A diez días de que se hiciera pública la denuncia presentada contra el cantante español Julio Iglesias, se anunció este 23 de enero que la Fiscalía española archivó la denuncia presentada por dos exempleadas, quienes supuestamente habrían sido víctimas de abuso sexual y agresiones por parte del artista.

Se conoce que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por órdenes del Alto Tribunal de España, recibió las denuncias presentadas por una ONG en nombre de las supuestas víctimas. La decisión se conoció un día después de que el cantante español acusara al Ministerio Público de no permitir que su equipo legal accediera a la carpeta del caso, y días después de que se indicara que la entidad carecía de jurisdicción.

Según datos publicados por El País, el Ministerio Público de España abrió una investigación previa para determinar si tenía competencia para asumir el caso; dicha indagación concluyó que no era así.

El ente investigador remitió que existe falta de jurisdicción para continuar con el proceso relacionado con la denuncia de las exempleadas de Julio Iglesias.

Con esto, relata El País, se da por archivada la denuncia, según consta en una resolución firmada el 22 de enero. La decisión se fundamenta en que las propias denunciantes señalaron que los supuestos abusos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, por lo que España no tiene jurisdicción para investigar el caso.

Este argumento también fue parte del alegato que José Antonio Choclán, abogado del artista, presentó ante las autoridades españolas el 19 de enero. En ese momento, la defensa argumentó que las denunciantes no son españolas ni menores de edad, y que los hechos no ocurrieron en territorio español. Por tanto, consideró que la Fiscalía de la Audiencia Nacional carecía de jurisdicción para llevar la investigación.

Datos presentados por el medio español destacan: “La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente […] que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”, fue parte de la respuesta que dio la fiscalía al confirmar el archivo del caso.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, el hecho debe ser investigado en el lugar donde ocurrieron los supuestos delitos, en este caso, República Dominicana, ya que tanto las víctimas como el denunciado residen en ese país.

El pronunciamiento de la Fiscalía indicó que se procedería al archivo de las diligencias de investigación, ante la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por tanto, de competencia del Ministerio Público para continuar con el caso, según consta en un escrito de siete páginas.

*Con información del medio El País y la agencia EFE.