A una semana de que la Cámara Penal lleve a cabo la vista pública para decidir si el caso de Melisa Palacios sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo, Juan José Regalado, juez de Primera Instancia Penal de Turno de Chiquimula, emitió una resolución para excusarse de seguir conociendo el proceso penal contra María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas José Luis Marroquín Ovalle, señalados por la muerte de Palacios, el 5 de junio de 2021.

El Instituto de la Víctima y la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público fueron notificados de la decisión del juzgador el pasado 3 de junio.

“Él —juez Juan José Regalado— se excusa con fundamento en que se ha dudado de su imparcialidad, por sanidad del proceso y porque se ha pedido en otros momentos que se le aparte del proceso. Él considera que es prudente excusarse de seguir conociendo el caso”, comentó Juan Carlos Aquil, abogado del Instituto de la Víctima.

Agregó que serán los magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Chimaltenango quienes resuelvan.

Comentó que Anabella Chacón, madre de la víctima, había interpuesto una denuncia contra todos los jueces de Chiquimula por dudar de su imparcialidad.

Además, el Instituto de la Víctima presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, el cual buscaba separar a todos los togados de esa judicatura en el caso Melisa Palacios.

A criterio de la CSJ, las circunstancias del caso no ameritan un fallo a favor porque no concurre ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Traslado del caso a Juzgado de Mayor Riesgo

La Cámara Penal programó para el 9 de junio la vista pública para escuchar los argumentos sobre el traslado del expediente a un juzgado de alto impacto.

El motivo principal por el que el MP y el Instituto de la Víctima buscan que el caso de Melisa Palacios se discuta en un juzgado de alto impacto se debe a escenarios de “intimidación” que, aseguran, han sufrido las partes involucradas en el caso.

“El traslado del expediente lo estamos pidiendo a un Juzgado de Mayor Riesgo porque obedece a una de las causales que establece la ley en su artículo 2, por el peligro que podrían correr los jueces, fiscales, testigos o cualquiera de los sujetos procesales”, expuso Aquil.

Comentó que han llegado personas armadas en cada audiencia contra Bonilla y Marroquín.

“La PNC lamentablemente ni siquiera ha llegado a decirles por qué razón están ahí, ni con qué autorización portan armas de grueso calibre. Incluso, algunas personas llegan con el rostro cubierto”, explicó el abogado.

En un video se observa cómo al menos 25 agentes de la Policía Nacional Civil y 10 guardias élite del Sistema Penitenciario (SP) trasladan desde la cárcel de Zacapa al Juzgado de Chiquimula a María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle.

De acuerdo con las autoridades del SP, el esquema de seguridad que se brinda a Bonilla obedece a alertas emitidas por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y a una solicitud de la Fiscalía del Distrito de Zacapa del Ministerio Público, por posibles atentados contra la sindicada.

El caso de Melisa Palacios

El 3 de julio de 2021, Melisa Palacios abandonó su casa diciendo que iba al cumpleaños de un amigo, cuando en realidad se reunió con su amiga y principal acusada, María Fernanda Bonilla.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Palacios ingresó a un vehículo junto a Bonilla. Posteriormente, cámaras del sector captaron la ruta de los vehículos. La víctima iba con la misma ropa con la que horas después fue localizada sin vida, lo que aumenta las probabilidades de la posible participación de Bonilla en el crimen, según los fiscales.

Además de ese seguimiento, el MP cuenta con un testigo que proporcionó audios que reafirman la hipótesis de los fiscales. “Una testigo recibió un audio donde se escuchan varios reclamos que le hace María Fernanda a Melisa, quien suplica por su vida”.

Un juzgado resolvió, en 2021, el cambio de delito a favor de los presuntos responsables: a Bonilla le modificó el delito de asesinato por homicidio en estado de emoción violenta, y a Marroquín, por encubrimiento propio. Desde entonces, existe un pulso entre la defensa de los sindicados, jueces y el MP junto al Instituto de la Víctima, para llevar el caso a un Juzgado de Mayor Riesgo.