La tarde del domingo 8 de junio, un grupo de policías mexicanos cruzó la frontera en persecución de presuntos integrantes del cartel Chiapas-Guatemala. A continuación, se dio una escena digna de película de acción en la calle principal de La Mesilla, Huehuetenango, con el saldo de cuatro criminales abatidos a pocos metros de la aduana guatemalteca. Hoy casi todos llevamos una cámara en la mano. Esa ubicuidad permitió captar el enfrentamiento desde distintos ángulos. Sin embargo, esa cobertura amateur nos dejó a todos con más dudas que respuestas. ¿Qué realmente sucedió ese domingo en La Mesilla?

Más perturbador que la “intromisión extranjera” —que realmente fueron unos metros, tomando en cuenta que la mayoría de la acción se dio, literalmente, bajo la talanquera del lado guatemalteco— fue que los policías guatemaltecos, en lugar de atacar a los criminales, parecieron apoyarlos y defenderlos. De los soldados se argumenta que no participaron en la balacera y que prefirieron no hacer nada “para evitar más violencia”. En ambos casos, queda la duda de sus verdaderas motivaciones para no atacar a los criminales. La sospecha de contubernio no es nueva, pero ahora existen videos que parecen confirmarla.

El ministro de la Defensa intentó justificar la pasividad de sus tropas al afirmar que los soldados “privilegiaron la vida” de los habitantes. Esa excusa ignora que la función primordial de las fuerzas de seguridad consiste en proteger justamente esa vida, cuando la amenaza se presenta. Quedarse de brazos cruzados en el enfrentamiento, especialmente ante aquellos a los que supuestamente debe perseguir, y todavía más, tomando en cuenta que, antes que los policías mexicanos, estos irrumpieron en el país cruzando la frontera que los soldados deben defender, demuestra, al menos, falta de liderazgo. En el peor de los casos, evidencia complicidad.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no titubeó al acusar a las autoridades guatemaltecas de colusión. Y eso, viniendo de un correligionario del impulsor de la política de “abrazos y no balazos” —fue senador de Morena durante el gobierno de AMLO—, ya es mucho decir. Sus palabras, en todo caso, describen la realidad que muchos testimonios locales repiten: los narcos compran impunidad con la misma facilidad con la que compran fusiles.

El Estado guatemalteco debe responder con hechos, no con comunicados. Tanto los ministerios de Gobernación y Defensa como el Ministerio Público tienen la obligación de investigar a fondo el papel de cada policía y cada soldado que estuvo en La Mesilla. Deben citar a sus mandos, revisar sus patrimonios y procesar a quienes hayan prestado cobertura al cartel. También el Congreso debe exigir cuentas. Si los ministros no entregan un informe público, el Legislativo debe citarlos y, de ser necesario, interpelarlos.

Ahora, el ministro de Gobernación anunció el “Plan Mercurio” para “controlar” la frontera con México. El nombre suena rimbombante, pero falta que explique cómo funcionará. La frontera noroeste registra decenas de puntos ciegos donde circulan armas, drogas y personas. Mientras ese corredor funcione a la sombra de la corrupción, cualquier operativo será simplemente para taparle el ojo al macho: Mercurio blindará a los delincuentes, no a los ciudadanos.

Por nuestra parte, los ciudadanos debemos mantener la presión. No nos conformemos con operativos teatrales ni con excusas vacías. Exijamos resultados medibles: capturas y, sobre todo, condenas firmes. El incidente de La Mesilla reafirma mi convicción de que la guerra perdida contra las drogas es un grave error que no se debe seguir alimentando. ¿Permitiremos que esta complicidad siga pudriendo la frontera o exigiremos la rendición de cuentas ya?