Parece una redundancia, pero en realidad es un énfasis en la necesidad de discutir nuevas vías para calificar los méritos o los deméritos, las capacidades técnicas, la coherencia profesional y el talante ético de aspirantes a cargos. En realidad, lo redundante son los reprocesos, las lagunas legales, las extemporaneidades y medidas discrecionales de entes postuladores y también judiciales. Para la historia y también próximas discusiones revisionistas quedan fallos controversiales, lesivos para el Estado de derecho, por el solo hecho de privilegiar la exclusión, con lo cual atentan contra el principio de equidad, contra el derecho de elegir y ser electo, en detrimento de la exigencia de reconocida honorabilidad.

Hay que reconocer que este año tocó una confluencia atípica de nombramientos en importantes entes estatales: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público; no es menor la rectoría de la Universidad de San Carlos, que no logró despejar las dudas de su legitimidad y que aún tiene una decena de recursos legales pendientes de resolver. Para octubre queda la elección de nuevo contralor general de Cuentas, un cargo técnico que entrañará también convenencierismos politiqueros.

La fase de entrevistas presidenciales con aspirantes nominados por la postuladora de fiscal general está en marcha: la designación final depende del gobernante Bernardo Arévalo. Pero el proceso a cargo de la comisión estuvo marcado por las fidelidades, por no decir veleidades, de varios de sus integrantes, que a la vez dejan al descubierto los tornillos flojos del sistema de comisiones de postulación, que actualmente depende de universidades —cualquiera tiene boleto— y del gremio de abogados.

Este análisis y discusión se abre con el foro convocado por Fundesa y que convocó a representantes de organizaciones ciudadanas y académicas. Entre lo evaluado destacan cuatro áreas que hicieron más ruido: judicialización de procesos, debilidad institucional, baja visibilidad pública de las discusiones y la confluencia de elecciones a causa de los ciclos constitucionales de cada titularidad.

El más dudoso de estos aspectos fue la exclusión de profesionales afines del Colegio de Abogados, que se vieron vedados del voto en la designación de representantes para la postuladora. Hasta este año habían tenido participación ecuánime. El obvio intento era favorecer a ciertas planillas en contienda, pero ni así lo lograron. El propio evento de votación del Cang, en segunda vuelta, fue objeto de un aparatoso allanamiento del Ministerio Público, a causa de una supuesta denuncia de fraude.

La debilidad institucional también se evidencia en los procesos de transición. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral reportaron limitaciones en la transferencia de información y condiciones operativas al asumir funciones, así como decisiones de última hora de la anterior magistratura, las cuales deben ser revisadas.

En todo caso, es urgente la discusión acerca de una posible renovación del modelo de postuladoras, para atajar los resquicios por los cuales se cuelan tráficos de intereses. Asimismo, es necesario que cualquier acción judicial tenga plazos perentorios para ser presentada, pero también para ser resuelta. Denuncias anónimas o basadas en animadversiones deberían ser cuestionadas públicamente. Se debe reconocer que, con todo y los escollos, se ha cumplido con los plazos legales, pero eso no basta si se busca asegurar una mayor solidez institucional.