense con esta ley y qué implicaciones tendrá concretamente para países como Guatemala. Sin embargo, advirtió que su sola reactivación ya envía un mensaje político claro: el interés de Estados Unidos por seguir vigilando las prácticas empresariales y gubernamentales en el extranjero.