Una múltiple colisión en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, ocurrida el fin de semana, volvió a poner en el centro del debate la seguridad vial en Guatemala. El accidente dejó tres personas fallecidas y una herida, luego de que un camión de transporte pesado perdiera el control y colisionara contra varios vehículos.

El hecho ocurrió en medio de la discusión nacional sobre la implementación del Sistema de Limitadores de Velocidad (SLV) para el transporte pesado y colectivo, una medida contemplada en el Decreto 11-2017, reforma al Decreto 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

Presión de transportistas y amenaza de paro

Durante febrero, transportistas de carga y transporte pesado iniciaron una serie de presiones al Gobierno y advirtieron sobre un paro nacional a partir del 2 de marzo, fecha prevista para iniciar los operativos de control y sanción por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC.

El Ejecutivo, por medio del viceministro de Transporte, Fernando Suriano, mantuvo inicialmente la postura de no otorgar prórroga para la entrada en vigor del sistema.

Ante ello, representantes del sector acudieron al Congreso de la República para solicitar apoyo legislativo y postergar la implementación del SLV. Tras varias reuniones, algunos diputados plantearon incluso la posibilidad de derogar el decreto.

El 27 de febrero, el diputado Luis Aguirre informó que el tema sería analizado en la sesión plenaria del 2 de marzo, con el objetivo de evaluar alternativas que evitaran un paro del transporte.

Accidentes y víctimas siguen en aumento

Mientras el debate político continúa, las estadísticas de accidentes de tránsito muestran un incremento.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) indican que del 1 al 15 de marzo de 2026 se registraron 1 mil 980 hechos de tránsito, 532 fallecidos y 2 mil 070 lesionados.

En el mismo período de 2025 se contabilizaron 1 mil 644 accidentes, 496 fallecidos y 1 mil 810 lesionados.

Esto representa un aumento del 20.4% en accidentes, 7.3% en fallecidos y 14.4% en lesionados. Aunque la mayoría de los incidentes involucra motocicletas, los casos con transporte pesado y buses extraurbanos suelen provocar más víctimas por evento.

Congreso rechaza discutir la prórroga

Este 16 de marzo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, informó que recibió una solicitud de transportistas de pasajeros, Unitransajgua y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp), para ser escuchados en el pleno.

Sin embargo, la mayoría de jefes de bloque rechazó abrir el debate sobre una prórroga y recordó los recientes accidentes protagonizados por transporte pesado, incluido el ocurrido el fin de semana en la ruta hacia Escuintla, donde murieron varias personas.

Durante la discusión, algunos diputados plantearon que cualquier reforma futura debería ampliar las exigencias al transporte pesado, incluyendo informes técnicos sobre el estado mecánico de las unidades.

Un diputado del bloque VOS advirtió que ampliar el plazo implicaría asumir responsabilidad por futuras tragedias.

“Dar un año más de plazo significa que todas las muertes que ocurran en ese tiempo caerán sobre los hombros de los diputados que voten por esa ampliación”, afirmó.

También se discutió la necesidad de instalar básculas en carreteras para controlar la sobrecarga en camiones, así como revisar edad y capacidad de los conductores.

Costo del sistema y debate sobre seguridad

Algunos legisladores señalaron que el costo de instalar un limitador de velocidad oscila entre Q800 y Q5,000, una inversión que, según indicaron, no puede anteponerse a la seguridad de los usuarios de las carreteras.

Además, recordaron que varias empresas de transporte ya cuentan con estos dispositivos desde 2016, cuando comenzaron a prepararse para cumplir la normativa.

El diputado Inés Castillo afirmó que, aunque al inicio existió voluntad política para considerar una prórroga, las recientes tragedias cambiaron la postura. “Si se instala una mesa será para mejorar la normativa, pero ya no se aplazará”, señaló.

Por su parte, el diputado José Chic consideró irresponsable seguir retrasando la entrada en vigor de una ley aprobada hace casi una década.

Solicitud de transportistas queda sin apoyo

Al finalizar la sesión, no hubo mayoría para abrir el espacio solicitado por los transportistas. La petición será remitida a la Comisión de Comunicaciones del Congreso para su análisis.

Prensa Libre consultó al respecto con el presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó de forma categórica:

“El Congreso rechazó esa prórroga. No está ni en agenda, ya ni es motivo de discusión. Lo que se propuso antes, ya no está en discusión, los jefes de bloque quieren que el transporte cumpla con sus obligaciones”.

Al conocerse que el Congreso ya no respaldará una prórroga solicitada por los transportistas, Itiniel Ordoñez, representante de Conatep, explicó que el sector se declaró en asamblea permanente para evaluar la situación.

Ordoñez indicó que consultarán con las asociaciones agremiadas a nivel nacional para definir qué acciones tomarán ante la postura de los diputados de no apoyar la ampliación del plazo. Además, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp) confirmaron que mantienen una asamblea nacional para analizar las medidas que podría adoptar el gremio.