Guatemala reafirmó este martes 10 de marzo su respaldo a la nueva resolución sobre “Crimen organizado y derechos humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y rechazó los modelos de seguridad basados exclusivamente en la represión o en estados de excepción permanentes.

Durante el 195 período de sesiones, que se celebra del 9 al 13 de marzo en la capital guatemalteca, la embajadora de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Claudia Escobar, subrayó que el país ha optado por un “enfoque equilibrado” frente a amenazas como el narcotráfico y la extorsión.

Escobar enfatizó que las respuestas reactivas no desarticulan las estructuras criminales ni atienden las causas de fondo, como la exclusión y la desigualdad.

“Seguridad y derechos humanos deben avanzar juntos. Un enfoque transversal de derechos humanos fortalece la legitimidad y la eficacia de las políticas de seguridad”, afirmó la diplomática.

Asimismo, advirtió que los estados de emergencia no deben convertirse en una respuesta permanente a desafíos estructurales.

La postura guatemalteca se alinea con los 50 lineamientos presentados por el segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, quien destacó que la región concentra un tercio de los homicidios globales, pese a tener solo el 9% de la población mundial.

Caballero instó a los Estados a romper la “falsa dicotomía” entre eficacia policial y respeto a las garantías fundamentales.

Para desarticular la operatividad criminal y garantizar la viabilidad democrática, Escobar explicó que Guatemala apuesta por fortalecer la independencia judicial para evitar la cooptación del Estado y golpear el lavado de activos, con el fin de asfixiar financieramente a las bandas criminales.

Además, la estrategia prioriza la prevención social para frenar el reclutamiento de jóvenes y busca blindar a periodistas y operadores de justicia como una condición esencial para la democracia.

Finalmente, la embajadora hizo un llamado a la cooperación regional para combatir fenómenos transnacionales como el tráfico de armas y de personas, tras asegurar que ningún país puede enfrentar este desafío de forma aislada.

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